Los tribunales internacionales -y cada vez más los nacionales también- tienen claro que los políticos y los gobiernos pueden ser sujetos de un mayor grado de críticas e insultos que los individuos ordinarios y que, consecuentemente, la ley les ofrecerá menores protecciones. Esto es, por supuesto, lo opuesto a la situación que con frecuencia ha prevalecido, donde los oficiales de gobierno a menudo invocan cargos como el de difamación criminal contra sus críticos.
Sin embargo, la Corte Europea de Derechos Humanos ha resuelto unánimemente que debido a que "la libertad de debate político constituye el núcleo del concepto de una sociedad democrática (...) los límites aceptables para la crítica son consecuentemente más amplios en lo que concierne tanto a los políticos como tales como a los individuos particulares". Además, "los límites de crítica permisible son más amplios en relación al gobierno que en relación a un ciudadano privado, o incluso que a un político". En esos casos, las sanciones por difamación sólo se aplicarán cuando las acusaciones "carezcan de fundamento o sean formuladas de mala fe". La Corte también sentenció que:
Si bien la libertad de expresión es importante para todos, lo es especialmente para un representante elegido por el pueblo. Él representa a su electorado, llama la atención sobre sus preocupaciones y defiende sus intereses. Consecuentemente, las interferencias con la libertad de opinión de un miembro opositor del Parlamento (...) demandan el escrutinio más cercano por parte de la Corte.31
La legislación civil sobre difamación puede ser legítimamente utilizada para proteger la reputación contra alegatos mal intencionados y maliciosos. Pero las cortes nacionales han resuelto cada vez con mayor frecuencia que el ámbito de la ley sobre difamación debe ser tal que no impida a los medios llevar a cabo sus funciones propias - o sofocar un vigoroso
debate político.
El histórico juicio de la Suprema Corte de Justicia los Estados Unidos en el caso del diario New York Times contra Sullivan (1964), estableció el principio de que debía de haber mayor laxitud para critica a un oficial público, aún al punto de declaraciones inexactas o equivocadas, siempre y cuando no fueran hechas maliciosamente. La Corte destacó que las figuras públicas tenían un acceso mucho más expedito a los medios de comunicación para rebatir declaraciones falsas.
32 En años recientes este enfoque ha sido adoptado, de diferentes formas, en muchos otros lugares, incluyendo el Reino Unido, Australia, Pakistán, India y Zambia.33
