Probablemente ningún otro aspecto de la administración de elecciones esté más determinado por el contexto social y político que el funcionamiento de los medios de comunicación. Básicamente, ésto se puede apreciar en dos dimensiones interrelacionadas:
- El nivel de desarrollo económico y social del país, con sus implicaciones para las estructuras, la propiedad y audiencia de los medios.
- La experiencia con que cuenten los medios en reportar elecciones democráticas - y con qué tanta libertad han contado en el pasado.
Se ha convertido en un lugar común hablar de la globalización de la información. De igual forma, muchos deploran la "americanización" de las campañas electorales, refiriéndose al uso de lustrosas imágenes televisivas con escaso contenido sustantivo. Pero aunque estas opiniones aparentemente proceden de distintas perspectivas, se basan en el mismo presupuesto: que son ciertos tipos de medios y ciertos tipos de lenguajes de campaña los que prevalecen en todo el mundo. Eso dista mucho de ser cierto.
Debido a la pobreza, grandes contingentes de electores no tienen acceso a la televisión. Muchos otros están imposibilitados de leer los diarios por una mezcla de pobreza y falta de educación (si bien de manera sorprendente, la lectura de diarios es mayor que el acceso a la televisión en muchos países del sub-Sahara en África). Por lo que si bien no hay duda que el orden informativo esta más globalizado que en el pasado, más que cuando Marshall McLuhan acuñó el término de "aldea global" en los 60´s, las particularidades nacionales todavía son muy importantes, Y en ningún momento lo son más que durante las elecciones, que son casi por definición eventos típicamente nacionales.1
Los países con historias recientes de gobierno autoritario ha menudo tienen en común que los medios de comunicación subvencionados públicamente operan bajo estricto control gubernamental. En otros lugares, en la mayoría de los países de Europa occidental, por ejemplo, hay un fuerte historial de que las telecomunicaciones públicas son independientes del gobierno y fomentan el pluralismo. Empero, en los países con una débil cultura de pluralismo político, los periodistas estatales no suelen ser independientes y osados. Esto puede exigir un mayor grado de intervención del órgano regulador para asegurar que cumplan debidamente con sus funciones de servicio público.
Otra circunstancia análoga, en que puede ser necesario que la autoridad reguladora intervenga de manera más sistemática se produce cuando existe una historia "mensajes de odio" e incitación a la violencia por parte de medios partidistas que representan a diferentes partidos políticos o grupos étnicos. En estas circunstancias, la función de la autoridad consiste en garantizar una pluralidad de voces en los medios, no en silenciar a alguien. Puede ser más difícil atender algunas cuestiones prácticas en las democracias emergentes que en las consolidadas.
Por ejemplo, ¿cómo decidir qué tiempo de transmisión gratuita asignarle a cada partido cuando no ha existido ninguna elección democrática previa que permita medir su nivel de respaldo popular? Pero ni siquiera este tipo de dificultades - o diferencias- deben ser sobreestimadas. Muchas democracias desarrolladas -Holanda, Dinamarca o Noruega, por ejemplo- no suelen tomar mucho en cuenta el desempeño electoral previo al momento de distribuir los tiempos de transmisión. Lo hacen sobre la base de igualdad entre los partidos. Por lo que para los administradores de las nuevas democracias enfrentados al reto de diseñar un marco normativo, existen muchos ejemplos de donde escoger.
