Además de los requisitos que cada partido político puede imponer a las
personas para postularlas como candidatos, el marco legal también suele imponer
requisitos para las candidaturas en lo individual.
Los requisitos legales básicos para postularse como candidato suelen ser
aquellos que se aplican para ejercer el voto: ciudadanía, edad mínima y estar
en pleno goce de los derechos políticos y civiles. Si se impone algún requisito
adicional, es conveniente que sea razonable y objetivo. Para evitar que el
procedimiento de postulación sea utilizado de manera discrecional o
discriminatoria, es conveniente que los legisladores se aseguren de que los
requisitos queden reflejados en la ley de manera clara y precisa.
La fijación de ciertos requisitos legales para que una persona aspire a
una candidatura puede buscar algunos de los siguientes propósitos:
- Que cuenten con el apoyo de una organización o red bien constituida para
poder ser postulados por un partido político (este tipo de requisito tornaría
imposible la presentación de candidaturas independientes).
- Que cuenten con un determinado nivel de madurez. Se exige un mínimo de
edad superior al necesario para poder votar. Es usual que el mínimo de edad
varíe de acuerdo con el nivel del cargo; entre mayor sea el cargo al que se
aspire, mayor la edad requerida para presentarse como candidato.
- Lealtad o neutralidad con el país. Se exige que el candidato sea
ciudadano por nacimiento o que haya residido en el país (o, de ser el caso en
la demarcación electoral por la que desea postularse), por un lapso determinado
previo a la elección. Los candidatos pueden ser descalificados si han sido
sentenciados por traición. En algunos casos, la prueba de lealtad o compromiso
puede incluir el haber completado el servicio militar, especialmente en el caso
de los varones) o estar registrado como elector. En los países donde el voto es
obligatorio, también se puede exigir que la persona haya votado en las últimas
elecciones.
- Capacidad personal. Se exige un cierto nivel de educación, que domine el
idioma oficial y que se encuentre en buenas condiciones físicas.
- Evitar conflictos de interés. Se dispone que los candidatos no ocupen un
cargo en una compañía contratista del gobierno.
- Aptitud moral. Se descalifica a las personas que hayan sido sentenciadas
por cierto tipo de delitos como los relacionados con las elecciones, actos de
corrupción, o personas que estén en bancarrota.
- Capacidad para ejercer el cargo. Se descalifica a personas que estén
purgando una condena (aunque no necesariamente aquellos que simplemente estén
sujetos a un juicio penal).
- Compromiso con ciertas normas sociales como la democracia, el apoyo a la
coexistencia pacífica étnica y la competencia no violenta, entre otras.
No se puede perder de vista que cualquier requisito, especialmente
aquellos basados en los criterios de competencia, aptitud moral o adhesión a
ciertas normas sociales, puede ser utilizado de manera discrecional. Si los
políticos de oposición son sujetos a persecuciones extralegales, las demandas
penales pueden utilizarse para impedir que contiendan en una elección. En otros
casos, los requisitos pueden no alcanzar el efecto deseado. Cuando se exige un
cierto nivel de educación, normalmente se discrimina en contra de las mujeres
que no han tenido el mismo acceso a la educación formal que sus contrapartes
masculinas.
En general, la imposición de demasiados requisitos siempre plantea el riesgo
de conformar legislaturas o cargos públicos dominados por una élite poco
representativa.
