La supervisión activa de un proceso
electoral es una forma importante de salvaguardar la integridad. En muchos
sistemas electorales, se autoriza a una autoridad gubernamental a monitorear, o
a supervisar de manera activa, el proceso electoral. Este organismo puede
ubicarse dentro del propio organismo electoral, o en una institución
independiente, tal como la oficina del auditor general, una comisión
independiente o una corte. En Canadá
el Comisionado Federal de Elecciones Canadá tiene esta responsabilidad; en
México el Tribunal Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral tienen
un rol similar.
En ocasiones, los conflictos surgen a
causa de las acciones de funcionarios gubernamentales, como los “ombudsman” o defensores del pueblo, cuya
jurisdicción no es específicamente electoral, sino que investigan y atienden
violaciones a derechos humanos y civiles. El problema es que sus acciones
pueden tender a desacreditar la conducción o los resultados de una elección, en
una forma que no se puede remediar. En Georgia,
tras las elecciones parlamentarias de 2008, la entonces muy respetada
Defensoría del Pueblo buscó que se presentara como evidencia un video que había
sido grabado de manera continua en ciertos sitios de votación (como parte de un
programa piloto en el que insistieron los partidos políticos de oposición).
Para ese momento, el proceso de quejas y apelaciones ya había concluido, y los resultados
finales se habían anunciados. La intención de la Defensoría era determinar si
los totales de votos registrados en esos sitios eran en realidad tan numerosos
como se había reportado. Y aunque las acciones en sí mismas pueden ser loables,
pueden socavar la credibilidad del proceso electoral una vez que ya se han
aceptado los resultados.
Los organismos de supervisión deben
atender los problemas de integridad, potenciales o reales, en todos los
aspectos del proceso electoral, incluyendo:
- La administración y gestión electoral;
- El registro de los electores y los candidatos;
- Las campañas electorales;
- El financiamiento de los candidatos; y
- El proceso de votación y el conteo de votos.
La supervisión del proceso electoral
por parte de estos organismos debe ser habitual, e incluso podrían facultarse
para emprender investigaciones o examinar denuncias formales. Para ser efectivos,
los organismos de supervisión deben tener:
- Libertad para decidir lo que se deber revisar;
- Acceso a la información necesaria para las
revisiones;
- La facultad de publicar sus estudios y
recomendaciones sin censura o interferencia política; y
- Completa independencia, personal e institucional,
sobre el resultado de la supervisión.
Para proteger la integridad electoral, los
organismos de supervisión tienen las siguientes tareas:
Proporcionar supervisión independiente
del proceso electoral
Esto debe hacerse a través de:
- Un monitoreo continuo e imparcial de la
administración electoral para comprobar que se cumplan los objetivos, se
protejan los recursos, se cumplan las leyes y normas, y que existan mecanismos
para resguardar el proceso y sus activos;
- La auditoría regular, independiente y objetiva de
la administración electoral y las operaciones financieras – aunada a auditorías
específicas e investigaciones conducidas conforme sean necesarias para tratar
con las quejas o preocupaciones identificadas durante el monitoreo de rutina; y
- La evaluación independiente del desempeño de la
administración electoral para poder obtener información necesaria para la
transparencia, mejorando la responsabilidad pública y facilitando la toma de
decisiones y de acciones correctivas.
Revisar el cumplimiento de la
legislación y las normas
Los organismos de supervisión pueden:
- revisan las políticas y procedimientos electorales para comprobar
que se dé cumplimiento a los requerimientos legales;
- verifican que la administración electoral cumpla con requerimientos
específicos de desempeño y presentan reportes financieros tal como lo
estipula la ley;
- analizan medidas para promover la rendición de cuentas por parte de
la administración electoral.
