Los organismos electorales (OE) toman decisiones que involucran el rápido y efectivo gasto de presupuestos significativos. Los acuerdos para proveer de materiales (por concepto de urnas, papeletas, y equipo de cómputo) pueden ser de gran beneficio para el proveedor ganador. La relación que se establece entre los miembros de la junta directiva del OE con su personal, proveedores y otros participantes en la elección, así como con los grupos de interés, quienes pueden obtener algún beneficio de las decisiones que se tomen al interior del organismo electoral, pueden llevarnos a percepciones de conflicto de interés dañando la credibilidad pública del OE, o verdaderos conflictos de interés que lastimen su integridad. La legislación general sobre servicio público puede cubrir estos aspectos en lo tocante a los servidores públicos que laboran en esa institución. En Hungría, la ley de adquisición pública, que se enfoca a problemas relacionados con conflictos de interés, aplica también para el proceso electoral.
Podrían incluirse en la legislación o dentro de las propias regulaciones del OE, ciertas disposiciones reglamentarias para dirimir conflictos de interés, y pueden puede formar parte de un código de conducta para los miembros del órgano ejecutivo y el personal del OE de carácter obligatorio. En este código generalmente se especifica que los miembros del órgano de dirección así como los empleados que manifiesten algún interés en un asunto en particular –el cual posteriormente llega al OE para su consideración y decisión-, deben notificar a éste sobre su interés, dentro de los tiempos programados y además, abstenerse de participar en el análisis y consideración del mismo. Para ser efectivo, son necesarias las sanciones obligatorias por violaciones a las disposiciones legales, o bien, por motivos relacionados con conflictos de intereses, como los generados por despido de personal o por otras acciones disciplinarias.
Lo mismo aplica para todos contactos de los miembros del órgano de dirección y del personal del OE, o con sus vínculos con los candidatos y partidos políticos, que deben ser dados a conocer en los tiempos adecuados y abstenerse de participar en la toma de decisiones que puedan beneficiar a un determinado candidato o partido político.
