Una vez resuelto cualquier recuento administrativo y declarado oficialmente el resultado de las elecciones por la autoridad electoral, pueden presentarse otras oportunidades para impugnar el resultado de las elecciones mediante recurso ante un juzgado o un tribunal especial de recursos electorales.
La impugnación ante un tribunal generalmente se hace mediante una petición legal formal. Pueden presentarse por candidatos, partidos, individuos elegibles a los que votar en las elecciones o por la administración electoral. Los que plantean una impugnación normalmente tienen que argumentar la razón para la impugnación del resultado electoral.
Generalmente existe un plazo límite de tiempo para impugnar los resultados electorales ante un tribunal. Este plazo suele ser más amplio del que se aplica al recuento administrativo, puesto que la propia naturaleza legal de los procedimientos ante una corte o un tribunal requieren mayor preparación. En Australia, por ejemplo, hay un plazo de cuarenta días para impugnar el resultado de unas elecciones ante un tribunal. Además, el tribunal puede quedar sometido a un plazo específico para manifestar su decisión.
En esta fase puede cuestionarse cualquier aspecto de la elección, incluyendo:
- La exactitud de la lista de los votantes,
- Si ha existido intimación, soborno, obstaculización en el ejercicio del voto a los electores,
- Si los candidatos o partidos han actuado inadecuadamente,
- La elegibilidad de los candidatos,
- Si se han emitido votos fraudulentamente, o
- Si ha existido cualquier error o irregularidad en el proceso del escrutinio.
Los tribunales o juzgados encargados de las elecciones en litigio pueden tener potestad para el examen de las papeletas y otros documentos electorales, u ordenar el recuento de las mismas. Normalmente se les otorga potestad de decisión para confirmar el resultado electoral inicial o anular el resultado de la elección y declarar un resultado diferente. Ellos también podrían tener potestad de solicitar la celebración de un nuevo proceso electoral.
Los tribunales pueden quedar obligados por antecedentes de fallos sobre impugnaciones electorales anteriores. Para mantener la integridad del proceso electoral, es importante interpretar las leyes electorales de forma coherente. En particular, cada sistema electoral tendrá un conjunto de reglas con la definición de las marcas aceptadas a emplear en las papeletas y otras partes cruciales del proceso electoral.
En algunos casos puede ser posible apelar contra la decisión de un tribunal ante una autoridad superior. En otros las leyes especifican que no pueden realizarse apelaciones contra la decisión de un tribunal o corte electoral. Ello ayuda a prevenir retrasos excesivos en los resultados electorales y en la constitución de parlamentos y gobiernos producidos por los procedimientos legales.
