En algunos países la legislación electoral no solamente define las atribuciones y funciones del organismo electoral, sino también sus responsabilidades u obligaciones. Dentro de éstas, con frecuencia se incluyen medidas de carácter contable, como por ejemplo el requisito para auditar o informar sobre sus actividades a un órgano externo como puede serlo la legislatura.
Dentro de las responsabilidades del OE se pueden incluir más elementos normativos sobre su comportamiento, que pueden incluirse dentro del Código de Conducta del OE. La legislación electoral en Indonesia incorpora algunas obligaciones del OE para que proporcione un buen servicio y buen trato a todos los participantes de la elección, así como también determina e instrumenta estándares de calidad para los materiales electorales, mantiene un archivo electoral exhaustivo, realiza informes públicos sobre sus actividades, es responsable de su financiamiento, e informa al presidente sobre la conducción de cada elección.
Aún cuando no están definidas en el marco jurídico electoral, el OE como defensor de los valores democráticos, tiene responsabilidades sobre la conducta y el acceso a la comunidad a la que sirven.
Algunas de sus responsabilidades están relacionadas con:
- Probidad e integridad de la administración electoral
- Otros aspectos como el de transparencia,
- Equidad de género,
- Sensibilidad a las costumbres y a las tradiciones
- Tratamiento de asuntos étnicos,
- Brindar acceso electoral a los grupos marginados, y
- Creación de las condiciones electorales que conducen a una competencia justa
Los OE tienen obligaciones adicionales para la adopción de buenas prácticas, por lo que para que sus niveles de integridad promuevan las elecciones libres y justas, su eficiencia debe garantizar que los recursos públicos no se desperdicien y sus estándares de servicio cuenten con la aprobación pública. Si se pudo identificar con facilidad la mejor práctica en la organización electoral, la meta del organismo electoral será luchar por alcanzarla. Es quizá más realista apuntar hacia elementos de buenas prácticas: esto tiene el potencial para superar las barreras que representan las diferencias en los sistemas electorales, y continuar intentando alcanzar la prestación de un servicio electoral para la organización de unas elecciones libres y justas.
