El
investigador debe determinar si la información no cubierta en la investigación
corrobora la denuncia y si el expediente debe remitirse al fiscal. Esto es una
responsabilidad muy importante y la decisión debe tomarse de manera objetiva,
con base en los hechos y las evidencias obtenidas. Un análisis descuidado o
imparcial puede tener un serio impacto en la integridad, conduciendo probablemente
al enjuiciamiento de un inocente o permitiendo que una persona culpable escape
de la justicia.
Análisis exhaustivo y objetivo
Las
evidencias recolectadas deben someterse a un análisis exhaustivo para
determinar los hechos. Durante el análisis, los investigadores por lo general revisan
si:
- Los registros oficiales están en el formato específico
y cumplen con los requerimientos estipulados;
- Los registros oficiales han sido manipulados y, de
ser el caso, por quién.
- Las declaraciones financieras se sustentan en
recibos, facturas, cheques cancelados, libros de contabilidad y estados de cuentas
bancarias; y si todos los retiros, depósitos y correcciones se han
contabilizado;
- Hay explicaciones para las omisiones,
discrepancias, anomalías o irregularidades;
- Los registros pudieran contener información falsa o
engañosa.
- Los registros fueron firmados por una persona
autorizada o pareciera que una persona no autorizada proporcionó la información
registrada (incluyendo las firmas).
Hallazgos fundamentados
Analizar
las evidencias, en parte, implica determinar si se cometió un delito y si se
recomienda el procesamiento. La evaluación requiere de una revisión objetiva de
los hechos pero, en algunos casos, el investigador probablemente tenga que
hacer un juicio subjetivo.
Debido a
que el análisis se utilizará para determinar si se inician procedimientos legales,
es importante que el investigador registre los resultados en un informe por
escrito. El informe permite que los fiscales y otros oficiales judiciales tomen
una decisión informada, basada en hechos. Este tipo de informes por lo general
incluyen resúmenes de la denuncia, detalles sobre la identidad del sospechoso y
del denunciante, los resultados de la investigación, una lista de los eventos y
evidencias, y un resumen de cada delito y de su conexión con los sospechosos.
Generalmente,
el informe también incluye las recomendaciones del investigador sobre si se
debe continuar con la investigación o interrumpirla, así como una evaluación de
la disponibilidad, credibilidad, competencia y confiabilidad de los testigos
potenciales que pueden presentarse ante la corte; además de las circunstancias
atenuantes, en caso de existir.
Si la investigación
demuestra que las denuncias no tienen fundamentos, por lo general, se cierra el
caso. Pero si se demuestra que están fundamentadas, por lo general se remiten a
la fiscalía.
Al
revisar la evaluación antes de remitir el caso para su procesamiento, el
supervisor del investigador puede encontrar que el análisis sea impreciso o no
tenga fundamentos. Para garantizar la integridad y evitar la posibilidad de que
un supervisor pueda descartar un caso que estaba listo para ser enjuiciado,
cada sistema debe tener un mecanismo interno de revisión superior, en caso de
que las recomendaciones del supervisor e investigador se contrapongan.
Salvaguardar la secrecía del voto
Cuando
los investigadores examinan los documentos electorales, incluyendo el registro
electoral, las papeletas y las hojas de escrutinio, deben tomar las medidas
necesarias para mantener la secrecía del voto. Especialmente en el caso de una
investigación por un posible fraude de abstencionismo electoral.
Confidencialidad
Los informes
y la información de las investigaciones en curso generalmente se mantienen como
confidenciales, esto es para proteger la privacidad de los testigos y evitar la
destrucción de posibles evidencias; lo cual haría que la investigación fuera
menos efectiva y disminuiría la confianza pública en la administración de la
justicia. La fuga de información en una investigación durante una elección,
podría afectar los resultados.
En
particular, la siguiente información debe mantenerse confidencial hasta que
concluya una investigación:
- La información sobre la evidencia recopilada que
pudiera utilizarse en un juicio;
- La información que pudiera agraviar el carácter o
la reputación del acusado o del testigo; y
- La información que pudiera comprometer/poner en
peligro una investigación en curso o la seguridad de los funcionarios del orden
público.
