La tendencia en años recientes ha estado dirigida a fortalecer el papel y supremacía de la Constitución en la Ley y el Gobierno. Cada vez en mayor medida, nociones como la de "Soberanía del Parlamento" están siendo reemplazadas por la idea de que debe haber una única ley suprema que gobierne a todos por igual. Aún la Gran Bretaña, cuna del concepto de "Soberanía del Parlamento", con su supuesta "Constitución no escrita o de palabra", ha incorporado a la Convención Europea de Derechos Humanos dentro de su ley local como una forma de factura de derechos. Los Estados Unidos, por el contrario, cuenta con una larga tradición en reglas constitucionales. La primera enmienda a la Constitución de este país establecía que "el Congreso no debería elaborar ninguna ley que resumiera la libertad de expresión, o de prensa" en otras palabras la ley suprema está sobre la legislatura.
Más generalmente, las constituciones antiguas que brindan una protección general a la libertad de expresión ahora son entendidas para englobar la libertad de los medios y el derecho a la libertad de información: dos de los aspectos más relevantes donde los medios y las elecciones representan una mayor preocupación.
La Constitución de Sudáfrica (1996) representa algunos de los pensamientos constitucionales modernos más progresivos sobre la libertad de los medios, en su sección 16 sobre la libertad de expresión:
(1) Cualquier persona goza del derecho de libertad de expresión, la cual incluye -
(a) libertad de prensa y de otros medios;
(b) libertad para recibir o compartir información e ideas;
(c) libertad de creación artística, y
(d) libertad académica y libertad de investigación científica; y
(2) el derecho en la subsección (1) no es extendible a-
(a) propaganda con fines bélicos;
(b) incitación a la violencia; o
(c) defensa del odio que esté basado en la raza, etnicidad, género o religión, y que constituya una incitación a causar daño.
La excepción en la sección 16(2) tiene su eco en el Art. 20 del Acuerdo Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
Cuando se introduce una protección constitucional a la libertad de expresión, el gobierno puede conducir y auditar las leyes existentes para determinar su conformidad con la Constitución. Cualquiera que no deba ser rechazada o corregida para que esté hecha de conformidad a la Constitución
No obstante en muchas instancias, como en el caso de las auditorías, no se lleva a cabo. La constitucionalidad de las leyes existentes sólo será puesta a prueba por litigio cuando el gobierno intente aplicar una ley que no esté actualizada. Es en estas circunstancias que la existencia de un órgano judicial independiente que está preparado para hacer respetar la protección constitucional de los derechos cobra especial importancia. Bajo la mayoría de las Constituciones el derecho a la libertad de expresión puede ser suspendido o "derogado" en ciertas circunstancias excepcionales. De conformidad a los estándares internacionales, esto únicamente puede pasar cuando se declara un estado de emergencia. La suspensión de los derechos únicamente se presenta durante el tiempo que dure una amenaza real de emergencia en la nación.
