Existen
muchos tipos de investigaciones. Los medios de comunicación con frecuencia
llevan a cabo sus propias investigaciones cuando informan sobre acusaciones de
fraude electoral u otros problemas electorales. Las ONG y los observadores electorales
nacionales también pueden investigar los problemas que encuentran y pueden
reunir pruebas. Posteriormente, informan sobre el problema o entregan la
evidencia a un fiscal del gobierno.
Los
grupos de ciudadanos y los medios de comunicación pueden desempeñar un rol
eficaz en garantizar que los problemas de integridad se investiguen de manera
extraoficial, si la falta de voluntad política o de recursos impide que se
lleve a cabo una investigación oficial. Las investigaciones no oficiales deben
respetar los derechos y la privacidad de las personas, y no deben interferir
con las investigaciones oficiales.
Investigaciones
Oficiales
Cada
país tiene su propio sistema para investigar las denuncias sobre violaciones
electorales. Los detalles del sistema generalmente se establecen en la
legislación y los reglamentos, los cuales facultan a un organismo en específico
o a varios para que traten estas cuestiones.
En
muchos sistemas, el mecanismo oficial de investigación es la policía, que
trabaja con el organismo de administración electoral o con un organismo de vigilancia.
En otros sistemas, la investigación es responsabilidad del organismo electoral
o de una oficina específica dentro de este organismo, como es el caso del Comisionado
de Elecciones Canadá, en Canadá.
En
los sistemas federales, el órgano investigador dependerá de la ley que se quebranta.
Por ejemplo, en los Estados Unidos existe una oficina dentro del Departamento
de Justicia encargada de los crímenes electorales federales, pero los estados atienden
las violaciones a la ley estatal. La Comisión Federal de Elecciones investiga
las violaciones de la ley sobre financiamiento de campañas, aunque pocos casos
se abordan de esta manera.
Una
investigación oficial procura determinar si se ha cometido una infracción o un
delito, revelar los hechos pertinentes y evaluar si estos indican quién es el
responsable. Si la investigación conduce a una hipótesis razonable de
culpabilidad, la información debe entregarse al organismo encargado de aplicar
la ley. El funcionario correspondiente (el fiscal en los casos penales)
generalmente determina si la evidencia justifica más acciones, y quién debe ser
acusado por ese crimen o violación.
Sin
embargo, en muchos casos determinar quién es el responsables no es posible o
incluso relevante para el resultado de una investigación de naturaleza
administrativa (en lugar de penal). Esto es cierto, por ejemplo, cunado un
organismo electoral investiga las denuncias de fraude u otras irregularidades.
Su objetivo principal, y más urgente, es en todo caso establecer si ocurrieron
algunas irregularidades y entonces corregir o eliminar su impacto en los
resultados de la elección. La cuestión sobre quién cometió la irregularidad
puede ser entonces un asunto secundario, o que puede atenderse sin la urgencia
que tiene la emisión de resultados electorales creíbles.
Investigar con integridad
Las
investigaciones relacionadas con la elección deben realizarse con los mismos
estándares de integridad que se esperan de los administradores y participantes
electorales. En general, mantener la integridad en una investigación requiere:
•
Independencia. Una investigación debe
ser objetiva e imparcial. Esto es difícil cuando se ejerce presión política
sobre los investigadores para obtener a un resultado determinado. Es más fácil
mantener la objetividad si el organismo investigador no depende de la
orientación, los recursos o el personal de otra agencia.
•
Neutralidad. El organismo de
investigación debe ser neutral, al igual que sus investigadores. Puede ser más
fácil mantener la neutralidad si el organismo es independiente políticamente y
si los funcionarios son empleados del servicio público en lugar de ser
designaciones políticas. La neutralidad también puede promoverse exigiendo que
los investigadores revelen los posibles conflictos de intereses en los casos
que se investigan y garantizando que ellos no participan en la investigación de
esos casos.
•
Jurisdicción. La jurisdicción de una
agencia de investigación sobre un caso en particular se determina
principalmente por las leyes se han quebrantado. Esto puede ser un problema
especialmente en un sistema federal donde se pueden llevar a cabo elecciones, a
veces de manera concurrente, en jurisdicciones nacionales, regionales y
locales.
•
Investigadores calificados. Los
investigadores deben ser profesionales que sepan investigar y reunir pruebas
que serán protegidas y admisibles en procesos administrativos o en un tribunal,
y cómo proteger los derechos de los testigos. De lo contrario, la investigación
podría ser inadecuada o la integridad de la investigación podría verse
comprometida.
•
Procedimientos efectivos. Los
problemas de integridad discutidos en esta sección pueden prevenirse mediante
el desarrollo de procedimientos operativos eficaces para la investigación y la
recopilación de información, con el objetivo de proteger/analizar las pruebas y
salvaguardar los derechos de los testigos y sospechosos.
•
Respeto por los derechos políticos y
civiles de los testigos y sospechosos. El PIDCP es la base jurídica
internacional para la protección de los derechos humanos civiles y políticos,
así como de los derechos humanos más generales. Con referencia a los derechos
de las personas que participan en los procedimientos judiciales, deben tenerse
en cuenta los comentarios pertinentes del Comité de Derechos Humanos de la ONU.[1]
•
Fecha. La fecha en la que se lleva a
cabo una investigación puede tener un impacto significativo en su integridad.
Si se inicia en medio de una campaña electoral, ésta puede utilizarse como arma política por algunos candidatos.
Sin embargo, no proceder cuando una investigación está justificada, podría
socavar la integridad del proceso. En resumen, se puede decir que una
investigación debe llevarse a cabo de manera muy oportuna para que las pruebas
y los testigos estén disponibles, pero sin perturbar el proceso electoral.
•
Fraude electoral. Las investigaciones de fraude electoral deben tratarse con
especial cuidado, para no desalentar a los electores de ejercer su derecho a
votar libremente.[2]
[1]
ACNUDH, Observación General N° 32, op.
cit.
[2] The Federal Crime of Election Fraud, Proceedings of the Third Annual Trilateral
Conference on Electoral Systems [Actas de la Tercera Conferencia Anual
Trilateral sobre Sistemas Electorales], IFES, 8-10 de Mayo,
1996, pág. 9. “Most voting fraud
investigations require that individual voters be interviewed concerning the
circumstances under which they voted or didn’t vote. … Such interviews should
generally not be conducted immediately prior to an election or while voting is
taking place. This is because having federal agents interview citizens about
the circumstances under which they voted (or did not vote) can easily ‘chill’
lawful voting activity by the interviewees, as well as voters similarly
situated. This is not an appropriate result.”
Donsanto, Craig. [Traducción no oficial: “La mayoría de las investigaciones
sobre fraudes electorales requieren que se interrogue a los electores sobre las
circunstancias bajo las cuales votaron o se abstuvieron de hacerlo. …En general, estas entrevistas no deben
realizarse previamente a una elección o durante ésta. Ya que si los agentes
federales lo hacen pueden “inhibir” fácilmente la actividad legal de votar de los
entrevistados, así como la de los electores en condición similar. Y esto no es
apropiado.” Donsato, Craig].
