Las cuestiones más elementales que debemos plantearnos
son por qué es importante el marco jurídico para la celebración de elecciones
democráticas y qué significa exactamente el término “marco jurídico”. A la
primera cuestión se responde de manera convincente en una publicación del
National Democratic Institute for International Affairs (NDI) titulada Promoting Legal Frameworks for Democratic Elections (Promoción de marcos jurídicos para las elecciones democráticas):
Establecer las “reglas del juego”
electoral debe ser una preocupación de vital importancia para los partidos
políticos, los candidatos y los ciudadanos. Las elecciones democráticas sirven
para establecer una competencia justa y pacífica entre aquellos que aspiran a ejercer
poderes públicos como representantes del pueblo. Asimismo, constituyen un medio
a través del que la ciudadanía manifiesta libremente su voluntad y otorga
autoridad y legitimidad a sus representantes para tomar las riendas del
gobierno. Así pues, tanto los candidatos electorales —los partidos políticos y
sus candidatos— como el conjunto de la población— los ciudadanos y sus
colectivos— tienen un interés directo e inmediato en que las normas de la
contienda electoral, así como su aplicación, garanticen una verdadera elección
democrática[i].
En el ámbito electoral, el término “marco
jurídico” tiene un significado general y otro de carácter técnico. En términos
generales, puede considerarse que el marco jurídico es un conjunto de normas
constitucionales, leyes, reglamentos, jurisprudencia y disposiciones
administrativas que determinan el derecho de voto de los ciudadanos para elegir
a los cargos representativos. En un plano más técnico, el marco jurídico es
también un conjunto de técnicas procedimentales. Desde ese punto de vista, el
término comparte ambos significados; sin embargo, es recomendable elaborar una
definición de trabajo lo más amplia posible, a fin de facilitar una comprensión
más plena.
Existe la posibilidad de que el
marco jurídico se amplíe a través de reglamentos electorales que autoricen a
los ciudadanos a ejercer los poderes públicos (al hacer uso de los instrumentos
jurídicos para alcanzar objetivos legislativos, definir las políticas públicas
o destituir a un cargo público). Las elecciones no son el único camino para
elegir a los titulares de los cargos públicos (se efectúan nombramientos
legales y aleatorios, y se celebran elecciones en órganos colegiados, por
ejemplo en los consejos de administración de las empresas, que no se someten a
ninguna clase de ley electoral) ni se celebran exclusivamente con ese
propósito. De hecho, permiten que los ciudadanos acepten o rechacen proyectos
de ley, decisiones gubernamentales o resoluciones de las autoridades públicas
(para lo que se recurre a referéndums, litigios colectivos y procedimientos de
destitución).
[i]
Merloe, Patrick,
Promoting Legal Frameworks for Democratic
Elections: An NDI Guide for Developing Election Laws and Law Commentaries [Promoción
de marcos jurídicos para las elecciones democráticas: Una guía del NDI para la formulación
del derecho electoral y comentarios a la legislación] (Washington D. C.:
National Democratic Institute for International Affairs [NDI], 2008), p. 1
