Las elecciones parlamentarias que se celebraron
en Egipto entre noviembre de 2011 y febrero de 2012 demuestran la importancia
esencial del marco jurídico en la realización de elecciones legítimas y en la
transición a la democracia. Las elecciones a la Cámara baja —la Asamblea
Popular— propiciaron asimismo la revisión judicial de la legislación electoral
y, a la larga, un marco de decisión al margen de las elecciones.
Tras una etapa marcada por las manifestaciones
populares, y después de la dimisión del presidente Hosni Mubarak el 11 de
febrero de 2011, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) se declaró a
sí mismo autoridad de transición y suspendió la Constitución. Se disolvió el
Parlamento y se convocaron elecciones para la Asamblea Popular y la Cámara alta
—el Consejo de la Shura—; las elecciones presidenciales tendrían lugar
posteriormente. También se previó la formación de una asamblea constituyente
responsable de redactar una nueva constitución.
De acuerdo con el sistema electoral establecido
por la ley relativa a la Asamblea Popular de octubre de 2011, esta debía
formarse mediante un sistema mixto según el cual dos terceras partes de los 498
escaños se elegirían a partir de un sistema de representación proporcional con
listas cerradas; el resto de los diputados se elegirían por medio de un sistema
mayoritario de dos miembros por circunscripción (escaños correspondientes a
candidatos independientes). Sin embargo, se autorizaba a los candidatos del
sistema de partidos a presentarse como candidatos independientes, de manera que
los candidatos de los partidos políticos tenían la posibilidad de optar a todos
los escaños del Parlamento, mientras que los candidatos independientes solo
podían aspirar a un tercio de los asientos parlamentarios[i].
Esa disposición provocaría finalmente que se anularan las elecciones a la
Asamblea Popular.
En su calidad de observador de las elecciones a
la Asamblea, el Centro Carter señaló que, a pesar de las deficiencias del marco
jurídico, las infracciones electorales y las debilidades en la administración,
“parece que los resultados son un reflejo fiel, en grandes líneas, de la
voluntad de los votantes”[ii]. Al mismo tiempo, sin embargo, las restricciones a
los candidatos independientes en relación con aquellos que cuentan con el apoyo
de los partidos dieron lugar a que tan solo el 15 por ciento de los escaños
independientes fueran ocupados por candidatos no afiliados a ningún partido[iii].
Las elecciones a la Asamblea Popular se
impugnaron ante los tribunales al considerarse inconstitucional que los
candidatos de los partidos pudieran optar a los escaños independientes, cuando
los candidatos independientes no podían aspirar a ocupar los escaños reservados
para los afiliados a los partidos. El 14 de junio de 2012, el Alto Tribunal
Constitucional invalidó las elecciones basándose en tres artículos
inconstitucionales de la ley electoral y en uno del decreto 123/2011. Según el
Tribunal, el principal motivo de inconstitucionalidad fue el carácter
discriminatorio de la ley, ya que permitía que los candidatos de los partidos
se presentaran a los escaños independientes, pero no que las agrupaciones de
candidatos independientes se presentaran a los escaños reservados para los
representantes de los partidos [iv].
A pesar de que la segunda vuelta de las
votaciones para elegir al presidente debía celebrarse unos días más tarde, el
CSFA aprobó un decreto por el que se disolvió la Asamblea. Tras su nombramiento
en junio de 2012, el 8 de julio el presidente Mohamed Morsi intentó sin éxito
reinstaurar la Asamblea de forma provisional mediante la anulación del decreto
inicial del CSFA. Esa decisión requería la celebración de nuevas elecciones
legislativas.
Posteriormente, en septiembre de 2012, el Alto
Tribunal Administrativo ratificó la decisión del Alto Tribunal Constitucional
referente a la disolución de la Asamblea, aunque el debate político sigue
abierto. Un asesor jurídico del Partido de la Libertad y la Justicia, que
contaba con una mayoría simple en la Asamblea Popular disuelta, describe la
sentencia como “una catástrofe histórica del Poder Judicial egipcio”; otros,
entre ellos el excandidato presidencial Amr Moussa, pidieron respeto para los
fallos judiciales[v].
Hay que destacar que la anulación de las
elecciones legislativas, una controversia con el presidente derivada de esa
decisión y la polémica en la esfera política han tenido cabida en un contexto
de transición. Ha sido posible, en gran parte, gracias a la labor de los
jueces, “y debido a la existencia en Egipto de tribunales consolidados y muy
respetados”[vi]. Estos también parecen decididos a hacer frente a
sus detractores, tal como hizo el Alto Tribunal Constitucional cuando denunció
“injerencias inadmisibles” en su trabajo e insistió en que todos los veredictos
del Tribunal se fundamentaban en la legitimidad constitucional, frente a
quienes denunciaban que obedecían a motivaciones políticas”[vii].
