Los órganos reguladores de los medios en periodos electorales normalmente hacen alguna distinción entre las obligaciones de aquellos medios que están completa o parcialmente fundados con dinero público y aquellos que son de propiedad privada. Entre los medios privados, con frecuencia se hace una distinción entre los impresos y los electrónicos, ya que a éstos últimos usualmente un organismo público les ha estado otorgando su licencia para transmitir
Lo que queremos indicar, es que los medios de comunicación públicos cubren una amplia variedad de fenómenos distintos: desde aquellos medios cuyo contenido editorial está bajo estricto control gubernamental, hasta los que están financiados con dinero obtenido por impuestos o prestación de licencias con una garantía estatutaria de su total independencia del gobierno actual. Sin embargo, comparten el hecho de que la legislación electoral, con relación a los medios de comunicación, los trata de igual manera - y de muy distinta a los medios privados, los que tienen a su vez distintas obligaciones.
Los medios públicos, en virtud de su fuente de financiamiento, son un recurso para el electorado. Generalmente se acepta que no deben manifestar ningún tipo de inclinación partidista en su cobertura editorial. Este fue el punto de vista exteriorizado por el Vocero Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión, en su informe para el año de 1999, cuando habló de la obligación de los medios propiedad del Estado para dar salida a una gran variedad de opiniones y no servir a un solo partido político en particular. Asimismo, tienen obligaciones particulares para brindar educación cívica, así como proporcionar una plataforma a los distintos partidos políticos. Ver UN Rapporteur on Freedom of Expression: Report 1999.
Este punto es fundamental. El uso de una fuente pública para las campañas políticas partidistas trae consigo una serie de implicaciones legales y éticas en función de si, el recurso es un fondo, un vehículo, un edificio o una estación de radio. A esto se debe que a menudo existan leyes o regulaciones que protegen a los medios públicos en contra de la interferencia gubernamental.
Las obligaciones de los medios privados son un poco más limitadas. La esencia de un contexto de libre accionar para los medios es que a las transmisoras y los periodistas no se les puede decir lo que pueden o no pueden decir o escribir. La mejor garantía de que el amplio espectro de ideas políticas son comunicadas libremente y con precisión es en gran parte entendido por los medios como una libertad para que se les permita hacerlo sin restricción a su trabajo. Sin embargo, esto no significa que los medios privados no tengan obligación alguna. Los estándares periodísticos profesionales demandarán un informe preciso y equilibrado, así como una clara división del hecho y de los comentarios.
Las estaciones de transmisión generalmente cuentan con una licencia otorgada por un organismo público. A menudo, acompañada de términos sobre si se les está permitido o no, apoyar a un partido político específico, que, si hay alguno, la cobertura noticiosa que les está permitido transmitir, así como otras condiciones tales como si cuentan con la responsabilidad, por ejemplo, para transmitir anuncios de servicio público (espacios informativos de educación al votante).
De la misma manera, las leyes o regulaciones generales relacionadas con la publicación de los medios, probablemente aplicará tanto a los medios públicos como a los privados: por ejemplo, disposiciones relacionadas con los periodos de "bloqueo informativo" antes de la votación o la cobertura de las encuestas de opinión. De igual forma, las disposiciones legales como la Ley sobre Difamación -aunque de alguna forma puede modificarse su efecto durante el periodo de campaña - aplicarán de cualquier modo de manera igualitaria tanto a los medios públicos como a los privados.
