Las leyes sobre financiamiento político son técnicas
y complejas, y con frecuencia han demostrado vulnerabilidad a la evasión, la
distorsión y el abuso. Para que los esfuerzos de control sean efectivos, la ley
debe ser clara, sin ambigüedades y detallada. También debe anticipar cómo los
partidos políticos, los candidatos u otros actores electorales pueden buscar vacíos
para quebrantar la ley.
Una ley sobre financiamiento político establece de
manera clara el alcance de su jurisdicción y define todos los términos
pertinentes sin ambigüedad.[1] Una terminología vaga
permite que los actores electorales o sus representantes argumenten que algunas
actividades financieras no estén comprendidas por las definiciones de las
actividades políticas reguladas y, por tanto, no estén sujetas a la ley. Por
ejemplo, si la definición de "contribuciones" no menciona las
contribuciones “en especie” (como las donaciones de bienes y servicios), la ley
puede aplicarse únicamente a las contribuciones monetarias, permitiendo que las
donaciones en especie potencialmente valiosas no se regulen y no se declaren.
Es probable que las leyes sobre financiamiento
político sean ineficientes si no incluyen todas las actividades financieras
pertinentes en su ámbito de aplicación o establecen un mecanismo de aplicación
amplio y coherente.[2]
Por ejemplo, para el cumplimiento efectivo de las obligaciones de divulgación, la
ley debe enlistar cada tipo de transacción financiera que los actores electorales
deben reportar, incluyendo las donaciones monetarias, las contribuciones en
especie, los préstamos, los arrendamientos, los anticipos, los pasivos, los gastos
compartidos y la recaudación conjunta de fondos. De la misma manera, si la ley prevé
regular la propaganda política, debe especificar todos los medios y tipos de
mensajes electorales a los que es aplicable.
La ley y los reglamentos deben abordar claramente:
• Violaciones.
Las disposiciones deben especificar las acciones que constituyan violaciones al
financiamiento político, y las sanciones administrativas, civiles o penales
para tales delitos. Muchos RFP publican una lista de los delitos y/o las penas,
con una escala graduada que estipula la cantidad y la naturaleza de las
sanciones de acuerdo con la gravedad de la violación y el grado de culpabilidad
involucrado.
• Proceso.
Las disposiciones deben especificar el proceso para determinar las violaciones a
la ley y/o imponer sanciones, incluyendo el proceso de investigación, el
procedimiento y los requisitos de carácter probatorio para la adjudicación
administrativa, y el derecho al debido proceso del supuesto infractor.
Las leyes de financiamiento político deben
especificar qué personas o sujetos son responsables de cuáles ofensas –en particular
en el caso de las violaciones de "responsabilidad objetiva", donde la
intención específica de una persona no es determinante. Las leyes electorales
suelen responsabilizar a los funcionarios de los partidos políticos, a los
candidatos o a los oficiales financieros de los comités de campañas (tesoreros)
por las violaciones al financiamiento político. Si la ley no hace personalmente
responsables a los altos funcionarios o candidatos de las violaciones, estas
personas pueden alegar ignorancia para eludir la responsabilidad por actos
cometidos por sus agentes y empleados. Además, si la ley no responsabiliza
personalmente a las personas por violaciones, e impone responsabilidad
solamente a los comités de los partidos o las campañas, puede que no haya nadie
que se haga responsable de las violaciones una vez que estos comités se
disuelvan después de una elección.
En un sistema federal, un factor complicado es la duplicación
de la jurisdicción de las leyes y las agencias que regulan el financiamiento
político las finanzas políticas a nivel nacional, estatal/provincial u otro
nivel local. En un sistema federal, dependiendo de la naturaleza de los cargos
electivos involucrados o de las violaciones correspondientes, la ley federal o
estatal puede determinar los procedimientos de control.
La mejor manera de garantizar que una ley de
financiamiento político sea clara y completa es actuar con previsión y debatirla
adecuadamente al elaborarla. Debido a que los estatutos electorales rara vez
son perfectos, es vital llevar a cabo revisiones periódicas de la ley, y ser
proactivo en la modificación de la ley e instituir nuevos programas y
procedimientos. Por ejemplo, después de cada elección, algunos reguladores del
financiamiento público publican una revisión de la ley sobre financiamiento
político, en la que analizan la eficacia de los esfuerzos de cumplimiento e
identifican las debilidades. El sistema del financiamiento político debe
perfeccionarse continuamente para contrarrestar los esfuerzos en curso para
eludirlo, y para mantener un control amplio y eficaz.
[1] Ver Manual de Financiamiento de la Actividad Política: Una Guía para Fomentar
la Transparencia en las Democracias Emergentes, Washington,
D.C., Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 2003,
Anexo G.
