Proteger la integridad de las evidencias recolectadas es vital para la
aplicación de la ley. Si está en duda la integridad de las evidencias, su uso
en los procedimientos legales podría verse afectado, permitiendo incluso que
una persona culpable eluda su enjuiciamiento.
Los países con una tradición de estado
de derecho tienen un marco de normas y procedimientos que estipulan cómo se
deben recolectar, usar y preservar las evidencias. Y éstas solamente se admite
en los tribunales si se han seguido las normas. Los acusados tienen derechos
procesales, que les proporcionan protección contra la
falsificación de pruebas para manipular el
resultado de una investigación o juicio. Para mantener la integridad
de la aplicación de la ley, es importante que cualquiera que maneje las evidencias
durante una investigación, conozca y siga las normas sobre su admisibilidad.
Incautación legal de evidencias físicas
Para obtener evidencias físicas se
deben seguir procedimientos específicos. El investigador primero debe comunicar
sus derechos al sospechoso. La mayoría de los sistemas legales conceden el
derecho a no incriminarse a los sospechosos; por lo tanto, no están obligados a
proporcionar a los investigadores información o evidencias que se puedan
utilizar en su contra. Si un sospechoso proporciona de manera voluntaria
documentos solicitados o información aunque no se le haya pedido hacerlo, a los
investigadores se les exige que garanticen que el sospechoso firme una declaración
renunciando a este derecho. La exigencia garantiza que los sospechosos
entiendan sus derechos y posteriormente no puedan alegar que fueron privados de
ellos.
Si una persona se niega a proporcionar
información, los investigadores pueden solicitar a un juez una orden de
registro. La orden permite a los investigadores buscar evidencia.
Los documentos obtenidos generalmente
se deben identificar para salvaguardar su integridad. En la mayoría de los
sistemas se emite un recibo oficial al propietario de los documentos; esa
persona también puede tener el derecho de guardar una copia de los papeles
incautados.
Protección de las evidencias
Los procedimientos apropiados para
abordar y almacenar las evidencias pueden contribuir a garantizar que no se
alteren ni se pierdan. A continuación se describen algunos procedimientos
utilizados para protegerlas:
• Identificar la evidencia tan pronto
como sea incautada. A cada pieza de evidencia se le otorga un número de
referencia específico y se describe. También debe indicarse la fecha y hora en
que se incautó cada pieza. Se entrega un recibo a la persona que proporcionó la
evidencia y se guarda una copia en el archivo.
• Sellar en cajas o contenedores los
documentos originales y otras pruebas, y solamente usar fotocopias para la
investigación.
• Mantener un inventario de la
evidencia. El inventario contiene el número de referencia de cada pieza, el
número de la caja en la que se encuentra y la ubicación en donde se almacena la
caja. Las evidencias deben almacenarse en un lugar a prueba de fuego con acceso
limitado y controlado.
• Mantener registros escritos del manejo
y movimiento de las evidencias, y de las personas que han tenido acceso a
ellas. Se debe adjuntar una hoja de control a cada pieza de evidencia, y
cualquier actividad debe ser registrada por la persona a cargo del lugar en
donde se almacena la evidencia. La hoja de control debe mostrar la fecha y la
hora en que se extrajo el material, el nombre de la persona que lo hizo y la
razón por la que lo hizo. La persona a cargo del almacén y la persona que extrae
el material deben firmar la hoja de control.
• Mantener los registros del manejo de
la evidencia independientes del archivo de la queja.
• Devolver la evidencia a sus dueños al
final del proceso. Los propietarios firman un recibo certificando lo que se
devolvió. A ellos se les da una copia del recibo y el original se guarda en el
archivo.
Incautación de documentos electorales
Los documentos electorales comprenden
el registro de electores, las solicitudes de papeletas de votación por
ausencia, los registros del conteo, los protocolos de las tabulaciones o
cualquier otro documento utilizado en una elección. También pueden incluir los
registros administrativos del organismo de gestión electoral, incluidos los
expedientes del personal, los registros de asistencia, las bitácoras de los
vehículos oficiales, los libros de inventario del almacén u otros documentos
utilizados para la administración de las elecciones.
El problema con confiscar los registros
electorales es que por lo general estos se necesitan para llevar a cabo las
elecciones con éxito. Podría haber un conflicto entre la necesidad de recopilar
evidencia y la necesidad de retener estos documentos para poder completar el
proceso electoral con éxito.
En otros casos, los tribunales u otras
instituciones pueden determinar si una denuncia es lo suficientemente grave
como para comprometer todo el proceso electoral. En esos casos, la necesidad de
garantizar la integridad del proceso a través de una investigación inmediata
puede tener prioridad sobre las necesidades electorales inmediatas.
Las elecciones parlamentarias de 2002 en
la ex República Yugoslava de Macedonia – las primeras posteriores a la
relativamente corta pero intensa guerra civil entre las facciones de la etnia Albanesa
y la Macedonia – ocurrieron sin mayores incidentes. (Esto se debió en gran
parte a la adopción de un nuevo sistema de elección – de representación
proporcional regional – el cual disminuyó la rivalidad política entre partidos
representantes de los diversos grupos étnicos). Los resultados de la etnia
Macedonia favorecieron al Partido Social Demócrata (SDSM), y el Primer
Ministro, del partido Nacionalista en el gobierno (VMRO-DPMNE), al inicio
aceptó la derrota del partido. No obstante, poco después el Ministerio del
Interior bajo el mando del ministro Ljube Boskoki,[1]
junto con el círculo cercano al Ministerio, comenzó una serie de
investigaciones que pusieron una notable presión sobre los administradores
electorales y amenazaron la integridad de los materiales electorales.
Con respecto a esto último, la policía
uniformada y no uniformada, algunos de los cuales estaban fuertemente armados,
exigió entrar y registrar la casa impresora de las papeletas
electorales. Varios funcionarios de la VMRO-DPMNE alegaron que se había impreso
más papeletas adicionales, y que otros materiales electorales podían haberse
destruido. Posteriormente siguieron más amenazas e incluso recursos criminales
contra altos funcionarios electorales, incluyendo al Presidente de la Comisión
Estatal Electoral. También se presentaron demandas adicionales por los
documentos electorales, incluyendo las actas de las reuniones de la CEE. Estas
acciones fueron calificadas por los observadores internacionales como un
intento por influir en el proceso electoral a través de la intimidación, y como
un abuso del poder del Estado con fines partidistas.[2]
Los observadores internacionales también las consideraron como violaciones del
Documento de Copenhague de la OSCE/OIDDH, de 1990.[3]
[1] Posterioremente,
el ex ministro Bokoski sería acusado por el Tribunal Penal Internacional de la
ex Yugoslavia de “responsabilidad superior” por crímenes de guerra, pero fue
absuelto. Después sería acusado y condenado por el financiamiento ilegal de la
campaña electoral durante las elecciones parlamentarias de la Antigua República
Yugoslava de Macedonia.
[2] OSCE/OIDDH,
Informe final, Elecciones Parlamentaria, 15 de Septiembre de 2002, Antigua
República Yugoslava de Macedonia (Varsovia, 20 de Noviembre de 2002), pp.
16-18.
[3] Documento
de la Reunión de Copenhague de la Conferencia sobre la Dimensión Humana de la
CSCE. En el párrafo 5.4, los Estados participantes acordaron mantener: “una
clara separación entre el Estado y los partidos políticos; en particular, los
partidos políticos no se fusionarán con el Estado”.