Cabe mencionar que las elecciones al Consejo de
la Shura también se están impugnando ante los tribunales, fundamentalmente por
las mismas disposiciones que se consideraron inconstitucionales en el caso de
las elecciones legislativas. Esta situación da pie a especulaciones: “Es de
esperar que el caso se resuelva de forma parecida al de las elecciones a la
Asamblea Popular”[viii]. Si la impugnación también sale adelante, será
necesario volver a celebrar elecciones a la Cámara alta.
La propia Asamblea Constituyente es objeto de
numerosas impugnaciones judiciales que ponen en duda su validez. En principio,
con arreglo a la Declaración Constitucional, la Asamblea Constituyente debe
concluir su borrador constitucional antes del 11 de diciembre de 2012, momento
a partir del cual, en un plazo de 15 días, se celebrará un referéndum. En
octubre de 2012, los recursos judiciales se remitieron al Alto Tribunal
Constitucional para que tome una decisión. El calendario de reforma
constitucional podría verse afectado, al igual que la fecha de las elecciones
parlamentarias.
En conjunto, el efecto de esas impugnaciones en
el marco jurídico es muy significativo:
Debido a estos
factores, sigue resultando difícil predecir con seguridad cómo se desarrollarán
las siguientes etapas de la transición en Egipto. No obstante,
independientemente de lo que depare el mañana para el proceso de redacción
constitucional, en un futuro no muy lejano habrá que revisar la ley relativa a
la Asamblea Popular, y es posible que entonces se retome la espinosa cuestión
del sistema electoral[ix].
La interpretación del marco jurídico por parte
del poder judicial sigue siendo fundamental, especialmente en el caso de
Egipto: “Con la nación cada vez más polarizada y la creciente desconfianza
entre los islamistas y los demás grupos, el Poder Judicial egipcio ha asumido
la función de árbitro final en la mayor parte de las controversias”[x].
El presente estudio de caso también hace hincapié
en la idea de que el marco jurídico no existe en el vacío, pues las revisiones
del sistema electoral “no se llevaron a cabo en un medio estático, sino en un
entorno en el que las funciones y las atribuciones de diversos agentes
políticos, gubernamentales y civiles se cuestionaron y redefinieron de manera
constante”[xi].
[i] Fundación
Internacional para Sistemas Electorales (IFES), “Elections in Egypt:
Implications of Recent Court Decisions on the Electoral Framework” [Las elecciones en Egipto: repercusión de
las últimas sentencias judiciales en el marco electoral] (Washington,
D. C.: documento informativo de la IFES, agosto de 2012), p. 3
[ii] Centro
Carter, Carter Center Election Witnessing Mission: Egypt 2011/2012
Parliamentary Elections. Preliminary Report on all Three Phases of The People’s
Assembly Elections [Misión de observación electoral del Centro Carter: Las
elecciones parlamentarias egipcias de 2011/2012. Informe preliminar sobre las tres fases de las
elecciones a la Asamblea Popular] (Atlanta, GA: News, Centro Carter, enero
de 2012), p. 1
[iii] IFES, “Elections in Egypt: Implications of
Recent Court Decisions on the Electoral Framework” [Las elecciones en Egipto: repercusión de las últimas sentencias
judiciales en el marco electoral], p. 3
[iv] Democracy
Reporting International (DRI), “What Electoral System for Egypt?” [¿Qué sistema electoral
para Egipto?] (Documento
informativo 32, DRI, octubre de 2012), p. 2
[v] Sitio
web de Egypt Independent.“Administrative court upholds ruling to dissolve
Parliament” [El Tribunal
Administrativo ratifica la disolución del Parlamento]. Traducción
editada del diario Al-Masry Al-Youm, 23 de septiembre de 2012
[iv] Centro
Carter, Carter Center Election Witnessing Mission: Egypt 2011/2012
Parliamentary Elections. Preliminary Report on all Three Phases of The People’s
Assembly Elections [Misión de observación electoral del Centro Carter: Las
elecciones parlamentarias egipcias de 2011/2012. Informe preliminar sobre las tres fases de las
elecciones a la Asamblea Popular], p. 15
[vii] Sitio web de noticias de MSN, “Egypt court
refuses reinstatement of dissolved lower house of parliament” [Los tribunales
de Egipto rechazan la reinstauración de la Cámara baja del Parlamento]. 23 de
septiembre de 2012
[viii] IFES, “Elections in Egypt: Implications of
Recent Court Decisions on the Electoral Framework” [Las elecciones en Egipto: repercusión de las últimas sentencias
judiciales en el marco electoral], p. 3
[ix] DRI, “What
Electoral System for Egypt?” [¿Qué sistema electoral para Egipto?], p. 1
[x] The Guardian, “Egypt constitution
decision referred to country's highest court” [La decisión sobre la Constitución egipcia se
remite al Tribunal Supremo del país]. 23 de octubre de 2012
[xi] IFES, “Elections in Egypt: Implications of
Recent Court Decisions on the Electoral Framework” [Las elecciones en Egipto: repercusión de las últimas sentencias
judiciales en el marco electoral], p. 10
