Hay varias razones para regular el financiamiento político y para
determinar el enfoque de las regulaciones. Se pueden identificar al menos
cuatro motivos distintos: prevenir abusos; procurar una competencia política
justa y equitativa; brindarle capacidad de decisión a los electores y;
fortalecer a los partidos como actores democráticos efectivos.
La prevención de abusos, tanto financieros como al proceso electoral, es
la motivación principal de regulaciones como los límites a los montos de las
contribuciones o la prohibición de ciertas fuentes de financiamiento. Los
riesgos de corrupción política o de distorsión que el dinero puede provocar en
la política pueden tratar de limitarse a través de este tipo de medidas.
El fomento de una competencia política justa y las garantías de igualdad
en la competencia se pueden promover a través de la provisión de financiamiento
público a los partidos políticos, la práctica de acciones encaminadas a
promover la participación de grupos subrepresentados o la imposición de límites
a los gastos de campaña.
La legislación también puede fortalecer la capacidad de decisión de los
electores. La exigencia de revelar públicamente los ingresos y gastos de los
partidos le brinda a los electores la oportunidad de saber quiénes están
apoyando a los partidos y candidatos y así decidir qué fuentes de
financiamiento consideran aceptables y de ser el caso, emitir su voto de manera
consecuente.
Fortalecer a los partidos políticos es, con frecuencia, el objetivo más
difícil de alcanzar. Los países pueden fomentar partidos políticos fuertes y
democráticos con vínculos sólidos hacia sus miembros mediante el otorgamiento
de fondos compensatorios a las donaciones privadas, brindándoles financiamiento
adicional para tareas de capacitación y desarrollo y, en general, ofreciéndoles
un marco regulatorio que resulte coherente y funcional.
Las regulaciones sobre el financiamiento de partidos políticos y
candidatos son un tema en el que la previsión de medidas para asegurar su
cumplimiento resultan críticas para la credibilidad de los esfuerzos
emprendidos para controlar la corrupción política. Como regla general no se
debe aprobar ninguna legislación que no se pueda hacer cumplir. Es una práctica
recomendable formular leyes teniendo en mente su aplicación efectiva, así como
considerar las capacidades y recursos disponibles por parte del organismo
encargado de vigilar y hacer cumplir las leyes.
