La cualidad de ser imparcial de todos los participantes y su capacidad para crear las condiciones para una competencia en “igualdad de condiciones” en una elección, son los pilares sobre los que el OE puede construir buenas prácticas en materia de administración de elecciones. La carencia de equidad electoral –por ejemplo, un ambiente electoral inclinado a favor del partido gobernante – puede minar la celebración de unas elecciones libres y justas, así como la credibilidad del OE. Mientras que algunos de estos factores y prácticas que contribuyen a garantizar un marco equitativo en las elecciones en sentido estricto puede quedar fuera de las atribuciones y funciones del OE, éste puede trabajar para asegurarse de que las disposiciones del marco jurídico son correctamente aplicadas para promover la igualdad y la equidad en las elecciones.
Algunas democracias emergentes encuentran el término “igualdad de condiciones” poco familiar. Los países influenciados por el modelo de gobierno de Westminster, o donde el servicio público y los medios de comunicación del Estado mantienen una estricta lealtad política con el partido gobernante, tradicionalmente tienen ventajas electorales relacionadas con el gobierno. Estas ventajas pueden radicar en el poder para determinar la fecha de una elección sin que medie consulta alguna, en el uso de recursos públicos para actividades de campaña, y en un favorable acceso del partido gobernante a los medios de comunicación.
En algunos países, la legislación electoral para elecciones de transición, han intentado igualar las condiciones del juego mediante el estricto control y limitación de la propaganda en medios por parte de los contendientes políticos, solicitando que todas las actividades de campaña sean asignadas de manera igualitaria por parte del OE a cada competidor, y prohíben el uso de los recursos públicos en campañas electorales.
El uso de los recursos públicos para campañas electorales es un reto que enfrentan los OE en todo el mundo. Esta es un área raramente cubierta en la legislación electoral, aunque con algunas excepciones. Algunos OE, como el de Bangladesh y la India, han publicado un código de conducta para que un ministerio o el gobierno se encargue de regular el uso de los recursos públicos en las elecciones.
