Los programas de educación al votante son una responsabilidad que de manera creciente se ha vuelto parte de las funciones de un OE. A diferencia de otros que no lo hacen, algunos marcos jurídicos contemplan que el OE sea el encargado de conducir los programas de educación electoral. Es preferible que el marco legal de un OE incluya la función de educación al votante, ya que es una tarea indispensable para la consolidación democrática, particularmente en democracias emergentes en donde tanto el arte y la esencia de la votación están en proceso de mejoramiento y asimilación. Sin embargo, para el OE o cualquier otra institución podría resultar nocivo el hecho se le otorguen derechos exclusivos para instrumentar los programas de educación al votante o se les dote de atribuciones para restringir quién puede conducirlos.
Una razón contundente del por qué el marco legal debe facultar al OE para conducir los programas de educación al votante, como una alternativa para la consolidación de la democracia, es que de alguna manera el gobierno se muestre renuente a financiar estos programas, alegando que esta función no forma parte del mandato oficial del OE.
La educación al votante es muy importante, y su instrumentación muy compleja, como para abandonar al OE.
- Los partidos políticos,
- La sociedad civil,
- Las empresas privadas, y
- Las agencias de gobierno tales como los sistemas educativos
Pueden jugar un papel complementario muy importante para ayudar a garantizar que los electores tengan toda la información necesaria para hacer una elección informada.
Las responsabilidades del OE en materia de educación al votante pueden ser parcial o enteramente delegadas a otras instituciones, incluso de la sociedad civil. En Ghana, por ejemplo, hay una comisión hermana al OE que es responsable de los programas de educación cívica y educación electoral, y en Tailandia, el OE está facultado para delegar las tareas de educación electoral a organizaciones privadas.
