La
decisión de procesar generalmente la toma una agencia u oficina fiscalía. Con
frecuencia, ésta es una institución distinta de la agencia de investigación;
esta separación es parte del sistema de pesos y contrapesos que protege a los
ciudadanos de la arbitrariedad de las acciones coercitivas.
El
cumplimiento de la integridad electoral requiere que la decisión de enjuiciar
se tome de manera objetiva con base en una revisión cuidadosa del caso, del
peso de la evidencia y de la justificación para procesar.
Revisión objetiva
Al
decidir si se inicia o no un procedimiento, los fiscales por lo general
realizan una revisión objetiva y exhaustiva del caso. Dicha revisión debe
considerar las siguientes cuestiones:
- ¿Qué leyes se violaron?
- ¿Las acusaciones están fundamentadas en hechos, y
existen testigos creíbles y confiables dispuestos a testificar en el tribunal?
- ¿Hubo intención criminal por naturaleza?
- ¿Cuáles son las probabilidades de obtener una
condena?
En
algunos sistemas, los fiscales son oficiales electos. Esto significa que son
susceptibles a la opinión pública y a las implicaciones políticas de un caso en
particular, especialmente, los casos de fraude electoral que involucran a
políticos. Aunque la opinión pública puede influir en la decisión de un fiscal,
también puede hacer que las conclusiones del fiscal sean más responsables que
las opiniones de un policía o investigador, quienes son servidores públicos. Si
a los electores no les gusta el estilo o los resultados de un fiscal, pueden
destituirlos de su cargo en la elección subsecuente.
A pesar
de la necesidad de satisfacer a la opinión pública, los fiscales deben
esforzarse por ser imparciales y aplicar la ley de manera justa y uniforme. Su
revisión de la denuncia y de las evidencias supone conducir a una evaluación
objetiva sobre si se justifica el procesamiento. En el caso de un procesamiento
injusto o sin fundamento, el recurso está disponible a través de mecanismos
proporcionados en el proceso de monitoreo de la aplicación de la ley o a través
de procesos de apelación.
Factores de interés público
Algunos
sistemas utilizan el criterio de “interés público” para decidir si un caso debe
procesarse. Ésta probablemente sea una decisión subjetiva, influenciada por el
contexto social y político de un país.
Por
ejemplo, Elecciones Canadá decide
procesar tomando en cuenta factores como la seriedad del delito, las
circunstancias agravantes o atenuantes, el grado de responsabilidad del
sospechoso, las alternativas efectivas del procesamiento, el efecto posible de
un procesamiento en el orden público o la confianza pública en la integridad de
la ley, la necesidad del efecto disuasorio, los recursos disponibles, el límite
de tiempo para iniciar un juicio, las secciones de la legislación que pueden
impugnarse, y la conveniencia de aplicar las mismas reglas de manera uniforme
en todo el país.[1]
En
Estados Unidos, los fiscales deben tener en cuenta que la sociedad está
dispuesta a tolerar determinados comportamientos o conductas en las campañas
electorales que no acepta en actividades comerciales, personales o
gubernamentales. Por lo tanto, como regla general, el delito de “fraude
electoral” solamente contempla los esfuerzos organizados por socavar el proceso
electoral – esto es, el registro electoral, la emisión del voto, el conteo de
votos y la certificación de los resultados electorales. Esta definición excluye
todas las actividades relacionadas con hacer campaña política, a menos que a esas
actividades se les considere ilegales bajo una ley específica (por ejemplo, hurtar
bienes de la campaña de los adversarios, irrumpir en las oficinas de los
adversarios o violar las leyes sobre financiamiento de las campañas). Los
procedimientos penales, rara vez, se realizan en respuesta a lo que los
candidatos hicieron o dijeron durante la campaña.[2]
Es por
ello, que los fiscales deben considerar si es preferible una acción
administrativa u otro método en lugar del procesamiento.
Procesamiento nacional o local
Dentro
del sistema judicial, la jurisdicción de un caso se determina, principalmente,
por las leyes que fueron violadas. En un sistema federal, en donde existen
leyes nacionales, estatales y locales, un delito electoral puede implicar una
violación tanto a la ley nacional como a la estatal. Las cuestiones de
integridad pueden estar involucradas en la decisión sobre el tribunal que
debería llevar el caso. ¿Un caso políticamente sensible puede tratarse de
manera más objetiva en una corte nacional o en una local? ¿Los fiscales locales
se involucrarán en un caso políticamente sensible, que pueda tener mayores
repercusiones?
Debido a
que los asuntos de fraude electoral son políticamente sensibles, los fiscales
locales (a quienes, por lo general, se elige) pueden dudar encargarse de ellos.[3] Estas
cuestiones deben tomarse en cuenta al determinar el organismo que procesará el
caso y quien puede garantizar que los procedimientos se conduzcan con
integridad.
[1] Elecciones Canadá,
Commissioner of Canada Elections, Investigators'
Manual [Manual del Investigador], 2004.
[2] Donsato,
Craig, “The Federal Crime of Election Fraud”, Proceedings of the Third Annual Trilateral Conference on Electoral
Systems [El delito Federal del Fraude Electoral”, Actas
de la Tercera Conferencia Anual Trilateral sobre Sistemas Electorales], IFES,
op. cit.
[3] Donsato,
Craig, “The Federal Crime of Election Fraud”, supra, p. 1.
