Las listas electorales elaboradas
después del proceso de registro usualmente se ponen a disposición de los
partidos políticos y el público las puede inspeccionar. Esto incrementa la
confianza del público en la integridad electoral y garantiza que el proceso sea
transparente. Sin embargo, hacer pública la información personal puede suscitar
cuestiones relativas a los derechos de privacidad. Varios países han adoptado
diversas soluciones para este problema.
Por ejemplo, Nueva Zelandia tiene una "lista no
publicada". Esta es una lista especial de personas cuya seguridad puede
verse comprometida al divulgar públicamente su dirección. Estas personas deben
presentar una solicitud especial y proporcionar documentación de apoyo, como
una orden judicial, una orden de restricción o una declaración oficial de un funcionario
de la policía.[1]
Cuando Canadá creó un Registro Nacional de
Electores, limitó el uso de cualquier información contenida en él mediante disposiciones
en la Ley de Elecciones de Canadá y
la Ley de Privacidad. La información
del registro puede ser usada solamente para propósitos electorales y cualquier
otro uso es ilegal. El Comisionado para
la Privacidad tiene derecho a comprobar cómo se recopila, almacena,
actualiza y utiliza la información del Registro Nacional. Sólo los partidos
políticos registrados, los miembros del Parlamento y los candidatos tienen
acceso a los nombres y las direcciones de los electores, los cuales sólo pueden
utilizar para enviar información sobre la campaña, contratar nuevos miembros y buscar
contribuciones de campaña. La legislación también permite que cualquier elector
en Canadá solicite la remoción de su nombre del Registro o que prohíba la
transferencia de información de contacto a una provincia o territorio. Los
electores que optan por no estar en el Registro Nacional de Electores conservan
el derecho a votar pero deben registrarse antes de votar.
En el Reino Unido, la información sobre los electores
contenida en la lista publicada es muy limitada. Por último, otra manera de
abordar el tema de la privacidad es no difundir la lista de electores. Este es
el enfoque elegido en Dinamarca, en donde el registro electoral no se publica
ni es accesible para el público o para los partidos políticos.[2]
[2] Folketing (Parlamento danés), “Parliamentary Elections and Election
Administration in Denmark.”
