Registro voluntario
El registro voluntario se basa en el principio de que votar es un
derecho de los ciudadanos, y que los electores pueden escoger entre registrarse
o no.
Es inevitable que algunos electores elijan no registrarse, de este
modo se privan efectivamente a si mismos de su derecho al voto. Si hay una distribución
aleatoria de la probabilidad de registrarse para votar –esto es, si cualquier
tipo de ciudadano se registra en igual proporción, sean hombres o mujeres,
jóvenes o viejos, de comunidades urbanas o rurales, ricos o pobres, analfabetas
o no, y así sucesivamente- la conclusión es que el registro voluntario no tiene
impacto en los resultados de una elección o en la selección de representantes y
gobiernos.
Sin embargo, en muchas democracias se advierten diferencias entre
quienes deciden registrarse y quienes no. Por ejemplo, es más probable que los
hombres participen más que las mujeres, aunque la brecha entre ellos ha
disminuido en varios países a partir de la generación pasada. Es probable que
los jóvenes no se registran tanto como las personas de mediana edad y más
grandes. Por lo general, los electores que viven en zonas urbanas se registran
en mayores proporciones que los que viven en zonas rurales. Las personas con
mayores recursos se registran más que las que carecen de ellos, y finalmente la
gente con estudios participa más que la gente no letrada.
Si aquellos que más participan tienen valores, actitudes o
preferencias políticas diferentes de aquellos que participan menos, el registro
y la participación voluntaria tendrán un mayor impacto en el resultado
electoral, favoreciendo las tendencias de las personas con mayor probabilidad
de registrarse y participar. Si la población que se registra para votar muestra
sistemáticamente una tendencia o carece de representatividad sobre la población
en su conjunto, los resultados de las elecciones pueden carecer de legitimidad.
Registro obligatorio o cuasi-obligatorio
El registro obligatorio o cuasi-obligatorio está basado en el
principio de que votar en una democracia no es sólo un derecho sino una responsabilidad
de los ciudadanos. No registrarse y votar es una falta al cumplimiento del
deber.
Si el voto es obligatorio, como en Australia, el registro también
lo es, aunque puede no estar legalmente impuesto. En los países donde el voto
es obligatorio siempre hay mayor participación electoral que en los países
donde el voto es voluntario. Además, si el voto es obligatorio, la autoridad
electoral tiene una mayor responsabilidad para facilitar a los individuos el
registro y el voto.
En los casos en que el Estado toma la responsabilidad de iniciar
el proceso de registro electoral –por ejemplo mediante visitas a domicilio o
por medio de un registro civil obligatorio- el registro está muy cerca de ser
obligatorio. Por ejemplo un ciudadano puede negarse a contestar las preguntas
de los registradores, pero la solicitud oficial de información del registrador
puede constituir una mayor presión o incentivo para responder y registrarse. En
países donde el registro electoral se basa en el registro civil, los ciudadanos
tienen, por lo general, la obligación legal para reportar cambios de su
información personal a la autoridad civil. De este modo, la lista de electores
está basada en información del registro civil y esto se puede ver como un
registro obligatorio de facto.
El registro obligatorio provee una lista mucho más completa de los
electores que cumplen con todos los requisitos para votar y permite una
evaluación más precisa sobre la proporción de los electores que participan en
una elección. La medida real de los votos emitidos en una elección es el número
de personas que votaron en relación con la población en edad para votar, esta proporción
puede indicar lo eficaz que puede ser un programa de registro electoral.
En un sistema de registro electoral obligatorio, los ciudadanos
son plenamente conscientes de que el voto es un deber y responsabilidad cívica.
En un sistema de registro y voto obligatorio cada ciudadano tiene la obligación
de votar por si mismo y por la comunidad en su conjunto. En otras palabras, los
ciudadanos tienen la obligación de votar por la salud del sistema democrático,
y no sólo por la oportunidad de que sus preferencias personales se vean
representadas.
