Los sistemas de financiamiento político de los
diferentes países, estados/provincias u otras jurisdicciones pueden incluir
algunos o todos de los siguientes elementos:
- divulgación del financiamiento de las campañas y
requisitos para la presentación de informes;
- restricciones en el monto y la fuente de las
contribuciones;
- límites a los gastos de campaña; y/o
- incentivos tales como financiamiento/subsidios
públicos, acceso a los medios de comunicación y/o publicidad gratuita.
Estas medidas generalmente se adoptan para reducir
la influencia corruptora que pueden tener las donaciones cuantiosas o las
donaciones de ciertas fuentes en las elecciones y en el proceso político.
También tienen por objeto fomentar la competencia política y establecer la "igualdad
de condiciones", incluso para los participantes electorales con menos
acceso a los recursos financieros.
El cumplimiento del financiamiento político otorga
fuerza y da validez a los requisitos legales del financiamiento político. Su
aplicación oportuna y justa puede:
- descubrir las irregularidades y las violaciones
del financiamiento político a través de auditorías a los informes sobre
financiamiento de las campañas;
- cambiar las prácticas de los partidos políticos y
campañas al dar a conocer las violaciones y/o autorizar la imposición de
sanciones administrativas, civiles y penales; y
- remediar las violaciones del financiamiento
político al exigir la devolución de contribuciones prohibidas o de los fondos
públicos, u otras sanciones incluyendo la remoción de los cargos electivos.
Mecanismos
de cumplimiento
El marco legal de cada país determina las
instituciones gubernamentales que deben actuar como reguladores del
financiamiento político (RFP) y los mecanismos de aplicación que deben
utilizar. Los mecanismos varían de una jurisdicción a otra, pero generalmente
incluyen algunos de los siguientes, o todos:
- Requisitos de divulgación. Es necesario
que las campañas informen sobre sus contribuciones, gastos y todas las demás
transacciones financieras, y elaboren la documentación que sustente sus
reportes. El cumplimiento de este requisito puede promoverse al proporcionar
capacitación a los partidos y las campañas.
- Auditoría.
Los informes de auditoría de las campañas y la documentación financiera de los
RFP para garantizar una divulgación precisa y honesta, e identificar posibles
violaciones a la ley.
- Vigilancia.
Los mecanismos externos (por ejemplo, un proceso formal de quejas) permiten que
otros actores electorales, grupos de la sociedad civil y el público denuncien
las presuntas violaciones al financiamiento político.
- Investigación.
Los RFP investigan posibles irregularidades en la presentación de informes,
errores o fraude, y/o posibles violaciones a la ley. Los RFP pueden necesitar a
la autoridad para citar los registros, obtener el testimonio de los candidatos
y los testigos, y tener acceso físico a las oficinas y documentos de las
campañas.
- Negociación. En lugar de recurrir a la
acción civil o al procesamiento penal, los RFP pueden negociar acuerdos de
cumplimiento o conciliación con las campañas infractoras. Los RFP también
pueden hacer uso de la resolución alternativa de disputas.
- Sanciones
administrativas. Los RFP pueden imponer sanciones en forma de penas
automáticas urgentes por violaciones relativamente menores o simples, o penas
graduadas por delitos más graves o complejos.
- Acción civil. Los RFP pueden presentar
acciones civiles en los tribunales generales o especializados para hacer
cumplir las leyes sobre financiamiento político y/o buscar una compensación
monetaria o mandatos judiciales.
- Procesamiento penal. Los RFP pueden
buscar el procesamiento de posibles violaciones penales de las leyes de
financiamiento políticos.
Un papel
para la sociedad civil y la ciudadanía
La sociedad civil y la ciudadanía tienen un papel
fundamental en el cumplimiento efectivo de las leyes de financiamiento
político. Las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación recopilan
y difunden información sobre las leyes de financiamiento político, dan a
conocer las violaciones cometidas por los actores electorales, e informan sobre
las medidas de cumplimiento adoptadas por los RFP contra los infractores. La
publicidad negativa con frecuencia es un elemento de disuasión más potente que
la sanción que en última instancia podría imponerse a un infractor.
Las organizaciones no gubernamentales y los
ciudadanos comunes también pueden presentar denuncias ante los RFP sobre
supuestas violaciones al financiamiento político, llevar a cabo investigaciones
sobre presuntas irregularidades o violaciones, interponer acciones legales
contra terceros, y movilizar la presión o el apoyo a favor de la reforma
política.
Mejores
prácticas
En todos los países el sistema de cumplimiento es
imperfecto y representa un trabajo en proceso. Sin embargo, se pueden
identificar ciertas prácticas óptimas para la aplicación efectiva.
- La
ley de financiamiento político debe ser clara y sin ambigüedades, exigiendo que
los partidos políticos y los candidatos hagan su declaración financiera
completa y elaboren documentación de apoyo. La ley debe
establecer las acciones que constituyen violaciones, y debe especificar las
sanciones administrativas, civiles y/o penales para los delitos.
- La
ley debe establecer un RFP independiente, con responsabilidad para administrar
y hacer cumplir las leyes sobre financiamiento político de una manera imparcial
y políticamente neutral.
- La
ley debe otorgar al PFR un papel de supervisión, con autoridad para revisar y
auditar la información financiera de los candidatos y los partidos, e
investigarlos cuando sea necesario.
- La
ley debe otorgar la autoridad y jurisdicción al PRF para hacer cumplir la ley
al imponer sanciones monetarias, electorales o penas a los infractores a nivel
administrativo, civil o penas.
- El
sistema legal del financiamiento político debe permitir y alentar la
participación de la sociedad civil y la ciudadanía en la publicidad de las
cuestiones de financiamiento políticos proporcionar vigilancia y hacer cumplir
la ley.
- La
ley debe institucionalizar incentivos como el financiamiento/subsidio público
para los partidos políticos y/o candidatos, pero también debe permitir que se
limiten o nieguen como una medida de sanción.
