En la mayoría de los sistemas
electorales, una o más organizaciones son responsables de la supervisión
oficial de la administración electoral. Esta atribución puede recaer en una
oficina independiente al interior del organismo electoral principal (tal como
un auditor o inspector general) o en una institución separada, incluyendo un
comité legislativo, una corte o un organismo estatutario especial; ejemplos de
estos son el Comisionado de Elecciones
Canadá; el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación de México; y los tribunales
constitucionales de Alemania, Austria, Croacia y Rumania.
Las oficinas del inspector o auditor
general pueden supervisar el proceso electoral de manera regular. En algunos
sistemas, los auditores colaboran con los administradores electorales para
mejorar la gestión y el proceso electoral; esto es parte de su mandato para
garantizar la eficiencia y la rendición de cuentas, promover el ahorro y
detener el dispendio, el fraude y el abuso. Este tipo de supervisión puede ayudar
a los altos mandos a identificar deficiencias sistémicas y hacer correcciones
para asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones y lograr el resultado
esperado.
Un inspector general o una comisión de
supervisión independiente pueden, también, investigar las quejas hechas por
empleados u otros participantes del proceso electoral. Las quejas pueden ser
sobre mala conducta o gestión, actividades ilegales, desperdicio, abuso de
autoridad o amenazas a la seguridad pública.[1]
[1]
Consultar: Contralor General de los Estados Unidos, Estándares gubernamentales para las auditorías [Government Auditing Standards], Revisión
de julio de 2007.
