Los organismos encargados de hacer
cumplir la ley disuaden a aquellos que piensan alterar el sistema, e identifican
y castigan a quienes han infringido la ley.
Generalmente, son diferentes los
organismos que comparten las responsabilidades para hacer cumplir la ley,
dependiendo de la naturaleza y severidad de la transgresión. Una entidad de
supervisión puede iniciar una investigación, para posteriormente transferirla a
una entidad de aplicación de la ley. Por ejemplo, los casos penales
descubiertos durante una auditoría rutinaria deben remitirse al sistema
judicial. Si las autoridades encargadas de la persecución del delito deciden
seguir un caso, pueden juzgar y procesar al presunto autor, y los tribunales
deben imponer una sentencia en caso de encontrarlo culpable.
El cumplimiento efectivo de la ley
requiere un sistema legal que funcione y respeto por la ley. Para asegurar la
integridad del sistema de aplicación de la ley, se debe proteger su
independencia. En países donde el sistema judicial penal es inadecuado, se
puede autorizar a un tribunal electoral o entidad similar para hacer cumplir
las leyes electorales. Las siguientes son las principales instituciones que
aplican la ley para mantener la integridad electoral:
Organismos electorales y de vigilancia
A los organismos electorales y de vigilancia
se les pueden otorgar de poderes judiciales. En México, por ejemplo, el
Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación tienen el mandato de vigilar el cumplimiento de la ley electoral, evaluar
las impugnaciones y aplicar sanciones en los casos de errores administrativos.
Los organismos electorales pueden tener
facultades para aplicar la ley, usualmente sobre la base de la presentación de
quejas. Aunque las sanciones impuestas por los organismos electorales suelen
estar limitadas a acciones administrativas (incluyendo las recomendaciones
disciplinarias) o a sanciones civiles menores.
En Sudáfrica, el Oficial Electoral en Jefe puede establecer procedimientos civiles
ante un tribunal, incluyendo la Corte Electoral, para hacer cumplir las
previsiones de la ley electoral.
Organismos reguladores
Los organismos reguladores a menudo
tienen el poder para hacer cumplir sus propias regulaciones, mismas que están
sujetas a los requisitos procedimentales del caso. Los organismos electorales
con facultades regulatorias también pueden sancionar a los individuos que
encuentren culpables de infringir las regulaciones y, dependiendo de las
circunstancias, imponer sanciones administrativas, multas o remitir el
expediente a las autoridades penales para su investigación.
Organismos investigadores
Cada país tiene instituciones y
procedimientos para dar seguimiento a los alegatos sobre irregularidades
electorales u otras conductas criminales. Estos organismos pueden:
- Investigar incidentes y quejas para determinar los
hechos y reunir evidencias contra individuos u organizaciones; e,
- Investigar los hechos encontrados, recapitular las
evidencias recaudadas e informar los resultados de la investigación a los
responsables de su conducción, incluyendo al organismo electoral.
Los organismos administrativos y
judiciales encargados de la persecución del delito utilizan informes de
investigación, evidencias y hallazgos para determinar si se inician los
procedimientos administrativos, civiles o penales en contra de una persona o un
grupo. Esta tarea se puede confiar a un órgano judicial o a un organismo de
investigación electoral especializada. En Canadá, por ejemplo, el Comisionado
de Elecciones Canadá es responsable de dichas investigaciones, mientras que en
Nueva Zelanda es responsabilidad de la policía.
Fuerzas de seguridad
La seguridad electoral es
responsabilidad del gobierno y normalmente es conducida por la policía. Que
ésta sea de buena calidad es esencial para salvaguardar la integridad
electoral, porque garantiza a los electores y candidatos que la campaña se
llevará a cabo en un clima abierto y libre de temor o de intimidación, además
de que puede afianzar la participación electoral y la confianza en la secrecía
del voto. Las funciones centrales de las fuerzas de seguridad durante las
elecciones son:
- Proteger la seguridad física de los individuos, los
sitios de votación y los materiales
involucrados en una elección;
- Investigar los crímenes y, de ser el caso, arrestar
a los sospechosos; y
- Establecer un elemento disuasorio, frente a la
violencia o al fraude como herramientas electorales.
Persecución del delito
La acción judicial frente a una
conducta negativa o ilegal electoral es parte esencial de la aplicación de la
ley. Hace del conocimiento de aquellos interesados en manipular o alterar el
proceso electoral que tal comportamiento no se tolerará y se castigará. Para
mantener la integridad electoral, las autoridades encargadas de la persecución
del delito pueden:
- Iniciar investigaciones (dependiendo del sistema);
- Determinar si las evidencias garantizan un juicio,
y quiénes deben ser enjuiciados;
- Establecer prioridades para ejercer acción penal
sobre los casos pendientes; y
- Enjuiciar a los individuos acusados de haber
infringido las leyes o los reglamentos electorales.
En la mayoría de los países, el fiscal
es un empleado del gobierno o un funcionario elegido. (Si se elige al fiscal, podría
ser inherentemente más susceptible a la opinión pública e incluso al contexto
político de los casos). El fiscal tiene discrecionalidad considerable para
determinar qué casos enjuiciar, de manera que su abuso podría provocar dudas
acerca la integridad del proceso para el cumplimiento de la ley.
Tribunales
El poder judicial debe garantizar que
las leyes se cumplan sobre la base de normas legales imparciales, y no en
función de factores políticos o de otra índole. El rol de los tribunales para
garantizar la integridad electoral varía de acuerdo al sistema electoral de
cada país y al grado de confianza de que goce el sistema judicial. En países
donde hay poca confianza en los organismos electorales o en el sistema judicial
ordinario, podrían establecerse tribunales especializados, como es el caso de
México y Kenia. Esos tribunales especializados pueden jugar un rol activo en la
resolución de controversias electorales que de otra manera las decidiría un
organismo electoral.
En general, para garantizar la
integridad electoral, los tribunales pueden:
- Proveer un foro apolítico para escuchar los casos
sobre infracciones a la ley electoral, ya sea en materia penal o civil.
- Ayudar a resolver controversias electorales a
través de medidas especiales tales como el recuento de votos o la certificación
de resultados.
- Interpretar las leyes electorales e incluso
determinar su constitucionalidad; y,
- Dependiendo de la naturaleza de la transgresión,
determinar la responsabilidad y sentenciar a aquellos que se hayan encontrado
culpables de la infracción penal.
