La identificación de los electores es el proceso a través del cual
se verifica que los potenciales electores satisfacen los requisitos de
elegibilidad y se capturan sus nombres y otra información sustancial en la
lista de electores. Es indispensable que este proceso sea justo, integral e
inclusivo. Esto requiere medidas efectivas para asegurar que los electores
potenciales conozcan el proceso de registro y tengan una oportunidad razonable
para llevarlo a cabo. Una de esas medidas es incentivar campañas de educación
al votante. La educación al votante enfatiza la importancia del registro,
explica sus responsabilidades y provee de información sobre cómo registrarse.
¿Quién es responsable –los ciudadanos o el Estado?
Cada sistema puede variar sus métodos de registro y asignar
responsabilidades diferenciadas a los funcionarios electorales y a los
ciudadanos. Algunas veces la responsabilidad recae básicamente de los
ciudadanos, quienes deben iniciar el proceso contactando a la administración
electoral. Por ejemplo, pueden tener que completar un formulario en un centro
de registro, llenar un formulario obtenido a través de la página oficial en
Internet de la autoridad electoral o, (en un país con registro civil) llenar
una forma de cambio de información en el registro y presentarlo ante la
dependencia de gobierno correspondiente. En otros casos, son los funcionarios
electorales los responsables de contactar a los electores potenciales; para
ello por lo general reúnen la información del registro mediante visitas
realizadas a domicilio, ya sea en todo el territorio o en áreas especialmente
identificadas. Otros métodos se basan en el intercambio de información entre la
autoridad electoral y otras dependencias de gobierno, tales como la oficina
postal o las dependencias encargadas de las cuestiones de vivienda. Cuando se
notifica algún cambio en la información de un ciudadano, la autoridad electoral
puede enviar material del registro electoral a esa persona para verificar el
cambio.
En la práctica, los ciudadanos y el Estado comparten a
menudo la responsabilidad para iniciar el contacto. En México, por
ejemplo, que cuenta con una lista permanente de electores, la autoridad
electoral asegura un registro accesible al establecer una gran cantidad de
centros de registro, incluyendo unidades móviles. Aun así, los ciudadanos
tienen que visitar los sitios de registro e iniciar formalmente el trámite.
Cuando los electores inician el registro, la experiencia ha
demostrado que el brindar las mayores facilidades posibles puede incrementar
significativamente la participación. En última instancia, es una cuestión de
acceso: ¿qué tan responsable es el Estado de facilitar el registro a los
ciudadanos sin demasiadas dificultades? La respuesta es que el Estado debe
asumir una gran responsabilidad para asegurar que el registro no constituya una
barrera administrativa que dificulte a los ciudadanos participar en unas
elecciones democráticas. En todo esto, también hay que considerar que por lo
general los costos son un factor que determina el nivel de
cobertura del registro electoral.
Costo e integridad – Un equilibrio
Las personas encargadas de tomar las decisiones que se esfuerzan
por lograr un proceso de registro integral necesitan sopesar esta meta a la luz
de sus costos globales. Desarrollar una lista electoral tiende a ser más
económico cuando una gran parte de la responsabilidad del registro recae en los
electores. En estas circunstancias, el papel de los funcionarios electorales es
asegurar que los electores conozcan los requisitos del registro y el
procedimiento que deben seguir para hacerlo. Los funcionarios pueden decidir no
asumir ninguna responsabilidad para identificar a los electores
potenciales que no se registren por propia iniciativa.
Esta forma de llevar a cabo un registro electoral da lugar a que
la lista de electores que se integra sea menos completa que aquella que se
compila a través de iniciativas estatales. Además, hay que tomar en cuenta que
existen grupos de ciudadanos que tienden a identificarse menos como potenciales
electores y registrarse. Por ejemplo, los jóvenes, los ancianos y las personas
con discapacidad física, las personas de escasos recursos o no letradas, y los
residentes de áreas rurales donde la transportación es un problema.
