Las personas tienen derechos políticos
y civiles que deben respetarse durante una investigación. Estos derechos están
arraigados en la constitución de cada país, el marco legal o la carta de
derechos. Aunque pueden variar bajo los diferentes sistemas políticos y
jurídicos, los derechos procesales básicos de una persona generalmente incluyen
los derechos a:
- guardar silencio;
- la representación legal en un plazo razonable;
- la protección contra el registro o las incautaciones indebidas;
- la protección contra la exigencia a presentar documentos u otros
materiales potencialmente incriminatorios sin autorización judicial;
- un plazo razonable para decidir si se renuncia a algún derecho;
- conocer la naturaleza de los procedimientos posibles; y
- ser informado sobre el alcance y los límites de los poderes de una
autoridad pública.
Debido a que los países democráticos
valoran los derechos y libertades de las personas, las infracciones procesales
de los derechos humanos (civiles y políticos) podrían causar que cualquier
prueba obtenida fuera inadmisible en un tribunal administrativo o judicial; o
incluso podría derivar en la desestimación del caso.
Órdenes de registro
Una orden de registro protege a las
personas de la búsqueda o la incautación irracional. La mayoría de los sistemas
requieren que un juez o magistrado emita una orden de registro por motivos
razonables. La orden describe el lugar donde se realizará el registro, el
período en el que se realizará y los elementos que pueden ser confiscados.
Para obtener una orden, el investigador
primero debe presentar una solicitud y jurar que la información contenida en
ella es precisa. La información debe incluir una descripción detallada del
presunto delito y de los elementos/artículos que se van a buscar y a confiscar,
así como las razones válidas para creer que los artículos están en la ubicación
que se va a registrar. El investigador también debe indicar si existen otras
fuentes para obtener información o si se han agotado todas las demás fuentes.
