No tiene mucho sentido celebrar elecciones que son operacionalmente muy costosas, si los resultados van a ser cuestionados El OE debe estar seguro de que puede garantizar la legitimidad de los procesos de los cuales es responsable. Esto puede hacerse si la administración de la elección está basada en ciertos principios guía básicos y fundamentales; independencia, imparcialidad, integridad, transparencia, eficiencia, y orientación de servicio. Estos principios conforman la base de la administración electoral y son esenciales para asegurar tanto la percepción como la efectiva integridad del proceso electoral. Estos principios no han salido de la nada; por el contrario, han emergido de un contexto de estándares y normas electorales internacionales y están sustentados en marcos legales y buenas prácticas basados en innovaciones nacionales y globales. Es conveniente considerar a los principios guía como el marco ético para la conducción de las elecciones y para la operación de los OE. Estos principios son una guía para hacer frente a las necesidades de la administración electoral.
Independencia
La independencia del organismo electoral es uno de los aspectos más acaloradamente discutidos en la administración electoral, aún cuando no existe una visión clara y aceptada unánimemente de lo que realmente significa la independencia del organismo electoral. Esto se debe en parte a que el término “independiente” abarca dos conceptos distintos: el de su independencia estructural del gobierno (el modelo independiente de OE) y el que se refiere al desempeño “categóricamente independiente” que se espera por parte de todos los modelos de OE, en el sentido de que sus decisiones no se plieguen ante posibles influencias gubernamentales, políticas o partidistas. Estos dos aspectos son distintos, uno es formal y el otro es normativo; sin embargo, son conceptos que están muy vinculados pues un OE independiente es considerado en muchas partes del mundo como el modelo más viable para garantizar la independencia de decisión y acción de los organismos que administran las elecciones.
Es de vital importancia para el proceso electoral de un país, que la administración de las elecciones se perciba independiente de todos los partidos y del gobierno. Si el OE no goza de esta confianza, el proceso electoral en conjunto y sus resultados pueden ser cuestionados. Por razones naturales, un OE no puede ser independiente en todos los sentidos; en muchos casos, el financiamiento del OE y el nombramiento de su personal más importante dependen directamente de la legislatura, pero es esencial que el OE al menos esté estructurado para protegerse de influencias políticas. En muchos casos, tanto una cultura de independencia como el compromiso de los miembros del OE para tomar decisiones independientes son más importantes que una independencia estructural formal.
La independencia institucional o estructural únicamente puede basarse en la Constitución o en la ley. La forma más simple para promover la independencia de acción y decisión en un OE es crear un marco jurídico en donde quede asentada la independencia del OE, tal y como se establece en la constitución y las principales leyes relacionadas con el OE de muchos países. Esto puede o no ser posible, dependiendo del modelo de OE, aunque a menudo resulta insuficiente solamente querer y respetar la independencia de un OE sin adoptar medidas adicionales para salvaguardar la independencia en situaciones críticas.
Es importante un fuerte liderazgo para mantener la independencia de acción de un OE. Por ejemplo, en algunos OE se puede nombrar como Presidente a un miembro de la rama judicial. Este vínculo puede provocar que sea menos probable una interferencia indebida del gobierno o de los partidos de oposición en las operaciones del OE. Sin embargo, esta medida no sería apropiada cuando la rama judicial no es considerada imparcial o libre de corrupción, o no hay suficiente personal para evitar conflictos de intereses en los asuntos electorales que llegan a los tribunales. Alternativamente, el nombramiento de una respetada figura pública, una persona que se distingue por no tener filiación política, puede ser otra manera para avanzar en la búsqueda de la independencia del OE.
Imparcialidad
Se espera que todo organismo electoral maneje las elecciones de forma imparcial. Independientemente de su modelo, fuente de responsabilidad, control administrativo o financiero, un OE debe tratar a todos los participantes en una elección de una manera igualitaria, sin otorgarle ventajas a ninguna tendencia política o grupo de interés. No es una exigencia pedir que el OE sea enteramente no partidista. Puede estar integrado por representantes de distintos partidos políticos, pero las funciones que lleven a cabo sus miembros deben ser ejecutadas de manera políticamente neutral e imparcial. Un OE debe ser imparcial pero capaz de operar en un ambiente político.
Un OE es responsable de conducir una administración electoral imparcial, del tratamiento imparcial de los partidos y los candidatos y de una votación imparcial y válida. Se requiere también de un comportamiento imparcial para el reclutamiento de su personal, la adjudicación del financiamiento público a los partidos y candidatos, para las campañas electorales y para la instrumentación de los programas de educación electoral, en caso de que estos programas existan.
