Las
auditorías son cruciales para el trabajo del regulador de del financiamiento
político (RFP). Una auditoría financiera analiza la documentación de las contribuciones
y gastos, estados de cuenta bancarios y otros registros financieros de un
partido político, candidato u otro participante electoral. La auditoría tiene
varios propósitos:
- Verificar la divulgación y la presentación de informes sobre las
contribuciones, los gastos y los pasivos;
- Determinar si los participantes electorales están cumpliendo con las leyes de financiamiento
político;
- En los sistemas de financiamiento público, determinar si los recursos,
donaciones o gastos fiscales obtenidos se generaron de manera legítima. También
garantizar que los fondos públicos se utilizaron sólo para fines adecuados,
vinculados con fines políticos, no para uso o ganancia propia.
- Proporcionar información valiosa al público sobre las contribuciones y los
gastos de los participantes electorales, así como de la evaluación del RFP sobre
la precisión y exhaustividad de los informes financieros de cada participante.
A
las auditorías se les reconoce cada vez más como esenciales para el
cumplimiento del financiamiento político. Pero las políticas de auditoría
varían considerablemente: algunos países llevan a cabo auditorías completas de
todos los informes sobre financiamiento político, mientras que otros no prevén
ninguna supervisión de auditoría en absoluto. Algunos países puede que ni
siquiera exijan contabilidad básica y el mantenimiento de registros financieros
regulares, sin los cuales es imposible auditar de manera efectiva a un
participante electoral.
La elección del auditor
La
selección de auditores difiere dependiendo del país y el tema de la auditoría.
Las cuentas de un partido político o de una campaña electoral las puede auditar
un auditor profesional e independiente seleccionado directamente por el
partido/candidato, o bien por el RFP u otra agencia gubernamental competente,
como la autoridad fiscal.
En
Austria, por ejemplo, cada partido
político debe designar un auditor independiente para certificar que ha utilizado
su subsidio público de conformidad con las leyes de financiamiento político.
Antes de presentar sus informes de divulgación, el partido debe obtener una
certificación del auditor independiente confirmando que el informe financiero
del partido constituye un informe imparcial de las transacciones financieras
del partido.
Aunque
la práctica en Austria garantiza que existe
una revisión independiente de los informes de los partidos, no existe ninguna
regulación que prevea que el RFP u otro organismo público verifiquen los
informes.[1] Si se requiere que un
candidato o partido seleccione un auditor privado, la ley debe establecer
normas claras para elegir auditores profesionales, y debe especificar cómo y
cuándo se realizará la auditoría. Además, el RFP debe conservar alguna
autoridad de supervisión sobre el proceso.
En
Polonia, los auditores de los informes
sobre financiamiento político se seleccionan por sorteo para garantizar su imparcialidad
política y profesionalismo.[2]
La elección de las
entidades que se van a auditar
En
algunas jurisdicciones, el RFP realizará una auditoría completa de cada partido
y candidato en una elección, o requerirá que todas los partidos/candidatos
contraten a un auditor independiente para revisar su información financiera. Si
el RFP carece de recursos para auditar exhaustivamente los informes de
divulgación de todas las entidades que presentan informes, puede auditar una
muestra al azar durante el ciclo electoral. Otra práctica consiste en auditar
sólo a los partidos o candidatos que reciben subsidios públicos, que muestran señales
de problemas o irregularidades en el financiamiento político, o que son objeto
de denuncias externas.
Sin
embargo, no todos los RFP tienen esta autoridad. La Comisión Federal de
Elecciones en los Estados Unidos, por ejemplo, no está facultada para realizar
auditorías al azar. Puede auditar a un partido político o al comité de campaña
del candidato solamente cuando la entidad informante no ha cumplido ciertos
requisitos mínimos de la Ley Federal de Campañas Electorales.
Niveles de revisión
Por
último, el escrutinio aplicado en la auditoría depende de la práctica del RFP y
de la experiencia de los auditores. Y puede incluir:
- las auditorías de campo y visitas a las oficinas de los partidos/candidatos
para establecer que estén cumpliendo con los requisitos básicos para registrar
su actividad financiera y conservar la documentación de apoyo adecuada;
- la revisión de las declaraciones de información financiera por presuntas irregularidades
o violaciones en la presentación de informes;
- la revisión de la documentación de respaldo para garantizar que corrobora los
informes;
- la evaluación de la actividad financiera general de una entidad informante, y
la comparación con las prácticas normales o promedio de otros partidos/candidatos;
y/o
- el análisis más detallado de la documentación que muestre signos de fraude,
como las firmas aparentemente falsificadas o la información indebidamente alterada.[3]
Comunicación entre el
auditor y la entidad informante
Mientras
se realiza la auditoría, a menudo es útil que el RFP informe al
partido/candidato sobre los problemas en la presentación de informes o
documentación. Esto ofrece la oportunidad para corregir los problemas o
complementar los informes originales y la documentación. Este intercambio de
información ayuda a promover el cumplimiento de los requisitos de divulgación,
eliminando la necesidad de procedimientos administrativos o sanciones legales.
El RFP puede formalizar el proceso al facilitar un informe preliminar de la
auditoría al partido o candidato que se auditó, con una petición de respuesta a
las conclusiones preliminares y la corrección de los problemas pendientes antes
de que el RFP emita sus conclusiones finales de
auditoría.
Informe de auditoría
Después
de que se complete la auditoría, el RFP con frecuencia emite un informe escrito
describiendo el alcance de la auditoría y presentando los fundamentos reales y
legales que dan soporte a las conclusiones. El informe da cuenta de la evaluación
del RFP sobre el cumplimiento de la ley por parte del participante electoral, e
indica cualquier acción correctiva requerida. La presentación pública del
informe cumple una función importante de divulgación pública, poniendo la
información que contiene a disposición de los medios de comunicación y las
organizaciones de la sociedad civil.
[1]
IDEA Internacional, El financiamiento de
los partidos políticos y las campañas electorales, op. cit., p. 150.
[2] IFES, Enforcing Political Finance Laws: Training Handbook, p. 2005, op. cit., p. 43.
