Podría parecer que la actividad educativa dista bastante
de las funciones tradicionales de los organismos electorales, a saber, preparar
y ocuparse de los requisitos logísticos que conllevan unas elecciones. Sin
embargo, se trata de una esfera que acapara cada vez más atención porque se
reconoce la existencia de un nexo directo: “Para que unas elecciones sean
democráticas y se desarrollen correctamente, los votantes deben entender sus
derechos y responsabilidades, y deben contar con la información y los conocimientos
necesarios para emitir votos que sean legalmente válidos y participar en el
proceso electoral de manera significativa”[i]. Estos desafíos y oportunidades
pueden agudizarse después de los conflictos. De hecho, no proporcionar la
información necesaria para que la participación en las elecciones sea plena y
oportuna, “podría constituir, por omisión, una limitación no razonable del
ejercicio de los derechos electorales conexos”[ii].
Al hablar de la educación en el contexto de los procesos
electorales, se ponen de relieve dos conceptos diferentes aunque estrechamente
relacionados. En primer lugar, existe la noción de “educación electoral” más
directamente relacionada con la información que los organismos de administración
electoral facilitan a los votantes acerca de los aspectos técnicos de unas
elecciones, como el modo de registrarse para votar o el de emitir el
voto. La “educación cívica”, por otra parte, puede entenderse como un
concepto más amplio que abarca la mejora del conocimiento del que dispone la
población sobre de las características y los principios relacionados con el
gobierno, por ejemplo el sistema político.
Con frecuencia, el propósito de las campañas de educación
cívica y de educación electoral no es puramente informativo, sino que también
se pretende incrementar la participación en las elecciones en general, y, más
concretamente, la concurrencia de votantes, mediante el estímulo y el incentivo
—no obstante, algunas leyes electorales
prohíben este objetivo de manera específica—. Es fundamental que las campañas de educación cívica y
de información a los votantes respeten los principios de objetividad,
transparencia, igualdad, pluralismo y neutralidad de las autoridades
electorales. Algunos ordenamientos jurídicos incluyen la prohibición explícita
de utilizar las campañas de información a los votantes y de educación cívica
para inclinar la balanza en favor de un candidato o partido político
específico. En un marco jurídico de tales características, una de las funciones
de los organismos de administración electoral es regular las campañas de información
y educación cívica que lleva a cabo el gobierno, con el fin de evitar la
parcialidad, y los actos que pudieran perjudicar el interés público o el
funcionamiento habitual de los servicios públicos.
Dado que la institucionalización y reglamentación de los
procesos electorales es cada vez mayor, la actividad de educación electoral
está adquiriendo prominencia entre los organismos electorales. Aunque los
programas de educación electoral se dirigen a todos los votantes, deberían
prestar especial atención a los grupos históricamente marginados o
desfavorecidos. “Es muy probable que cualquier medida especial no se considere
discriminatoria, ya que respaldaría el cumplimiento de la obligación del Estado
de garantizar los derechos de los grupos que sufren discriminación, o la han
sufrido en el pasado”[iii]. Asimismo, se suelen concentrar
esfuerzos en los grupos de baja participación, como los jóvenes.
A efectos de asegurar la participación libre de votantes
cualificados en elecciones auténticas, es fundamental contar con un programa de
educación electoral sólido. Esta iniciativa, no obstante, “es más eficaz cuando
se vincula con un programa de educación cívica que pone las elecciones en
contexto y proporciona a los votantes una explicación del propósito de las
elecciones, los aspectos que abarca y la importancia que tienen”[iv]. El sistema escolar es una de
las principales vías de educación cívica. La preparación de los jóvenes debe
comenzar antes de que alcancen la edad para votar con el fin de que entiendan
los conceptos que un día se plasmarán al ejercer su derecho de voto.
