El objetivo de las campañas electorales de los
candidatos y partidos políticos es obtener el apoyo electoral en el período
previo a una elección. Los candidatos utilizan una serie de técnicas para
llegar a los votantes, incluso comunicando su mensaje a través de los medios de
comunicación. El acceso a los medios de comunicación puede definirse en la
legislación electoral para garantizar que el tiempo de transmisión se distribuye
de manera equitativa entre los partidos y los candidatos. La divulgación de los
resultados de las encuestas de opinión pública también se puede controlar por
ley para prevenir posibles problemas de integridad y asegurar que los votantes
reciban la información más equilibrada posible.
El calendario electoral con frecuencia establece las
fechas de la campaña oficial. Éste generalmente es un periodo de alrededor de
un mes antes del día de las elecciones. Las campañas reales pueden comenzar
mucho antes, pero los partidos políticos y los candidatos solamente pueden
disponer de beneficios o libertades especiales durante el período señalado en
el calendario electoral. (Por ejemplo, sólo se les garantiza el acceso a los
medios de comunicación durante el período oficial de la campaña.) Con
frecuencia se perciben problemas de integridad debido al inicio anticipado de
las actividades de campaña, aunque a menudo no se prohíben per se.[1]
Las campañas electorales son cada vez más costosas.
La necesidad de recabar grandes sumas de dinero suscita serias preocupaciones
de integridad. Las fuentes de estos fondos, las cantidades que pueden aceptarse
y la falta de equidad en los recursos, representan amenazas potenciales para la
integridad electoral. Para garantizar campañas honestas, la mayoría de los
países han adoptado normas para el financiamiento de campaña que limitan las
contribuciones y gastos permitidos, y requieren que los partidos políticos y
los candidatos divulguen públicamente las fuentes de su financiamiento, así
como la naturaleza y el monto de sus gastos.
Para que las disposiciones legales sean efectivas,
también es necesario el control del financiamiento de las
campañas. La mayoría de los sistemas electorales tratan de minimizar la
influencia de las contribuciones políticas y algunos facilitan recursos
públicos para hacer campaña. El financiamiento público actúa como contrapeso
del financiamiento privado, y proporciona apoyo considerable a los partidos y
candidatos para el cumplimiento de sus gastos de campaña. El financiamiento público
también puede incrementar la confianza del electoral en la integridad del
proceso electoral.[2]
El acceso a la información sobre el financiamiento política,
incluidas las contribuciones y los gastos de campaña, debe especificarse en la
legislación. Estas medidas son esenciales para proteger la integridad, debido a
que promueven la transparencia y la confianza pública en el proceso electoral.
[1] Ver, OSCE/ODIHR, Republic of Armenia, Parliamentary Elections, 12 May
2007, OSCE/ODIHR Election Observation Mission Report, (Warsaw,
10 September 2007), p. 9.
[2] Birch, Sarah,
“Explaining Confidence in the Conduct of Elections,” paper presented to the
Public Opinion and Political Parties Conference, University of Essex, U.K.,
September 9–11, 2005.
