La estructura de la integridad electoral se edifica sobre los cimientos institucionales
establecidos en el marco legal y se compone de diversas agencias y
organizaciones con mandatos para la supervisión de aspectos específicos del
proceso electoral.
Los principales actores institucionales en una elección son:
- los responsables de
la política y la administración electoral, es decir, el organismo electoral;
- los organismos de
supervisión;
- los partidos
políticos y candidatos que contienden en las elecciones;
- los grupos con
interés en el resultado electoral y que tratan de influir en él;
- los observadores
electorales independientes;
- los medios de
comunicación y la prensa; y,
- las agencias de vigilancia
y aplicación de la ley, incluyendo las agencias de investigación, procuradores
y las cortes.
Los roles de estas instituciones en el mantenimiento de la integridad
electoral se discuten en las siguientes secciones.
Es importante que los roles de cada institución involucrada en mantener
la integridad electoral se definan perfectamente en el marco legal. En resumen,
una clara división de poderes y un sistema robusto de pesos y contrapesos
pueden ayudar a mantener una supervisión efectiva. Tal como se discutió en el
apartado de Principios guía, por
ejemplo, si a la autoridad electoral se le confieren demasiados roles (potencialmente
contradictorios) —como redactar el anteproyecto de una legislación, aplicar y
hacer cumplir la ley, y además actuar como corte de última instancia para
asuntos electorales— habrá pocas revisiones institucionales efectivas sobre sus
actos.
Una de las principales preguntas institucionales es si se debe tener o
no una autoridad electoral independiente. En las democracias emergentes, o en
los países en transición que tienen una historia de dominio unipartidista o régimen
autoritario, la creación de una comisión electoral independiente se considera
como una medida vital para garantizar la administración imparcial de las
elecciones y para contribuir a generar confianza entre los electores y los partidos.[1]
Al mismo tiempo, los beneficios de una administración electoral
independiente se basan, en gran medida, en la percepción; es así que una
comisión electoral independiente primero debe probarse a sí misma antes de
lograr mejoras duraderas en la imagen de las elecciones. El establecimiento de
una comisión independiente no es, en sí, garantía de un proceso electoral
exitoso.
Si los actores políticos y de la sociedad civil más importantes están de
acuerdo en el tipo de marco institucional que se debe adoptar, el resultado
será una estructura para la administración electoral más confiable. Si no
existe un acuerdo, el descontento y la falta de confianza pueden surgir y contaminar
de manera continua todo el proceso. Como se señaló anteriormente, debido a que
algunas cuestiones se deben resolver mediante votación por parte de la
autoridad electoral, la selección de quien la preside la comisión requiere de
cuidado y atención especial. La confianza puede incrementarse, si se elige la
presidencia, de tal manera que los diversos poderes del gobierno y los sectores
socio-políticos participen en la selección.
