Cuando las campañas electorales se tornan violentas, los periodistas parecen estar en el lugar más reñido de la misma. Desafortunadamente, el peligro a menudo forma parte del trabajo de los reporteros, sin embargo es responsabilidad de los gobiernos y de las instituciones electorales asegurar que ese peligro se mantenga en su nivel más bajo.
Cualquier ataque que atente contra la integridad física de los corresponsales o interfiera con su trabajo, está calificado como delito bajo la ley ordinaria del país. Sin embargo, en virtud de la particular importancia de los medios de comunicación en las elecciones, algunos países han definido algunas ofensas relacionadas con ataques sobre periodistas en una elección. Por ejemplo, La sección 8 del Acta Electoral de Sudáfrica castiga las faltas contra periodistas con una multa de R200,000, prisión o descalificación de su participación en las demás actividades de la elección.
El corolario para esta situación es que la ley restringe la libertad de los medios y el salvoconducto del periodismo debe ser rechazado con anticipación al desarrollo de la elección. Parte de la seguridad del periodista estriba en que su comportamiento no llegue a convertirse en un riesgo susceptible de arresto para la suspensión de las actividades profesionales ordinarias. Esto podría incluir, por ejemplo, que la policía o el poder judicial obligaran al periodista a divulgar fuentes de información confidenciales.
Asimismo, es tan importante como la propia ley, el contenido del mensaje que claramente se difunde entre todas las personas involucradas en la elección. Los organismos involucrados, como la Federación Internacional de Periodistas, generalmente recomiendan que los gobiernos (y las autoridades electorales) hagan una clara declaración al inicio de la campaña electoral informando a todos los partidos políticos y las agencias gubernamentales que los medios de comunicación representan una parte esencial del proceso democrático - y cualquiera que los prevenga de ir en contra de los lineamientos establecidos en su trabajo tendrá que enfrentarlos utilizando la fuerza de la ley en su totalidad. Por supuesto que el peligro de los periodistas no viene únicamente de los activistas partidistas -a menudo están bajo riesgo de las fuerzas de la ley entrenadas en un contexto de dictadura. De ahí la importancia de las instrucciones claras al público -con el consiguiente sobre-entendimiento de que cualquier ataque será investigado y sus perpetradores presentados ante la justicia.
Los códigos de conducta que rigen el accionar de los partidos a menudo son un dispositivo utilizado en situaciones presumiblemente violentas. En ellos se debe incluir declaraciones donde claramente se determine la importancia de los medios de comunicación en un proceso electoral y la necesidad de abstenerse de atacarlos.
La protección física de los periodistas puede implicar más dificultades debido a que la presencia policiaca puede interferir con la libertad de los medios para conseguir información. No obstante, las fuerzas policiales deben estar instruidas sobre la responsabilidad para proteger a los periodistas en contra de cualquier ataque, físicamente si es necesario.
La Federación Internacional de Periodistas cuenta con una serie de consejos prácticos sobre este tema (ver International Federation of Journalists: Election Reporting Handbook).