La imparcialidad de un OE es esencial para dar credibilidad a la administración electoral de un determinado país y, por consiguiente, para el proceso electoral y sus resultados. Si los participantes en una elección no confían en que el proceso ha sido llevado a cabo de una manera imparcial, la credibilidad de la elección será cuestionada y se perderá la confianza en el OE. Para establecer un adecuado marco de integridad y credibilidad de los procesos electorales, así como una amplia aceptación de los resultados de la elección, es muy importante que el OE no sólo conduzca los eventos electorales de manera justa e independiente, sino que además sea imparcial en sus acciones. Sin imparcialidad en la administración electoral e independencia en sus acciones, es probable que se presenten fallas en su integridad, y que sea difícil contar con una visión pública benéfica y una creencia generalizada en la credibilidad de los procesos electorales, especialmente entre los perdedores. Es asimismo importante que el público en general perciba a los OE como entidades imparciales. La mejor manera de alcanzar este propósito es a través de un desempeño transparente, apoyado por un fuerte mercadeo y campañas de relaciones públicas.
Integridad
El OE es el principal garante de la integridad y pureza del proceso electoral y sus miembros tienen la responsabilidad primordial de asegurarla. Puede ser fácil mantener la integridad si el OE cuenta con total independencia de acción y con el control total de todos los procesos electorales esenciales. Cuando otros organismos tienen funciones electorales, los OE necesitan estar facultados para monitorear muy de cerca sus actividades a fin de asegurar que cumplen con los más altos estándares de integridad.
La ley electoral o las regulaciones del OE se benefician al tener bien definidas cuales son las atribuciones que le permitan sancionar a los oficiales electorales que amenazan la integridad de la elección al actuar en beneficio de ciertos intereses políticos o en actos de corrupción. Si se ignoran estos problemas se pueden crear importantes problemas de integridad y credibilidad. Hasta donde sea posible, el OE debe asegurar que cualquier violación a la ley electoral, a las reglas y códigos de conducta sea seguida de la sanción correspondiente.
Transparencia
Si la transparencia no es un prerrequisito para la rendición de cuentas es por lo menos un principio que abre el camino para una administración transparente y promueve la confianza en el proceso electoral. Toda administración electoral tiene una necesidad de apertura en todas las etapas del proceso electoral, y la transparencia en su administración operativa y financiera es un elemento básico de las buenas prácticas en todas las actividades del OE. La transparencia ayuda a asegurar que los administradores sean responsables de las decisiones tomadas durante la gestión electoral y que se rindan cuentas de los gastos de la elección. Los participantes en el proceso electoral, ya sean candidatos políticos o electores, deben ser capaces de juzgar si las decisiones tomadas por la administración son las adecuadas y deben tener el derecho de exigir una justificación por las decisiones tomadas.
Un proceso abierto y transparente que ponga a consideración pública las decisiones y razonamientos del OE, promoverá la comprensión del proceso electoral e incrementará los márgenes de credibilidad en su administración. Los procedimientos transparentes eliminarán cualquier percepción de actos indebidos, limitarán la posibilidad de un fraude electoral, corrupción y/o favoritismos hacia tendencias políticas particulares, y promoverán la confianza pública en las autoridades electorales –lo que alentará de manera efectiva la participación y ayudará a construir un marco de confianza y apoyo a la autoridad electoral.
Un aspecto crítico de la transparencia electoral se refiere a proporcionar información creíble y constante sobre los procesos fundamentales de las elecciones, tales como los progresos en el conteo y cómputo de los votos, o a través del efectivo acceso a la información y documentación más importante. La transparencia electoral puede estar consagrada en la legislación electoral, incorporada en un código de conducta, o bien, puede adoptarse como una política del organismo electoral.
Rendición de cuentas
La confianza en la integridad del proceso electoral necesita de una administración responsable y capaz de rendir cuentas sobre cada etapa del proceso electoral. Una administración electoral responsable es aquella en donde tanto el OE, en su calidad de institución gubernamental, y los administradores electorales, son responsables ante sus electores, considerando que sin ellos una elección no podría llevarse a cabo. El organismo electoral debe rendir cuentas ante la legislatura y la ciudadanía. Poco valor tiene contar con estándares de comportamiento relacionados con la administración electoral si no existen medios para supervisar si los miembros elegidos o los oficiales electorales no se apegan a ellos. La responsabilidad y la rendición de cuentas son esenciales; los partidos y candidatos, los electores y la prensa, todos ellos deben tener la razonable seguridad de que el OE y el proceso electoral se han ceñido a las reglas. Si las autoridades responsables de la administración son capaces de explicar y justificar sus procedimientos, se puede evitar cualquier fraude.
Eficiencia
Los gobiernos y el público en general esperan que los recursos asignados a las elecciones sean utilizados sabia y prudentemente y que los servicios sean proporcionados de manera eficiente. A la luz del uso extendido de soluciones tecnológicas cada vez más onerosas, y de las exigencias por incrementar el esfuerzo en áreas de alto costo como la de educación e información al votante, los OE deben ser cautelosos para lograr que sus programas sustenten eficiencia, integridad y modernidad electoral.
