El financiamiento público se refiere a los fondos o recursos que el
Estado o el gobierno otorga a los partidos políticos y/o a los candidatos. Las
disposiciones legales normalmente establecen que los partidos y candidatos
tengan un acceso equitativo a los fondos públicos. En ocasiones, las reglas
relativas a la asignación del financiamiento público no se precisan en la ley,
e incluso aunque así sea pueden producirse usos indebidos (reales o percibidos)
de los recursos públicos por parte de los partidos o candidatos en el poder. El
marco legal se puede estructurar de tal forma que fomente la configuración y
sustentabilidad de un sistema multipartidista. La fiscalización permanente de
parte del organismo gubernamental responsable combinado con la vigilancia pública
(de la sociedad civil), mediante el ejercicio de esa competencia por las organizaciones
de la sociedad civil (OSC), puede contribuir a mejorar el monitoreo y la
completa divulgación del financiamiento recibido por el partido, de modo que
sea consistente con los principios de equidad y transparencia de dicho
financiamiento.15
El financiamiento público se puede dividir en directo e indirecto,
dependiendo de la forma en que se ponga al alcance de los partidos y
candidatos. El financiamiento público se refiere a una asignación monetaria,
usualmente a través de transferencias bancarias. El financiamiento público
indirecto se refiere a los recursos con un valor monetario que el gobierno le
provee a los partidos y candidatos.
Argumentos en contra del financiamiento público
Quienes se oponen al financiamiento público de partidos o candidatos a
menudo recurren a los siguientes argumentos:
- El financiamiento público incrementa la distancia entre las élites
políticas (líderes y candidatos) y los ciudadanos ordinarios (miembros, simpatizantes
y electores)
Cuando los partidos y candidatos no dependen de las contribuciones
monetarias (cuotas o donaciones) o del trabajo voluntario de sus miembros o
simpatizantes, es menos probable que los involucren en decisiones partidistas o
que les pidan su opinión sobre temas políticos.
- El financiamiento público preserva el status quo que mantiene a
los partidos y candidatos establecidos en el poder
Con frecuencia los fondos públicos se distribuyen entre los partidos
políticos y los candidatos representados en la legislatura nacional. Esto hace
más difícil que tengan representación nuevas fuerzas políticas. El marco legal
puede limitar esta influencia negativa disponiendo la asignación de fondos
especiales a los nuevos partidos políticos o candidatos.
- A través del financiamiento público los contribuyentes son obligados a
financiar a partidos y candidatos que no comparten sus opiniones
Muchos críticos consideran que los contribuyentes comunes no deben ser
forzados a apoyar, por medio de “las arcas públicas”, a partidos políticos y
candidatos por los que nunca votarían. Por el contrario, deben tener la
posibilidad de decidir si quieren y en qué momento aportar dinero a un partido
político o candidato.
- El financiamiento público a partidos políticos y candidatos priva de
recursos a las escuelas y hospitales para dárselo a políticos ricos
La decisión de otorgar financiamiento público a partidos y candidatos
suele ser impopular entre el público. Los recursos públicos son escasos y se
requieren para escuelas, hospitales, infraestructura y salarios de empleados.
Para mucha gente el uso de fondos públicos para financiar a partidos y
candidatos dista de ser una prioridad.
- Los partidos políticos y los candidatos son al mismo tiempo quienes
toman las decisiones y reciben los recursos
La decisión de asignar fondos públicos a partidos y candidatos la toma generalmente
la legislatura nacional, o en algunos casos el gobierno. Esto significa que los
partidos políticos y candidatos que reciben los fondos, son quienes toman la
decisión de que así sea.
- Se corre el riesgo de que los partidos políticos se conviertan más en
órganos del Estado que en parte de la sociedad civil
Si una parte sustancial de los ingresos de un partido proviene
directamente del Estado y no de contribuciones voluntarias, se corre el riesgo
de que los partidos políticos pierdan su independencia y se conviertan en
órganos del Estado, perdiendo así sus vínculos con la sociedad civil.
