Por lo general, enlistarse en el registro electoral es un
requisito para votar. En este caso, los ciudadanos deben estar registrados para
poder expresar sus puntos de vista en los procesos democráticos. Las
autoridades electorales suelen conducir campañas orientadas al registro de los
grupos de población con bajas probabilidades de participar en las elecciones,
tales como los jóvenes, las mujeres, las personas de bajos recursos y las
minorías étnicas. Esta práctica plantea una interrogante: ¿la autoridad
electoral es responsable de asegurar que la participación electoral sea alta o
de minimizar las diferencias entre las tasas de participación de los diferentes
grupos de la población? o bien ¿debería ser responsabilidad de los activistas
de los partidos políticos promover el voto el día de las elecciones?
Los administradores electorales tienen distintos puntos de vista
sobre este tema. Para algunos, asegurar una alta participación es una sus
principales responsabilidades. De lo anterior se deriva el imperativo de
promover que se incluyan tantas personas como sea posible en la lista de
electores y que éstas sean ampliamente representativas de la población en su
conjunto. Es muy probable que los administradores electorales que tienen este
punto de vista lleven a cabo iniciativas de registro electoral orientadas a
ciertos grupos y desarrollen programas de educación al votante con la intención
de incrementar la conciencia y participación política de todos los miembros de
la comunidad.
Un punto de vista opuesto es que los administradores electorales
deben brindar a todos la oportunidad de participar pero sin presionar a nadie
para que tome esa oportunidad. En otras palabras, el papel de la autoridad
electoral consiste en, simplemente, ofrecer igualdad de oportunidades a todos
los electores, dirigir sus mensajes a todo el público y asegurar que el sistema
sea accesible para todos. Los promotores de esta perspectiva frecuentemente
hacen notar que los administradores electorales son actores no partidistas y
que deben ser percibidos como imparciales. Es posible que una campaña de
registro dirigida a ciertos grupos, o un esfuerzo para incrementar la
participación de algún tipo de personas pero no de todos los electores, puede
tener el efecto de favorecer a algún partido más que a otros. De ser el caso,
cualquier iniciativa de este tipo pone en peligro la independencia política de
la autoridad electoral. Muchas autoridades electorales se enfocan en todos los
electores, pero también realizan esfuerzos especiales para alentar a aquellos
que no son de fácil acceso o de registrar a que lo hagan.
Este es un tema polémico y no hay una respuesta correcta para
todos los administradores electorales en distintas circunstancias. Siempre que
sea posible, es útil codificar los principios bajo los cuales debe operar una
autoridad electoral un cambio en su liderazgo no derive en un cambio dramático
de sus actividades.
