El costo de mantener la integridad electoral depende de los enfoques y
de la magnitud de las salvaguardas necesarias. La instrumentación de salvaguardas
para la integridad debe ponderarse en función de los riesgos potenciales de la
integridad en cada etapa del proceso electoral. Las elecciones que carezcan de
integridad, no se considerarán creíbles y sus resultados tampoco se percibirán
como legítimos. Estos efectos son particularmente notables cuando existen
amenazas a la seguridad o cuando las irregularidades se tornan evidentes.
Independientemente de las implicaciones políticas, tener que organizar
elecciones nuevamente debido a cuestiones de integridad, puede resultar más
costoso que haber adoptado medidas que lo previniesen desde un inicio.
Análisis del
costo-beneficio
El organismo electoral y los legisladores deben determinar si merece la
pena el costo de adoptar cada uno de los mecanismos que se están considerando
para salvaguardar la integridad. Por tanto, deben cuestionarse: ¿Cómo se verá
afectada la integridad del proceso electoral si no se aplica esta medida?
Su valoración diferirá de acuerdo con el contexto político y social del
país en cuestión. En sistemas electorales caracterizados por altos niveles de
desconfianza, es justificable que se adopten amplias salvaguardas para
garantizar la integridad del proceso y para reafirmar la confianza de los
participantes. Aunque las salvaguardas pueden significar altos costos, el gasto
extra se justifica si como consecuencia se obtiene una elección creíble cuyos
resultados se aceptan ampliamente. Por otra parte, en sistemas electorales bien
establecidos, en donde los procesos electorales son comunes y sus resultados no
se cuestionan, los beneficios de adoptar salvaguardas adicionales pueden no
justificar el costo adicional.
Algunos mecanismos de integridad no requieren de mayores desembolsos.
Por ejemplo, para la planeación eficaz y el desarrollo de buenos sistemas, sólo
se necesita hacer uso adecuado del tiempo y de las capacidades de los
profesionales en elecciones y en otras disciplinas. Lo mismo ocurre con los
mecanismos de control interno que forman parte de cualquier sistema de administración
electoral.
Asegurar la transparencia y exigir que el organismo y los funcionarios
electorales rindan cuentas de sus actos son salvaguardas de integridad que no tienen
un valor monetario per se. La
protección institucional, incluyendo pesos y contrapesos, también es crucial en
el mantenimiento de la integridad y no implica gastos operativos adicionales.
Sin embargo, muchas salvaguardas de la integridad electoral sí implican
gastos y, por lo tanto, requieren de un análisis de costo-beneficio. ¿Cuál es
la probabilidad de que efectivamente se presente el problema y cómo afectaría la
integridad de la elección? ¿Qué tan eficiente es la salvaguarda? ¿Incrementará
la confianza en la integridad del proceso? ¿Incrementará la credibilidad en el
proceso? ¿Es asequible su adopción y mantenimiento en el transcurso del tiempo?
¿Hay formas menos costosas y más efectivas de lograr el mismo resultado?
Los siguientes mecanismos son bastante costosos:
Personal adecuado
Los costos del personal representan el mayor gasto en la administración electoral.
Ahora bien, los riesgos a la integridad se elevan si el personal es insuficiente
o si carece de las debidas habilidades y capacitación.
Salvaguardas en el material electoral
Las salvaguardas adicionales en el material
electoral pueden incrementar los costos de una elección. Por ejemplo, es más
costoso imprimir números seriados en los talonarios de las papeletas
electorales, pero a la vez es una manera sencilla y eficaz de darles
seguimiento. Hay otros mecanismos más sofisticados, pero también más costosos.
Cuesta más utilizar papel de seguridad con marcas de agua para las papeletas, que
papel ordinario y además se debe pedir con suficiente antelación.
Nuevas tecnologías
La adopción de nuevas tecnologías puede
fortalecer la integridad. Ejemplos de ello son las listas computarizados del
padrón electoral y los sistemas de administración que incluyen inventarios de
equipos/suministros con mecanismos internos de verificación y control. Sin
embargo, las nuevas tecnologías pueden, en ocasiones, originar riesgos a la
integridad, como sería si se permitiera la emisión del voto a través de
Internet.
La nueva tecnología puede resultar costosa, y
la inversión en equipo y conocimientos podría no ser conveniente, en particular,
si la compra inicial depende del apoyo internacional. Cuando la tecnología se
adecua a las condiciones locales, la relación costo-beneficio suele ser más
favorable.
Adquisición de equipo
y contratación de personal
Algunos equipos se pueden rentar en lugar de comprarse, reduciendo así el
riesgo de volverse obsoletos. También se puede emplear equipo de otras
organizaciones; en las elecciones de 1999 en Indonesia, se utilizó la red informática
de un banco para el conteo de votos. Bajo este tipo de circunstancias, se deben
considerar los riesgos a la integridad que puedan implicar el uso de un sistema
y personal externos.
Investigaciones y
aplicación de la ley
La vigilancia y el cumplimiento de la ley, los procedimientos y las
normas electorales son factores clave para el mantenimiento de la integridad.
Vigilar, investigar, aplicar la ley por la vía administrativa y civil, y procesar
a los infractores puede resultar costoso, pero pueden ser medidas eficaces para
combatir las irregularidades o transgresiones electorales que contribuyan a asegurar
la integridad del proceso electoral y a garantizar a la ciudadanía que los problemas
se están atendiendo de la manera debida.
Educación Electoral
La educación electoral es otro mecanismo importante para la integridad.
Pero cuando los recursos son escasos, la educación del público es uno de los
primeros programas en sacrificarse. Los organismos electorales deben buscar
opciones de bajo costo para difundir información, tales como negociar tiempos
de transmisión gratuita en radio o televisión, realizar conferencias de prensa
con regularidad y buscar la colaboración de organizaciones no gubernamentales
para ayudar a transmitir mensajes de importancia crítica para los electores.
