Las leyes que regulan el financiamiento de las
campañas electorales, los candidatos y los partidos políticos generalmente
están destinados a lograr todos o algunos de los siguientes objetivos
políticos:
- Impedir la corrupción, la influencia indebida de
las grandes fortunas y/o de los intereses particulares, el mal uso de los
recursos estatales, la compra de votos y otras formas de fraude electoral;
- Garantizar la equidad e imparcialidad en los
recursos financieros disponibles para los candidatos y los partidos (es decir,
“igualdad de condiciones");
- Promover una competencia justa entre partidos y
candidatos;
- Limitar el gasto general en las campañas
electorales y las actividades políticas; y
- Fomentar la transparencia y el acceso de público a
la información sobre el financiamiento de las campañas al definir requisitos
para los informes financieros, para que la información valiosa llegue a los
electores y las leyes/reglamentos para el financiamiento de campañas puedan cumplirse
de manera efectiva.
Estos propósitos cumplen un objetivo más grande:
alentar el respeto por el proceso electoral y las instituciones políticas, y
fomentar la confianza pública.
La necesidad de impedir la corrupción es la
justificación más comúnmente dada para regular el financiamiento político. Una
sociedad puede ver el proceso político como vulnerable a la influencia
indebida, excesiva o secreta del dinero y otros recursos. Por consiguiente,
puede prohibir el financiamiento político de algunas fuentes (por ejemplo, los
donantes extranjeros) y puede limitar las contribuciones de fuentes legales en
términos de la cantidad que a cualquier donante se le permite dar a un partido
político o candidato.
A una sociedad le puede preocupar que unos pocos
donantes importantes o intereses especiales puedan volverse excesivamente
dominantes o adquirir una influencia excesiva sobre los partidos políticos, los
candidatos, otros actores electorales y los funcionarios. Su preocupación puede
ser que aquellos que ejercen influencia puedan tener el poder de distorsionar
las políticas públicas, desviar los recursos públicos, amenazar la integridad
de las elecciones y debilitar la democracia.
Incluso sin corrupción visible o percibida, una sociedad
puede hallar excesiva la cantidad de dinero que se gasta en la actividad
política y las campañas electorales, y muy distractora la recaudación de fondos
para los partidos, candidatos y otros actores electorales. En los Estados
Unidos, en donde fluyen enormes cantidades de dinero para los políticos durante
las elecciones, las interpretaciones de la libertad de expresión ("Primera
Enmienda") y los desacuerdos a nivel regulatorio (los miembros de la Comisión
Federal de Electoral están igualmente divididos entre los dos partidos
políticos principales) han limitado la regulación del financiamiento político.
Además, en virtud de la decisión de la Suprema Corte
de los Estados Unidos en el caso Buckley vs. Valeo[1] las contribuciones por
financiamiento político se han interpretado efectivamente como una forma de
libertad de expresión política, no sólo por parte de las personas y de la
sociedad civil, sino también de los intereses comerciales. Este enfoque se
fortaleció de manera considerable en el caso más reciente de Ciudadanos Unidos
vs. La Comisión Federal de Electoral.[2] Pero, desde el punto de
vista procedimental, se ha observado que las opiniones de los jueces en este
último caso permiten mejorar la rendición de cuentas del financiamiento
político, incluso mediante la publicación de la identidad de los donantes,
incluyendo las entidades comerciales, y el alcance de sus contribuciones.
Por lo tanto, cada democracia se enfrenta a
importantes decisiones políticas sobre regular el financiamiento político, y
especialmente sobre restringir las fuentes de financiamiento, así como con la
manera en la que los partidos políticos y los candidatos pueden gastar los
recursos. Al tomar esas decisiones, cada país puede encontrar orientación en
varios modelos. Debe elegir lo que es apropiado para su cultura y
circunstancias políticas. Debe adoptar políticas que se puedan implementar de
manera efectiva por sus órganos administrativos y los encargados de aplicar la
ley. También debe reconocer que imponer restricciones a la libertad de
expresión y establecer cargas reglamentarias a los actores electorales -incluso
cuando son bien intencionadas- podría dañar la vigorosa competencia en el
mercado político de las ideas.
