Una persona declarada
culpable de un delito debe ser castigada de acuerdo con la ley. Para que sea
justa, la sentencia debe adecuarse a la gravedad del delito. Las sanciones son
impuestas por los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los cuales con
frecuencia son los tribunales.
Las penas varían mucho de un
sistema electoral a otro. Por lo general, los tipos de sanciones aplicables se
basan en la naturaleza y la gravedad del delito. Por lo tanto, las penas son
más severas para los delitos tipificados como penales en el código penal, y
menos severas para los delitos definidos como menos graves en la ley electoral.
(Estos pueden incluir multas u otras sanciones aplicables a las violaciones no
penales de la ley electoral). En algunos sistemas, la propia administración
electoral puede organizar procedimientos apropiados e imponer sanciones
civiles. Pero, en la mayoría de los casos, otro organismo es el que suele
organizar estos procedimientos (por ejemplo el Ministerio de Justicia o del
Interior) o un tribunal.
Las siguientes sanciones son
ejemplos de las que se pueden aplicar por delitos menores:
- una advertencia;
- una orden de inhabilitación;
- la descalificación de un candidato;
- la cancelación del registro de un partido;
- una multa;
- el cumplimiento de servicio comunitario;
- el cumplimiento de la obligación
violada por el delito (es decir, el cumplimiento específico de un hecho
exigido/obligatorio, o la compensación debida/adecuada (reparaciones).
Los delitos graves pueden castigarse
con prisión. Dependiendo del delito, a un delincuente convicto generalmente se le
mantiene bajo custodia por un tiempo determinado. Los delitos electorales
también pueden castigarse con la pérdida de derechos electorales, que
potencialmente pueden incluir uno o ambos derechos: pasivo (derecho a ser
elegido) o activo (derecho de voto), por un período de tiempo específico. Las
prácticas corruptas por parte de los administradores electorales (incluidos los
representantes de los partidos en las comisiones electorales) también pueden
sancionarse al impedir su colaboración en las comisiones electorales (incluidas
las juntas/consejos de votación) u en otras actividades relacionadas con las
elecciones.
