El Informe Especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y Opinión ha establecido enfáticamente que los medios de comunicación no deben ser legalmente responsables por declaraciones ilegales que publican en el curso de las campañas electorales (ver La Obligación de Pluralismo). Este tema ha sido muy controversial en el pasado, con otras autoridades internacionales, tales como la Autoridad Transicional de las Naciones Unidas en Camboya, quienes tienen un punto de vista totalmente divergente. Asumir que los medios de comunicación no puedan ser procesados civil o criminalmente por verter información de actores políticos, refuerza una tendencia que fue rechazada, entre otros, por el Tribunal Constitucional Español. (ver Límites a la Responsabilidad Legal). Esta aproximación tensiona al máximo el derecho del público a ser informado acerca de lo que dicen los actores políticos -aunque sea ilegal y que potencialmente incite a la violencia. Puede ser agotante ya que esto es completamente diferente a una situación en donde los medios de comunicación deliberadamente incitan a la violencia. Ver, por ejemplo Discurso de Incitación al Odio o la Violencia - Ruanda.
Esta remoción de responsabilidad ha tenido implicaciones tanto para la cobertura de noticias como en el acceso directo de los programas. Significa, por ejemplo, que los diarios o radiodifusores no pueden rehusarse a transmitir acceso directo o material propagandístico de un partido sobre la base de que pueden exponer al medio de difusión a un proceso legal. El Tribunal Constitucional en Alemania, por ejemplo, decidió que esta era una materia de los Tribunales para decidir, no los medios (Ver ¿Regulación Sobre los Contenidos de los Materiales de Acceso Directo?). Sin embargo, esto únicamente es razonable para colocar a los medios de comunicación en una situación donde sean percibidos de forma definitiva como irresponsables. Si un radiodifusor es susceptible de ser procesado por el contenido de sus programas, debe tener el derecho de rehusarse a transmitirlo. UN Rapporteur on Freedom of Expression: Report 1999.