Establecer
el marco legal
Una cuestión clave de la integridad electoral, y una
de las primeras que se necesitan abordar, es el proceso para adoptar las leyes
sobre financiamiento político. Idealmente, un órgano legislativo elegido de
manera legítima es quien redacta y aprueba estas leyes. Un poder ejecutivo
puede hacer aportaciones al proceso legislativo y con frecuencia debe dar su
aprobación final. Todo el proceso se realiza a plena vista del público a través
de los medios de comunicación, y una sociedad civil informada y organizada
tiene la oportunidad de contribuir. Es más probable que esto ocurra en las
democracias establecidas, que en los países que transitan de regímenes
autoritarios o conflictos.
En Rusia
en 1993, por ejemplo, un decreto presidencial estableció el marco legal para
las elecciones parlamentarias post-socialistas, incluidas las reglas para el
financiamiento de las campañas. En Mozambique en 1993 y 1994, una Asamblea
Nacional dirigida por el partido gobernante (Frente de Liberación de
Mozambique) promulgó disposiciones electorales sobre los subsidios públicos
para los partidos políticos. A la legislación le siguieron las importantes negociaciones
después de los conflictos con la principal fuerza política (una ramificación de
los ex rebeldes de RENAMO) y otros partidos, y éstas
continuaron hasta las elecciones. En Indonesia, en 1999, después del colapso
del mandato de 32 años del presidente Suharto, los miembros de una legislatura
que habían sido elegidos en las elecciones controladas por el régimen de
Suharto fueron quienes promulgaron una ley electoral.
En cada uno de estos ejemplos, el proceso de
adopción del marco legal para el financiamiento de las campañas fue imperfecto.
Sin embargo, debido a que algunos elementos políticos participantes recién
formados fueron capaces de ejercer influencia suficiente, en gran medida las
leyes electorales fueron aceptadas. Y como resultado, fue posible celebrar
elecciones exitosas. Las leyes aprobadas bajo tales circunstancias con
frecuencia contienen sólo disposiciones rudimentarias sobre financiamiento
político, pero éstas pueden ser un punto de partida para reflejar las
principales preocupaciones políticas del país. En las elecciones posteriores,
los países mencionados introdujeron incorporaciones y mejoras al marco legal
para la regulación del financiamiento político (aunque con resultados mixtos en
términos de eficacia y cumplimiento). Incluso las democracias bien establecidas
necesitan revisar y revisar sus leyes sobre financiamiento político de manera
periódica en un proceso legislativo justo y abierto.
El
Regulador del Financiamiento Político
Una vez que existe un proceso legítimo para
desarrollar el marco legal para las elecciones, el siguiente tema crítico es otorgar
autoridad legal al organismo que implementará y aplicará las leyes sobre
financiamiento político. Conocido como el regulador del financiamiento político
(RFP), este organismo puede ser responsable de:
- elaborar e implementar normas que aclaren y definan
los objetivos políticos de las leyes sobre financiamiento político;
- administrar las normativas sobre los subsidios
públicos para quienes participen en las elecciones y los requisitos para
informar acerca del financiamiento político; y
- hacer cumplir las restricciones legales sobre
financiamiento y las obligaciones de información a través de procesos
administrativos o cuasi judiciales.
Estas responsabilidades a menudo se le asignan a la
autoridad electoral general (por ejemplo, una comisión nacional electoral),
pero algunas de ellas o todas se les pueden delegar a otros organismos
gubernamentales permanentes o especiales. Para los reguladores del
financiamiento político, así como para los órganos de administración electoral
en general, es importante la independencia, la imparcialidad y la capacidad
institucional. La equidad y la transparencia son tan cruciales al designar los
miembros de los RFP, como los son al designar a los administradores electorales.
