En una democracia, todos los ciudadanos adultos deben ser
elegibles para participar en las elecciones. Esto significa que los requisitos
deben ser lo suficientemente amplios para que todos o virtualmente todos los
adultos residentes que cuenten con la ciudadanía se puedan registrar para
votar. No debe haber ningún tipo de exclusión sistemática de algún grupo –ya
sea de mujeres, personas con discapacidad física, miembros de alguna minoría
étnica o lingüística, personas de escasos recursos económicos o sin domicilio,
o residentes de áreas remotas.
Las reglas de la elegibilidad se centran en la edad, la ciudadanía
y la residencia. Los requisitos exactos varían de una democracia a otra.
Por ejemplo, todas las democracias representativas limitan el voto
a la población adulta. Pero difieren en la definición de la edad en la cual una
persona alcanza la adultez, aunque el rango generalmente es muy pequeño pues
casi siempre se establece entre los 18 y 21 años. En la mayoría de las
democracias, los adultos jóvenes (entre los 18 y 30 años) tienden a
participar menos en cuestiones electorales que sus mayores. En las dos últimas
décadas, varias de las democracias industrialmente avanzadas han tenido una
declinación aguda en la participación electoral de los jóvenes. Estos países
han respondido con iniciativas de registro y educación electoral dirigidas
hacia los ciudadanos jóvenes.
Históricamente el requisito de ciudadanía ha permitido que sólo
voten aquellos adultos que pueden demostrar que son ciudadanos residentes
en el país en el que se lleva a cabo la elección. Algunos países han llegado a
ser más flexibles en este requisito, al permitir a nacionales extranjeros votar
en las elecciones locales y nacionales si estos cumplen con ciertas condiciones
básicas de residencia. Algunos países restringen el voto a las personas que
tienen su domicilio en el distrito electoral y han permanecido allí durante un
mínimo de tiempo; otros permiten que voten y se registren sus nacionales
viviendo en el extranjero por un tiempo limitado.
En circunstancias posteriores a un conflicto, es cada vez más
usual que se extienda el derecho de registrarse y votar a nacionales
viviendo en el extranjero. Esta práctica puede requerir de la participación de
autoridades electorales en el extranjero: quienes pueden ayudar en el registro
y la votación de dichos electores, o monitorear los acuerdos necesarios para
asegurar que las elecciones sean justas y efectivas.
Por lo general, son las legislaciones o la constitución de los países
las que fijan requisitos de elegibilidad para los electores, no
los funcionarios electorales. La tarea de los funcionarios es aplicar las
reglas o políticas que se han fijado.
