La impunidad
fomenta un ambiente de comportamiento poco ético, fraude y corrupción. El
procesamiento garantiza que las personas sospechosas de un crimen sean
presentadas ante una corte y sentenciadas, si son encontradas culpables. El
enjuiciamiento que conduce a un castigo hace a los delincuentes más
responsables de sus acciones y sirve como disuasivo para aquellos que han
considerado realizar actos ilegales.
En la
mayoría de los sistemas legales el procesamiento es una cuestión de derecho
penal, el cual regula la conducta de los individuos y define los crímenes y
castigos. Muchos sistemas tratan a las acciones penales como violaciones del
orden público y el gobierno es responsable de enjuiciar estos actos. Para
determinar en donde se debe procesar un caso se toma en cuenta la ley que se
violó y si fue una ley nacional, estatal o local. El tribunal o el órgano
judicial que hará la audiencia y decidirá sobre el caso, debe tener la
autoridad para hacerlo.
La mayoría
de los sistemas del derecho penal reconocen dos tipos de delitos: los graves y los
menores. Los delitos menores son infracciones menores como: una conducta
desordenada, una violación menor al código de ética y el hurto. Usualmente, la
mayoría de los casos de delitos menores involucra una comparecencia ante un
juez en lugar de un juicio, con un castigo que puede ser una multa o una
sentencia de cárcel menor. Los delitos mayores son infracciones serias y
usualmente involucran un arresto y un juicio. (En algunos sistemas existe un
tercer nivel, menos grave, de responsabilidad penal o civil, en ocasiones
denominado como “violación”, para la cual los procedimientos y sanciones están
incluso más limitados).
Integridad en la Administración de Justicia
La integridad
en la administración de justicia es muy importante para todo el sistema
electoral. En este sentido, integridad significa que las leyes son equitativas
y justas, que los procedimientos siguen las normas legales y protegen los
derechos políticos y civiles. Los fiscales, jueces y el jurado no sólo deben
seguir los procedimientos establecidos sino mantener el mayor nivel de
profesionalismo y comportamiento ética. La integridad en la administración de
la justicia asegura que la policía y otras autoridades que aplican la ley no
actúen con fines políticos o personales y que el acusado tenga la oportunidad
de presentar una defensa. Estos principios se establecen en la ley
internacional (el PIDCP),[1] y
se aplican específicamente a las elecciones.[2]
Para salvaguardar
la integridad en el enjuiciamiento y en la administración de la justicia, se
deben cumplir varias condiciones:
Arresto y comparecencia legal
Para que se
sospeche y procese a un sospechoso, generalmente deben existir evidencias
suficientes que vinculen al individuo con el delito. Al menos que la policía
sorprenda a alguien cometiendo un ilícito, un arresto por lo general requiere
de una orden.
En la
mayoría de los sistemas legales, los oficiales encargados de los arrestos leen
los derechos a los acusados y les preguntan si los entienden. Habitualmente, al
acusado se le lleva ante la corte para que se le procese dentro de un plazo
razonable, y se le pueda declarar culpable o inocente. A este proceso se le
llama comparecencia. Las comparecencias rápidas protegen de los arrestos
arbitrarios, las detenciones prolongadas o las tácticas policiales poco éticas.
Por lo
general, el juez o magistrado determinan si es necesario que el acusado
permanezca en custodia hasta el juicio. En varios sistemas legales un acusado
es un presunto inocente hasta que se compruebe lo contrario, pero la presunción
de inocencia no es una norma universal. Al menos que el caso involucre un
delito grave o de violencia, a la mayoría de los acusados se les concede
libertad bajo fianza. Algunos sistemas poseen un mecanismo diferente de
salvaguardia (en ocasiones conocido en “derecho latino” como el procedimiento
de Habeas corpus, o “que tengas tu
cuerpo”) que permite al sospechoso impugnar la legalidad de un arresto o
detención.
Información antes del juicio
Para
garantizar un juicio justo, la mayoría de los sistemas permiten que los
acusados y sus abogados tengan acceso a las evidencias que se usarán en su
contra en la corte. En algunos sistemas, la defensa tiene derecho a acceder a
todas las evidencias recolectadas, sean o no usadas por el fiscal.
Generalmente,
a la defensa no se le permite el acceso: a la identidad de los informantes
confidenciales, la información sobre las técnicas policiales confidenciales, la
información gubernamental clasificada o la información que puede dañar la
investigación si se revela. Todas las demás evidencias comúnmente se encuentran
a disposición de la defensa.
Protección de los testigos
Los derechos
del acusado comúnmente incluyen el derecho a confrontar al acusador en la
corte. Esto significa que los testigos deben comparecer en persona y pueden ser
interrogados en público. En países con una historia de conflictos violentos,
algunos testigos pueden tener miedo a testificar. En estas circunstancias se
les debe proteger.
Los
diferentes sistemas legales ofrecen distintas opciones de protección al
testigo. En los países con recursos limitados o en donde la administración de
la justicia sea endeble, la protección de los testigos puede ser más difícil.
Evitar el juicio por parte de la prensa
Se debe alcanzar un equilibrio delicado entre
el derecho del público a saber y el derecho del acusado a tener un juicio
justo. La mayoría de los países no censuran a la prensa. La cobertura de la
prensa sensacionalista de un delito puede dificultar la conducción de un juicio
imparcial. En los sistemas en donde un jurado determina la responsabilidad
penal, a sus miembros se les puede aislar durante el juicio para protegerlos contra
la influencia.
Juicio justo
En la mayoría de los sistemas judiciales, el
debido proceso requiere que los delitos graves se traten en un tribunal abierto
ante un juez imparcial. En algunos sistemas, puede haber un jurado imparcial
para examinar las pruebas. Usualmente, los acusados tienen derecho a un juicio
rápido y público, conducido en conformidad con los procedimientos judiciales
establecidos. Un juicio público incrementa la confianza pública y protege al
acusado (al público en general) de un sistema de justicia abusivo.
Para un delito penal, la norma para determinar
la culpabilidad suele ser que se le demuestre bajo normas muy altas, tales como
"fuera de toda duda razonable". (Los casos civiles generalmente
utilizan estándares menos estrictos como el “predominio de la evidencia”). La
norma de la evidencia “fuera de toda duda razonable” pretende proteger al
acusado de una condena injusta.
Sentencia
adecuada y derecho de apelación
Al acusado generalmente se le condena a
una sanción penal (como una multa o a prisión) si se le encuentra culpable.
Para ser justos, la sentencia debe concordar con la gravedad del delito.
El derecho de apelación es parte del
equilibrio de poderes dentro del sistema judicial. Este mecanismo protege al
acusado de una sentencia parcial o imperfecta. Los motivos de apelación admisibles
se establecen en el marco jurídico de cada país y en los procedimientos
establecidos por sus tribunales. Una apelación sólo la puede atender un
tribunal autorizado que revise las decisiones de un tribunal inferior. En
algunos países, un tribunal electoral superior dicta la sentencia definitiva en
los casos que involucran violaciones a la ley electoral. En otros países, la
decisión final es tomada por un tribunal constitucional o supremo.
[1] PIDCP,
Art. 2.3 (recurso efectivo y enjuiciamiento) y 14.1 (enjuiciamiento justo y
equitativo), ver: ACNUDH, Observación General N° 31 y 32.
[2] PIDCP,
Art. 25 (elecciones periódicas genuinas, ver ACNUDH, Observación General N°
25).
