Para
garantizar la eficacia de un sistema de financiamiento político, el regulador
de las finanzas políticas (RFP) debe tener autoridad para tomar medidas de cumplimiento
a nivel administrativo. Sin una autoridad independiente que negocie acuerdos o imponga
sanciones, el RFP depende completamente de otros organismos gubernamentales y de
los tribunales para reforzar las leyes de financiamiento político.
El
cumplimiento no necesariamente requiere la imposición de sanciones
administrativas o el recurso a los tribunales civiles o penales. Siempre que
proceda, los enfoques no legales -como la capacitación, la conciliación o la
exposición pública ("avergonzar/humillar") - pueden resolver problemas de incumplimiento
con mayor rapidez y a bajo costo.
La educación y la capacitación
Un
método para fomentar el cumplimiento es proporcionar educación y capacitación a
los participantes electorales regulados. El RFP puede llevar a cabo seminarios
de capacitación, y/o publicar manuales en lenguaje sencillo o resúmenes de las
leyes y reglamentos aplicables. La capacitación no sólo puede ayudar a promover
una cultura de cumplimiento, sino que también a empoderar a los partidos y a
los propios candidatos a supervisar sus propios informes y actividades
financieras, y a corregir errores involuntarios. El sistema también debe
fomentar la auto-vigilancia al reducir las sanciones por errores o violaciones
que los mismos participantes reportan, o al tratar la autocorrección como un
factor atenuante.
La negociación
El
incumplimiento también puede resolverse mediante negociaciones informales,
tales como conferencias, conciliación y resolución alternativa de controversias.[1] En general, las
negociaciones dan lugar a un acuerdo de cumplimiento o conciliación: la entidad
informante reconoce una violación, y acuerda realizar ciertas acciones, pagar
una multa civil u ofrecer otras soluciones. La mejor práctica es hacer de todos
los acuerdos una cuestión de dominio público.
En
particular, si el RFP no tiene autoridad directa para imponer sanciones
administrativas o emprender acciones legales contra los infractores, la
negociación y la conciliación también pueden ser herramientas valiosas para conseguir
un mayor cumplimiento de las leyes de financiamiento político. Los mecanismos
alternativos de solución de controversias ofrecen varias ventajas:
•
la resolución más rápida de las controversias;
•
un papel activo de los participantes electorales u otros demandados en la
determinación de la solución de sus casos; y
•
la reducción de costos y de recursos en comparación con los mecanismos
tradicionales de cumplimiento.
La “humillación” como sanción
Dado
que la publicidad es parte vital de la política, una de las técnicas no legales
de cumplimiento más eficaces es la exposición pública ("avergonzar/humillar").
Un ejemplo de ello es la divulgación pública de los informes finales de
auditoría realizados a los partidos políticos/candidatos, a través de su publicación
impresa o en el sitio web del RFP. Esto promueve la conciencia pública, la
información y la educación. También puede convencer a las entidades informantes
de corregir problemas en la presentación de informes durante el proceso de
auditoría, a menos que sus violaciones se vuelvan de conocimiento común. Otra
sanción vergonzosa es la publicación en la web de una lista negra de partidos
políticos/candidatos que se hayan infringido la ley.
La
cobertura de la prensa es clave en el proceso de avergonzar. El departamento de
prensa del RFP puede promover el cumplimiento al informar a los medios de
comunicación acerca de las medidas de control conforme se van tomando, y al
realizar sesiones informativas periódicas para los periodistas sobre los
requisitos de financiamiento político que deben cumplir los participantes
electorales.
Las sanciones
administrativas
Las
sanciones no legales dependen, en última instancia, de la buena voluntad de los
participantes electorales regulados, y las sanciones civiles o penales de la
buena voluntad del organismo regulador o encargado de la aplicación de la ley.
De ahí la necesidad de que la autoridad imponga sanciones administrativas. En
muchos países, el propio RFP puede imponer penas o sanciones monetarias contra
partidos políticos, candidatos u otros actores electorales. A menudo, establece
un proceso cuasi judicial para juzgar las violaciones a la ley de
financiamiento político.
El
proceso para determinar infracciones y/o evaluar sanciones debe variar de
acuerdo con la gravedad de la posible ofensa/sanción. La mejor manera de
manejar las violaciones menores (por ejemplo, la presentación tardía o
incompleta de los informes financierons) puede estar bajo un estándar “muy
estricto de responsabilidad”, con un mínimo de procedimientos formales para
imponer multas menores. Por ejemplo, los RFP en Canadá y Estados Unidos
administran un sistema de multas menores para castigar infracciones menores y
fomentar el cumplimiento voluntario.[2] Una audiencia de tipo
judicial generalmente es innecesaria en estas circunstancias, y las normas del
debido proceso normalmente se pueden cumplir, simplemente notificando de manera
adecuada a la entidad infractora así como dándole una oportunidad de responder.
Este sistema se parece a la emisión de boletos para el estacionamiento ilegal
en muchas ciudades; la gran ventaja es que es fácil y barato de administrar.
Cualquier sanción monetaria debe ser proporcional a la infracción, pero lo
suficientemente seria para tener un efecto disuasorio.
Para
una infracción más compleja o que involucre un propósito específico o incluso responsabilidad
civil, el RFP puede establecer un proceso de audiencia cuasi judicial para garantizar
que el caso se juzgue de manera apropiada y otorgar al actor electoral infractor
la valiosa oportunidad de ser escuchado. El proceso generalmente comienza con
la notificación de que se han presentado cargos y que el actor electoral tiene
el derecho a comparecer para impugnarlos. El fallo administrativo puede tener
lugar ante una comisión nombrada por el RFP, o puede ser asignada a un juez de
derecho administrativo en el sistema general del tribunales administrativos. Sin
importar quien actúe como árbitro, el acusado tiene derecho a un juicio
imparcial, políticamente neutral. Además, el debido proceso demanda que el actor
electoral, ya sea en persona o por escrito, tenga la oportunidad de defenderse
presentando pruebas y de analizar las evidencias presentada por los
funcionarios.
[1]
IDEA Internacional, El financiamiento de
los partidos políticos y las campañas electorales, op. cit., p. 151.
[2] IFES, “Enforcing
Political Finance Laws …” op. cit (2005), p. 32.
