Son los medios de comunicación los que hacen que el ejercicio de la libertad de expresión se convierta en una realidad.4
Las palabras de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos afirman de manera sucinta un principio que hoy es universalmente reconocido en la legislación internacional. El ejercicio de la libertad de expresión en una democracia tiene poco sentido si solo puede ser ejercida a nivel individual. La libertad de expresión no solo tiene que ver con lo que alguien le puede decir a su vecino, o escuchar de él. En lo esencial tiene que ver con la expresión de hechos y opiniones y la recepción de información a través de los medios de comunicación.
El tribunal internacional que ha ido más lejos en el desarrollo de este enfoque es la Corte Europea de Derechos Humanos. Ha resuelto que la libertad de los medios es vital para mantener informados a los ciudadanos:
La libertad de expresión pone al alcance del público uno de los mejores medios para descubrir y formarse una opinión sobre las ideas y actitudes de sus líderes políticos. En particular, les brinda a los políticos la oportunidad de reflexionar y comentar sobre las preocupaciones de la opinión pública; por consiguiente, le permite a todos participar en un debate político libre, que constituye el núcleo central del concepto de sociedad democrática.4
Los medios informan al público sobre temas de interés general y actúan como vigilantes del gobierno:
Le corresponde (a la prensa) comunicar información e ideas sobre temas de interés público. No sólo tienen la tarea de comunicar esa información e ideas; el público también tiene derecho de recibirlas. De otra forma, la prensa sería incapaz de desempeñar su función vital de "vigía público".4
Por tanto, de acuerdo con la Corte Europea, hay dos aspectos de esta función democrática de los medios: informar al público y actuar como fiscalizadores del gobierno. Ésta función no le impone responsabilidades particulares a ninguna estación o periódico. Más bien, le impone al gobierno el deber de asegurar que los medios son capaces de cumplir estas funciones. Este principio tiene claras implicaciones prácticas en el contexto electoral.
Los gobiernos pueden regular aspectos técnicos de las telecomunicaciones, de acuerdo con la Corte Europea. Las frecuencias deben ser distribuidas de manera justa y no discriminatoria. Los medios están sujetos a las leyes vigentes -en cuestiones como la difamación o la sedición- pero, como regla general, los gobiernos no pueden restringir los contenidos de sus transmisiones.