Argumentos a favor del financiamiento público
La mayoría de los países del mundo conceden algún tipo de financiamiento
público a los partidos políticos y/o los candidatos. Tan convincentes como los
argumentos en contra hay también una buena cantidad a favor de ello.
- El financiamiento público es un costo natural y necesario de la
democracia
Los partidos políticos y los candidatos necesitan dinero para sus
campañas electorales, para mantener relaciones con el electorado, para preparar
decisiones sobre políticas públicas y para pagarle a sus cuadros. Si un país
tiene el objetivo de tener partidos políticos o candidatos independientes y
estables, por lo regular se argumenta que también necesitan recibir apoyo para
pagar por ellos.
- El financiamiento público puede limitar la influencia de fuentes de
financiamiento con intereses particulares y, por consiguiente, ayudar a
combatir la corrupción
Si los partidos políticos reciben al menos un monto básico de recursos
del erario público, puede limitarse potencialmente la probabilidad de que los
partidos acepten financiamiento de contribuyentes con intereses particulares
que quieren influir en sus políticas, en su discurso o en su comportamiento en
la legislatura.
- Al proveer de financiamiento público, el Estado puede fomentar o exigir
cambios en asuntos como las cuotas de género
De la misma forma en que las contribuciones privadas pueden implicar
demandas relacionadas con el comportamiento de los partidos o candidatos, el
Estado puede utilizar la asignación de fondos públicos para garantizar
condiciones de equidad en la competencia y fomentar (o forzar) que los partidos
políticos lleven a cabo reformas, celebren elecciones internas o establezcan
cuotas de género o de minorías para la postulación de candidatos.
- El financiamiento público puede incrementar la transparencia en las
finanzas de los partidos y candidatos y ayudar a combatir la corrupción
Si los partidos políticos reciben una parte sustancial de los ingresos a
través del financiamiento público, es más fácil exigirles que rindan cuentas
sobre sus ingresos y gastos. Si sus informes financieros se hacen públicos, los
electores tienen la posibilidad de elegir cuáles fuentes de financiamiento les
parecen más aceptables y contar con mejores oportunidades de exigir que los
políticos rindan cuentas.
- Si los partidos y candidatos sólo se financian con fondos privados, las
desigualdades económicas presentes en la sociedad se pueden traducir en desigualdades
políticas en el gobierno
En muchos países, las bases de apoyo de partidos políticos y candidatos
se dividen por estratos socioeconómicos. Las bases de apoyo de los partidos
laboristas suelen ser, por ejemplo, menos adineradas que las de otros partidos.
Si los partidos reciben todos sus ingresos de fuentes privadas existe el riesgo
de que las diferencias socioeconómicas que existen en la sociedad (generalmente
aceptadas), se traduzcan en diferencias de representación y acceso en el poder
político (generalmente no aceptadas).
- Los partidos políticos y los candidatos necesitan ayuda para hacer
frente a los costos crecientes de las campañas
La política y las campañas políticas son negocios cada vez más costosos.
Los partidos políticos y candidatos solían depender en gran medida del trabajo
voluntario para realizar proselitismo casa por casa, ahora necesitan pagar
publicidad costosa en medios impresos, o comprar tiempos en radio y televisión
para hacer llegar sus mensajes al electorado. Los costos de mantenimiento de
los partidos políticos también se han incrementado significativamente en los
últimos años.
- En sociedades con altos niveles de pobreza, no se puede esperar que los
ciudadanos comunes contribuyan mucho al sostenimiento de los partidos políticos
En sociedades donde una gran cantidad de ciudadanos viven en condiciones
de pobreza, no se puede esperar que hagan grandes contribuciones al
financiamiento de partidos o candidatos. Si los partidos y candidatos reciben
al menos un monto básico de recursos del Estado, el país puede tener un sistema
multipartidista funcional sin que la población tenga que aportar sus escasos
recursos.
