La rendición de cuentas es otro aspecto
importante de la integridad electoral. Las elecciones son, después de todo, el
medio principal por el que los ciudadanos hacen responsables de sus acciones a
sus oficiales elegidos. Por tanto, los administradores electorales y los
políticos deben ser responsables de la calidad del proceso electoral que
administran.
El público merece saber si los fondos
de gobierno se están usando de acuerdo con las leyes y normas, si las agencias
electorales están logrando los resultados esperados, y si están operando
económica y eficientemente. Los administradores electorales deben usar los recursos
públicos para propósitos oficiales y son responsables por el uso de esos
fondos.
Los funcionarios electorales son
igualmente responsables de las decisiones específicas que toman en el
transcurso del proceso electoral, así como de las consecuencias de dichas
decisiones. También son responsables de los detalles de la administración
electoral y del funcionamiento eficiente de todo el proceso electoral. Los
propios administradores electorales deben cumplir con todas las leyes y las
normas, y esforzarse para garantizar que los procedimientos que operan y
supervisan también sean conforme a las regulaciones.
La responsabilidad electoral, a su vez,
depende de la transparencia, entendida como la capacidad de los participantes
en las elecciones de obtener toda la información sobre los procesos electorales
y sobre las decisiones que se tomaron para instaurarlos y sobre su
funcionamiento. La transparencia absoluta también resulta esencial para
preservar la credibilidad en el proceso electoral, y para eliminar toda
confusión, duda o sospecha acerca de sus diversos componentes.
La rendición de cuentas de los
funcionarios generalmente contempla requisitos para que reporten sus acciones
ante las agencias oficiales de fiscalización, las fuentes de financiamiento y
otros grupos interesados. La responsabilidad de la administración electoral
puede garantizarse a través del monitoreo regular y a través de auditorías a
los informes financieros y de rendimiento.
Las actividades de algunos otros que
participan en el proceso electoral de manera no oficial también pueden ser
objeto de revisión. Los partidos políticos, candidatos y sus representantes son
responsables de cómo se conducen durante el proceso electoral. Los observadores
son responsables de cómo observan y reportan las elecciones.
Unos cuantos países les otorgan
inmunidad a los funcionarios públicos o electos. En el caso de los funcionarios
electorales y otros servidores que ejercen funciones relacionadas, no puede
eliminarse la obligación del Estado de establecer las condiciones necesarias
para celebrar elecciones libres y justas, y para dar respuesta y corregir los
abusos. Se debe recordar que el PIDCP señala que las personas cuyos derechos
(incluidos los derechos electorales de acuerdo con el artículo 25) son
violentados “podrá[n] interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación
hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones
oficiales”.[1]
También podría ser recomendable revalorar la
inmunidad de los funcionarios públicos de manera general para asegurar que no entre
en conflicto con su responsabilidad o socave la integridad del proceso
electoral.
[1] PIDCP,
artículo 2.3 (a).
