El concepto de una organización no gubernamental (ONG) – a diferencia de
otros grupos de interés – contempla que deben trabajar para impulsar el interés
público, de forma ética, y no que estén organizadas como empresas con fines
lucrativos. Aunque las ONG no son en lo fundamental lucrativas, no significa
que se les deba prohibir que realicen actividades que produzcan ganancias,
siempre que sean en apoyo de alguien o estén relacionadas con sus objetivos.
A diferencia de otros grupos de interés que no suelen tener un papel
formal en el proceso electoral, las ONG pueden participar como observadores
independientes. Las organizaciones que están registradas para este propósito
suelen ser aquellas en cuyos estatutos se incorporan los derechos humanos, la
democracia y la mejora electoral.[1]
A menudo, las autoridades electorales toman en cuenta, además de sus estatutos,
las actividades previas de las organizaciones en las áreas de los derechos, la
democracia y las elecciones.
Durante las elecciones, los informes de actividades y observaciones de
estas organizaciones ayudan a que el proceso sea más transparente. Las ONG
pueden abonar a la transparencia del financiamiento de campañas, a al
monitorear e informar públicamente sobre las contribuciones y gastos. Pueden llevar
a cabo programas de educación electoral, en ocasiones auxiliados por las
autoridades o con fuentes internaciones de asistencia, y ayudar a distribuir
información electoral. Más allá del proceso electoral en sí, pueden presionar a
los políticos y a los administradores electorales en beneficio de mejores
políticas y legislaciones electorales que protejan los derechos y las libertades
individuales, o para que la legislación sea más efectiva, por ejemplo, sobre el
financiamiento de campañas.
[1] Este es
el caso de varios de los países de los Balcanes, tales como la antigua
República Yugoslava de Macedonia, y Rumania.
