La política electoral y de vigilancia comprenden cuestiones tanto políticas
(tales como el sistema de elecciones en un sentido más amplio) como procedimentales
(incluyendo las leyes y reglamentos). La responsabilidad de adoptar políticas
electorales varía en cada país, sin embargo, la legislatura desempeña un papel
importante en el proceso de redactar la legislación relacionada. En algunos
países, el organismo electoral o de vigilancia también es responsable de
redactar o revisar el anteproyecto de la legislación electoral. Por ejemplo, la
Comisión Electoral de las Islas Salomón
tiene la facultad constitucional de vetar la legislación propuesta antes de que
sea presentada al Parlamento.[1]
Adopción de políticas que protejan la integridad electoral
Al considerar el diseño de la política electoral y el papel de diversas
instituciones, los legisladores deben abordar las siguientes cuestiones:
- ¿las elecciones
pueden ser competitivas y libres?
- ¿las fechas establecidas
por el calendario electoral son razonables?
- ¿el marco legal e
institucional se garantiza la igualdad de trato y de oportunidades?
- ¿los electores son
capaces de inscribirse y votar libremente, sin problemas innecesarios?
- ¿todos los votos
emitidos se cuentan correctamente y se ven reflejados en los resultados
oficiales?
- ¿los partidos políticos
son capaces de inscribirse y participar en las elecciones? ¿son libres de hacer
campaña y expresar su mensaje?
- ¿todos los partidos y
candidatos tienen acceso de manera equitativa a los medios de comunicación?
- ¿los partidos y
candidatos pueden comunicar sus mensajes a los votantes sin interferencia?
- ¿los distritos electorales
están delimitados de manera equilibrada?
- ¿la fórmula para
distribuir los recursos públicos (como la franja electoral o el financiamiento
público para campañas) es justa y se aplica de buena fe?
Diseño de legislaciones electorales que protejan la integridad electoral
Si el organismo electoral también es responsable de revisar los
anteproyectos de ley, debe garantizar que cualquier propuesta de legislación
incluya las disposiciones necesarias para proteger la integridad electoral. Entre
otras cosas, la legislación electoral debe especificar el papel y mandato de
cada institución involucrada, los poderes con que cuentan para llevar a cabo su
rol, y los mecanismos de control aplicables en cada fase del proceso.
Vigilancia de la integridad electoral
Los organismos encargados de la vigilancia electoral aseguran que el
proceso electoral se conduzca de una manera neutral y transparente; que quienes
participan en las elecciones puedan comunicar sus mensajes a los votantes; y
que los resultados sean expresiones correctas y fieles de la voluntad de los
electores. Estos organismos también deben considerar si los recursos públicos
que se destinan para la celebración de las elecciones son suficientes y si se
utilizan de manera efectiva, y que los funcionarios electorales tienen
responsabilidad por la forma en la que administran los fondos, conducen la
elección y llevan a cabo el proceso.
[1]
Constitución de las Islas Salomón (1978 y reformas), artículo 58.
