En su reporte de 1999, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Libertades de Opinión y Expresión se manifestó resueltamente en favor de eximir a los medios de la responsabilidad legal por publicar declaraciones ilegales de políticos en el contexto de las elecciones. El tipo de declaraciones consideradas podría incluir las que fueran difamatorias o incitaran al odio. Esto no significa que no deba haber responsabilidad legal por ese tipo de declaraciones -la persona que las hizo tendría responsabilidad legal-, sino que los medios tendrían libertad de reproducirlas sin tener, por ejemplo, que revisar cada transmisión o publicación electoral de un partido antes de transmitirla. Ver UN Rapporteur on Freedom of Expression: Report 1999.
El Relator Especial estaba ofreciendo una directriz clara en una materia que hasta entonces era poco clara y controversial. Así, por ejemplo, las Autoridades Transicionales de la ONU en Camboya adoptaron, en sus directrices, una opinión totalmente contraria, al asumir que los medios deberían ser legalmente responsables por declaraciones que "incitaran la discriminación, hostilidad o violencia por medio de rencores nacionales, religiosos, raciales o étnicos".27
El Relator Especial reflejaba una tendencia creciente en las cortes y legislaturas nacionales. El parlamento danés aprobó una ley eximiendo a los medios de responsabilidad legal por publicar declaraciones que incitaran al odio racial o nacional, esgrimiendo que los medios mismos no pretenden promover el odio. Esto derivó de la sentencia de un periodista que había sido arrestado y multado por transmitir una entrevista televisiva con los miembros de un grupo racista. El periodista apeló a la Comisión Europea de Derechos Humanos, que determinó que su solicitud era procedente.28
De igual forma, la Corte Constitucional de España determinó que un periódico no podía tener responsabilidad legal por publicar la declaración de una organización terrorista:
[T]anto el derecho del periodista a informar como el de los lectores a recibir información completa y precisa constituyen, en última instancia, una garantía institucional objetiva que efectivamente previene la imputación de cualquier voluntad criminal de parte de aquellos que solo transmiten información.29
Este razonamiento es importante porque enfatiza que el argumento contra la aplicación de la responsabilidad legal a los medios en esos casos tiene que ver básicamente con la protección del derecho del público a recibir información.
Ver Responsabilidad de los Medios de Comunicación sobre Declaraciones Ilegales.
