Los grupos de interés no están directamente relacionados con la
contienda electoral. El propósito central de estos grupos es poder influenciar
la política pública, y en ocasiones apoyar en las elecciones a los partidos y
candidatos que son favorables para los intereses de sus miembros y
simpatizantes. Estos grupos pueden interesarse únicamente en alguna cuestión en
particular, o en el triunfo de algún partido político o candidato que comparta
sus puntos de vista de manera general. Esos grupos varían en tamaño, recursos,
poder y objetivos, pero todos usan los mismos métodos para influir la opinión
pública y promover su posición – incluyendo el cabildeo, las campañas, la
publicidad a través de los medios masivos de comunicación, y la emisión de
información a los candidatos, los congresistas y los políticos.
Esta sección aborda los grupos de interés que representan intereses sociales,
económicos o ideológicos específicos. Los grupos de interés que actúan en
representación de intereses públicos más generales se discuten en el apartado
relativo a organizaciones no gubernamentales (ONGs).
Los grupos de interés pueden jugar un rol positivo en el mantenimiento
de la integridad electoral, ya que monitorean el proceso para asegurar que los
intereses que se les oponen no reciban un trato preferencial. Sin embargo, la
cantidad de dinero que ciertos grupos de interés desembolsan hoy en día para
influir la opinión pública y las preferencias políticas genera problemas de
integridad. Estos temas se discuten con mayor profundidad en el apartado sobre Financiamiento de Campañas.
La cantidad de dinero que se gasta y la manera en la que se canaliza
suscita preocupaciones sobre el hecho de que a través de las diversas
actividades de los grupos de interés se realicen con la intención de comprar
influencia y obtener un trato especial. Como resultado, muchos países requieren
que los grupos de interés se registren como asociaciones públicas y revelen sus
actividades y gastos generales. Ahora bien, no es usual que se les exija que se
registren ante las autoridades electorales, sino sólo ante las respectivas
autoridades tributarias y de quienes registren a las organizaciones civiles.
Es posible que a los grupos de interés organizados que apoyen
activamente a partidos y candidatos en una elección, en especial mediante
contribuciones financieras, se les solicite que las divulguen como parte de los
informes financieros relacionados con las elecciones. También se podría
considerar la necesidad de que los grupos de interés que son políticamente
activos, en particular durante las elecciones, proporcionen mayor información
acerca de sus actividades, tales como las campañas publicitarias —
especialmente si las llevan a cabo en apoyo, o incluso en coordinación, con los
contendientes electorales.
En Estados Unidos ha resultado
difícil dar seguimiento o controlar los esfuerzos de esos grupos de interés, en
parte por los desacuerdos en la Comisión Federal de Electoral, que es
bipartidista. Otra cuestión ha sido que la Suprema Corte interpreta las
actividades de esos grupos de interés como libertad de expresión protegida por
la constitución. Aun así, la Corte ha sido cuidadosa en dejar abierta la opción
de solicitar que se informen y transparenten las actividades que se relacionan
con las elecciones, incluidos los montos de sus gastos.[1]
Sin embargo, podría ser posible incorporar a esos grupos de interés a la
esfera de la administración electoral, mediante el desarrollo de códigos de
conducta adecuados. Para lograrlo, probablemente se requeriría de un mayor
esfuerzo por parte de la sociedad civil.
[1] Citizens United v. Federal Election
Commission, 558 U.S. 310 (2010).