Informar y educar a los votantes implica, asimismo, una
participación electoral más amplia en los procesos electorales, pero la
participación de los votantes es un fenómeno complejo en el que entran en juego
numerosas variables, como recoge el informe del organismo electoral del Canadá
(Elections Canada) en el sitio web Canada’s Democracy Week 2012: “Los estudios
realizados en el Canadá, los Estados Unidos y Australia revelan que la
educación cívica repercute positivamente en los factores clave relacionados con
la participación electoral, como los conocimientos sobre política, el interés,
las actitudes, la participación cívica y la intención de voto”[v]. Así,
la educación en el marco de una cultura democrática se vuelve cada vez más
necesaria. Requiere el desarrollo de una cultura política en la que todos los
miembros de una comunidad, desde una edad temprana, conozcan y asimilen los
valores democráticos que los ciudadanos deben compartir y difundir. Por tanto,
las autoridades electorales deben desempeñar un papel significativo en la
educación, junto con las partes interesadas habituales, como la familia, los
colegios y los lugares de reunión.
A medida que los organismos electorales adoptan un papel
cada vez más activo en la educación electoral y cívica, es, sin duda,
importante que se proporcionen fondos suficientes con objeto de ofrecer una
programación adecuada que se mantenga a lo largo del tiempo. En algunas
jurisdicciones del Canadá, por ejemplo, se financia la educación electoral de
manera expresa mediante la disposición directa de la tesorería sin necesidad de
contar con un voto de habilitación. Sin embargo, siempre que existan
consideraciones presupuestarias, puede ser valioso complementar los esfuerzos
de los organismos electorales con el apoyo de iniciativas afines del ámbito
público y privado, los partidos políticos, y las organizaciones no
gubernamentales e internacionales que desempeñan un papel fundamental[vi]. Los órganos de administración deben, no obstante, tomar la iniciativa, ya
que son los únicos cualificados para brindar al votante información técnica,
creíble e imparcial de manera oportuna, según se requiera.
Otro modo de estimular la eficiencia en este ámbito es
divulgar las mejores prácticas y las lecciones extraídas. En este sentido,
se está llevando a cabo un destacable estudio de carácter transnacional acerca
de la educación cívica —Estudio sobre educación cívica (Civic
Education Study, CIVICED)—, bajo el auspicio
del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA
Internacional) y la Universidad de Montreal (Canadá), que se espera que
concluya en 2012. El estudio se basa en los cuestionarios completados por
especialistas en educación cívica de más de 35 países con objeto de recopilar
una base de datos que sirva como recurso para investigadores, encargados de la
formulación de políticas, educadores y académicos de todo el mundo[vii].
Los marcos jurídicos están reconociendo cada vez más el
papel que desempeñan los organismos de administración electoral en la educación
electoral. Las autoridades electorales no solo disponen de las competencias
técnicas para añadir valor a la educación electoral, sino que, además, tienen
la obligación inherente de contribuir a una iniciativa tan relevante que puede
terminar reflejándose en la participación política.
[i] Departamento de Asuntos Políticos de
las Naciones Unidas, Women &
Elections: Guide to Promoting the Participation of Women in Elections [Las
mujeres y las elecciones: Manual para promover la participación de las mujeres
en las elecciones] (Naciones Unidas, 2005), p.
56
[ii] Merloe, Patrick, Promoting Legal Frameworks for
Democratic Elections: An NDI Guide for Developing Election Laws and Law
Commentaries [Promoción de marcos jurídicos para las elecciones
democráticas: Una guía del NDI para la formulación del derecho electoral y comentarios
a la legislación] (Washington D. C.: National Democratic Institute for
International Affairs [NDI], 2008), p. 15
[iii] Democracy Reporting International (DRI) y el
Centro Carter. Strengthening
International Law to Support Democratic Governance and Genuine Elections [La
consolidación del derecho internacional en aras de la gobernabilidad
democrática y las elecciones genuinas] (Berlín [Alemania] y Atlanta, Georgia
[Estados Unidos], 2012), p. 39
[iv] ONU, Women
& Elections [La mujer y las elecciones], p.
60
[v] Elections Canada, The Impact of Civic Education on Voter Turnout [La repercusión de
la educación cívica en la participación electoral]. Disponible en el sitio web
de Canada’s Democracy Week 2012
[vi] ONU, Women
& Elections [La mujer y las elecciones], p. 59
[vii] Elections Canada, The Impact of Civic Education on Voter Turnout [La repercusión de
la educación cívica en la participación electoral]
