Se
puede justificar una investigación sobre las actividades financieras de un
participante electoral si se presenta un informe sobre financiamiento político
incompleto o incorrecto, o si el regulador del financiamiento político (RFP)
tiene motivos para sospechar de una violación a la ley. Mientras que los RFPs
pueden ser reacios a realizarlas, las investigaciones son cruciales para el proceso
de detección. Si un RFP tiene su propia capacidad de investigación, por sí
mismo puede identificar y analizar las violaciones al financiamiento político
sin recurrir a la cooperación de otras entidades gubernamentales.
Una
investigación puede:
- recopilar información general sobre las actividades financieras del
participante electoral, incluidos los registros bancarios y de proveedores;
- reunir testimonios de empleados, contribuyentes y otros testigos a través de
entrevistas u otros medios; y/o
- recopilar evidencias de violaciones al financiamiento político para su uso en
procedimientos administrativos, civiles o penales.
El
RFP puede decidir iniciar una investigación basándose en su propia revisión y
auditoría interna del participante electoral, o en respuesta a una causa
externa, como una queja o un informe de prensa. Si el RFP tiene un sistema
eficaz de auditoría y revisión, la mayoría de los errores de los informes y las
posibles violaciones al financiamiento político pueden detectarse internamente.
Sin embargo, incluso el sistema más avanzado de monitoreo del financiamiento
político, se beneficiará de un mecanismo de supervisión externo.
Muchas
jurisdicciones tienen un procedimiento de quejas que permite a los ciudadanos
reportar sobre problemas de financiamiento político o presuntas violaciones
legales por parte de los partidos políticos, candidatos u otros actores
electorales.
Además
de las denuncias, el RFP debe estar facultado para iniciar una investigación en
respuesta a la información recibida de otras fuentes, incluyendo otras agencias
gubernamentales, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales.
El
RFP puede tener la autoridad para llevar a cabo una investigación de campo por
sí mismo, o bien puede remitir un caso a otra agencia gubernamental o contratar
a un investigador privado. En Polonia, por ejemplo, la Comisión Nacional
Electoral puede remitir los casos a la autoridad fiscal para la investigación.[1] Con una violación penal
potencial, el RFP a menudo remitirá el asunto a la autoridad federal o estatal
competente encargada de aplicar la ley o a la oficina del fiscal. Remitir una
investigación a otra agencia gubernamental preserva los recursos de la RFP,
pero también deja a esa agencia la decisión de investigar o no la presunta
violación.
Al
investigar las posibles violaciones del financiamiento político, la agencia
responsable debe respetar los derechos legales de los sospechosos o los testigos,
e informarles que se está realizando una investigación. En una investigación
penal, pueden aplicarse derechos adicionales del debido proceso a un sospechoso
bajo interrogatorio, tales como el derecho a un abogado o el derecho a
abstenerse de autoincriminarse. Debe tenerse especial cuidado en garantizar que
toda evidencia reunida en una investigación es admisible en un tribunal
administrativo, civil o penal.
Los
medios de comunicación o las organizaciones no gubernamentales y otros grupos
de la sociedad civil pueden emprender una investigación externa. Tal
investigación podría alentar a un RFP renuente o estancado a que lleve a cabo
una investigación oficial. De forma alternativa, el grupo externo puede referir
la evidencia que reúne en su investigación al RFP o a una autoridad reguladora gubernamental
o fiscal para medidas adicionales.
[1] IFES, Enforcing Political Finance Laws:
Training Handbook, 2005, op. cit., p. 45.
