En
algunos sistemas, el regulador del financiamiento político (RFP) tiene la autoridad
para presentar una acción civil en los tribunales generales, solicitando la
indemnización monetaria o legal (cautelar) en caso de que pareciera que un
participante electoral violó las leyes sobre financiamiento político. Además,
el RFP puede que tenga que entablar una acción contra el infractor en el
sistema civil para hacer cumplir las órdenes administrativas y las sanciones si
no son suficientes o auto ejecutables.
La
ventaja del control civil es que el RFP no necesita depender de las autoridades
encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley para emprender alguna acción
legal, como es el caso de los procesos penales. En caso de que un RFP sea ineficaz
o carezca de recursos, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los litigantes
privados pueden intentar presentar una demanda civil. Con frecuencia, una ONG puede
demandar en nombre de sus miembros o del público en general para garantizar que
los candidatos y los partidos políticos cumplan con la ley.[1]
En
algunos países (por ejemplo, Georgia),
los observadores nacionales acreditados pueden presentar quejas electorales. Y
en los casos civiles iniciados por el RFP, los grupos de la sociedad civil y las
personas independientes (tales como los académicos) pueden proporcionar
investigación útil y argumentos legales presentando observaciones amicus curiae
("amigo de la corte") en
apoyo del RFP. Incluso un candidato o una campaña puede fomentar el
cumplimiento al entablar la demanda en virtud de las leyes de financiamiento
político basándose en el daño sufrido en el proceso electoral. Del mismo modo,
un candidato o partido potencialmente podrían interponer un recurso contra el
Estado, si la respuesta de la administración electoral a una violación por otro
participante electoral es ineficaz.[2]
El
control se fortalece si el propio RFP puede iniciar el proceso penal por
delitos de financiamiento político o puede remitir los casos a otro organismo
gubernamental con la autoridad para instituir procedimientos penales. Sin
embargo, la mayoría de los países no facultan al RFP para iniciar o llevar a
cabo enjuiciamientos por violaciones penales a las leyes de financiamiento
político. Una excepción es Canadá,
donde el RFP puede iniciar una investigación y designar personal para llevarla
a cabo. El RFP canadiense también puede iniciar enjuiciamientos por delitos
bajo las leyes de financiamiento político.[3]
Los
enjuiciamientos tienen dos desventajas:
•
Casi siempre tienen lugar después de las elecciones. Como resultado, al tomar
sus decisiones de votación, los electores no tienen el beneficio de conocer los
hechos de cualquier posible violación que pudiera surgir del proceso.
•
El PFR normalmente debe confiar en la discreción de los fiscales y en la buena
fe de las agencias de aplicación de la ley para procesar las violaciones
criminales de las leyes de finanzas políticas.
Así,
la experiencia demuestra que, en lugar de las severas sanciones penales, las
multas monetarias y la amenaza de retirada de los subsidios públicos suelen ser
formas más eficaces de hacer cumplir la ley.[4]
En
la República de Corea, por ejemplo,
el Comité Central Electoral debe transferir a las autoridades de investigación
criminal todas las investigaciones y enjuiciamientos de violaciones de los
límites de gastos y los requisitos de divulgación, que deciden si la pena de
prisión o las multas son apropiadas.[5] La decisión de perseguir
sanciones penales cambia así toda la autoridad de ejecución a la agencia
encargada de hacer cumplir la ley, y este organismo no puede dar prioridad a
las violaciones de las finanzas políticas o puede ser vulnerable sujeto a
presiones políticas.
Específicamente
en los países en transición, la decisión de procesar a líderes políticos o
candidatos no siempre se hace objetivamente y no puede basarse en una revisión
detallada del caso.[6]
Por ejemplo, en las elecciones parlamentarias de Polonia de 1993, decenas de
comités de campaña no hicieron divulgaciones oportunas, ni ninguna revelación.
A pesar de ello, la Fiscalía decidió suspender los procedimientos en 58 casos
de violaciones de las finanzas políticas que consideró que eran socialmente
inofensivos.[7]
[2] Ver
PIDCP, Art. 2.3 (recurso efectivo y enjuiciamiento); ver también ACNUDH,
Observación General N° 31 sobre el derecho a un recurso efectivo, op. cit.
[3] IDEA
Internacional, El financiamiento de los
partidos políticos y las campañas electorales, op. cit., p. 151; ver también Davidson, Diane R., “Enforcing Campaign Finance Laws: What
Others Can Learn from Canada” [Cumpliendo las Leyes de Financiamiento de
Campañas: Lo que se puede aprender de Canadá], Election Law Journal, 3(3),
2004, p. 537-544.
[4] IFES, Enforcing
Political Finance Laws, op. cit., pp. 30–31.
[5] IDEA
Internacional, El financiamiento de los
partidos políticos y las campañas electorales, op. cit., p. 151 – 152.
[6] IFES, Enforcing
Political Finance Laws, op. cit., pp. 33.