Un OE exitoso es aquel que ha dado signos de integridad, competencia y eficiencia. Estas cualidades ayudan a generar la confianza del público y los partidos políticos en el proceso electoral. El marco legal puede ayudar mediante la definición de estándares eficientes para la administración electoral y financiera. Sin embargo, en algunas ocasiones los miembros de un OE pueden estar poco familiarizados con las prácticas y los procedimientos electorales; en otras, pueden estar poco habituados a tratar con temas relacionados con la contratación de equipo y materiales en ambientes corporativos de mucha competencia. La ineficiencia en la organización de una elección puede ser confundida con un comportamiento corrupto y fraudulento, propiciando muy serios riesgos para la credibilidad del OE.
Orientación de Servicio
En esencia, la administración electoral es como una industria de servicios, y la población se ha creado muchas expectativas sobre la capacidad de esta industria para ofrecer un servicio de calidad. Las elecciones están, sobre todo, para ofrecer al público un gobierno democrático, y para dar a los electores este servicio, el OE y los administradores electorales deben trabajar para brindar a cada elector un servicio de la mayor calidad posible. Los electores deben tener el derecho de que se les haga comprensible el proceso electoral y ejercerlo con el menor número de inconvenientes, independientemente de las condiciones impuestas por ciertas circunstancias y los marcos legales.
A las personas con necesidades especiales (por tener algún tipo de discapacidad) se les debe proporcionar la ayuda necesaria para emitir su voto. El uso de la tecnología puede, en ciertos casos, aplicarse como medio de asistencia para facilitar y aligerar el procedimiento de votación.
Las percepciones sobre el desempeño en el servicio del OE son una parte crítica para influenciar los juicios públicos sobre la integridad y efectividad del OE. Las evaluaciones post-electorales son una buena alternativa para la revisión de las percepciones del desempeño del OE en la prestación del servicio. Esto puede ser llevado a cabo por el propio organismo o externamente, por ejemplo, como parte de sus responsabilidades de rendición de cuentas, que pueden ser ante la revisión que lleve a cabo la legislatura sobre su desempeño.
Profesionalismo
Un OE debe reconocer la importancia de este principio y la necesidad de tener personal adecuadamente entrenado y motivado. Todos los participantes en el proceso electoral, los votantes, los candidatos, los medios de comunicación y los observadores, consideran que sus contribuciones son de vital importancia, sin embargo, en realidad el personal más importante en el proceso son los administradores electorales, sin ellos el proceso electoral no se podría llevar a cabo. El profesionalismo tiene que ver, en muy buena medida, con pensar en la administración como una vocación.
Es muy importante que los oficiales electorales se comporten de una manera profesional. Deben contar con el entrenamiento adecuado y ser lo suficientemente disciplinados para manejar los materiales electorales con el cuidado y respeto necesarios. Las fallas en algún servicio en unas elecciones libres y justas que resulten de un comportamiento poco profesional o carente de calidad pueden traer como consecuencia el cuestionamiento de los principios básicos de independencia e imparcialidad. Las ineficiencias administrativas pueden poner en peligro la confianza pública en el OE y en el proceso electoral en su conjunto. Ni siquiera un OE completamente independiente e imparcial puede evitar se cuestionado si la administración electoral se maneja con poco profesionalismo.
Un OE profesional necesita asegurar que todos los candidatos, los partidos y los electores sean tratados justa y equitativamente y que tanto los recursos y facilidades electorales, como los medios técnicos sean utilizados tan eficientemente como sea posible. Un OE profesional debe, asimismo, administrar fielmente la ley electoral y las formas en que advierte a su personal, a los partidos políticos, a los candidatos y a los electores acerca del proceso electoral. Debe también considerar la mejor forma de informar y educar a los electores acerca del proceso electoral.
Estado de Derecho
El éxito de una elección depende del margen de aceptación que tenga el proceso político entre los participantes como un procedimiento legítimo y obligatorio. Si los participantes cuestionan los resultados de la elección, el público hará lo mismo. Para que las elecciones sean legítimas es necesario que la administración electoral cumpla y muestre respeto por las leyes del país. Si los administradores no se ciñen a lo estipulado por la ley, no la aplican de manera equitativa ni explican con claridad el razonamiento legal de sus decisiones, la imagen común que se logre en los participantes y el público se puede ver seriamente afectada, debilitando como consecuencia el apoyo al proceso electoral.
Es necesario que el OE asegure que, dentro del marco legal del país, las leyes relacionadas con las elecciones sean instrumentadas en su totalidad y de manera imparcial y equitativa. Es también muy importante asegurar que cada partido, candidato, elector o cualquier otro participante, sea tratado de manera justa y equitativa.