En Canadá, por ejemplo, el objetivo del
oficial de supervisión, el Comisionado para las Elecciones en Canadá, es
“asistir en la conservación de la confianza del público en la equidad del
proceso electoral, mediante el cumplimiento de lo estipulado en el Acta [Ley
electoral] y la resolución de infracciones a través de acciones correctivas en
vez de medidas punitivas, cuando sea apropiado, y hacer cumplir el Acta por
medio de requerimientos judiciales o de la autorización de juicios, cuando sea
un asunto de interés público.”[1]
Detectar y prevenir problemas,
incluyendo la corrupción, el abuso de poder y las prácticas discriminatorias
Los organismos de supervisión promueven
el uso efectivo y económico de los recursos y sistemas administrativos; también
buscan detectar y prevenir el derroche, los fraudes y los abusos. Asimismo,
pueden revisar la legislación y las normas, y hacer recomendaciones acerca del
impacto de éstas sobre la economía y la efectividad de la administración y las
operaciones electorales. De igual forma pueden recomendar políticas para
promover la economía, o para detectar y prevenir el fraude y el abuso.
Dependiendo del mandato del organismo, la
supervisión puede tratar asuntos tales como la mala conducta por parte de los
oficiales electorales, la compra de votos, el fraude electoral, la obstrucción
de la justicia y otras ramas de la confianza ciudadana relacionada con las
elecciones.
Promover la transparencia y la
credibilidad del proceso electoral
El acceso público a los resultados de
la supervisión hace que el proceso electoral sea más transparente, y consolida
la credibilidad y legitimidad de los resultados. El público debe ser capaz de
comprobar si las decisiones tomadas por el organismo electoral cumplen con la
legislación y las normas, y desalientan la discriminación, el fraude y el
abuso.
Los reportes de supervisión resaltan
los problemas derivados de los programas y las operaciones, y los colocan en
las prioridades del organismo electoral y los principales administradores
electorales; así como de aquellos con la
necesidad de saberlo (tales como los comités parlamentarios de supervisión, los
legisladores y las oficinas gubernamentales de rendición de cuentas). En países
en transición hacia la democracia, se puede reforzar la confianza en el proceso
y se puede incrementar la participación electoral con la ayuda de supervisar
con un mecanismo neutral y profesional que se haya ganado la confianza de los
partidos políticos y los administradores electorales a través del trabajo
objetivo y profesional.
Garantizar el cumplimiento del marco
legal
Los organismos de supervisión pueden
jugar un rol similar al de aquellos encargados de la aplicación de la ley, si
tienen la facultad para determinar la responsabilidad de las acciones, así como
para imponer medidas punitivas. El poder real de un organismo supervisión para
hacer cumplir la ley depende de su mandato específico, pero puede incluir el
tomar acciones correctivas para el cumplimiento de la ley. Pueden incluir sanciones civiles, tales como
multas o suspensiones a los infractores. En casos serios, el organismo de
supervisión puede recomendar sanciones administrativas (incluidas las disciplinarias)
como el cese del empleo o referir el caso al sistema de justicia criminal.
Monitorear el cumplimiento, incluso con
códigos de conducta
Algunos sistemas electorales incluyen
comités de supervisión que monitorean la conducta de los administradores
electorales y los candidatos. Estos comités o agencias pueden ser organismos de
ciudadanos o una oficina/inspector gubernamental. Ellos monitorean el
cumplimiento de los códigos de ética incluidos en el sistema electoral.
La ciudad de Seattle, Estados Unidos,
por ejemplo, ha creado una Comisión de Elecciones y Ética. Este organismo de
ciudadanos interpreta, administra y hace cumplir el código electoral de
Seattle, el código de ética y otros códigos relacionados. Investiga las quejas
recibidas sobre las trasgresiones al código, y puede resolver una queja
directamente con el empleado o a través de una audiencia pública. La Comisión
puede prever sanciones para cualquier infracción, pero no tiene poderes
disciplinarios. (Únicamente puede recomendar una acción disciplinaria al
empleador, quien puede entonces reportar acerca de la medida adoptada).
[1] Elecciones Canadá,
Commissioner of Canada Elections, Investigators'
Manual, 2004, p. 5.
