Investigar
la corrupción electoral no es una tarea fácil. Los casos pueden estar muy
politizados y pueden implicar a políticos reconocidos; y en ocasiones la
investigación puede resultar peligrosa. El acceso a los testigos y sospechosos
puede ser difícil; algunos documentos pueden desaparecer; o la investigación
debe centrarse en un funcionario de alto nivel u otra figura poderosa.
Las
dificultades varían dependiendo del contexto social y político de cada país,
pero generalmente incluyen interferencia política, amenazas a la seguridad
física o falta de infraestructura legal y judicial adecuada.
Interferencia política
Las
investigaciones sobre el fraude electoral pueden implicar a personas muy
poderosas que buscan protección a través de la interferencia política. Esto
puede tomar la forma de amenazas contra los investigadores o fiscales para
disuadirlos de continuar con sus investigaciones. Las amenazas comprenden
transferir a los investigadores o fiscales a otro puesto; negarles un ascenso
profesional o incluso despedirlos de sus trabajos; transferir la investigación
a otro organismo; reducir los recursos gubernamentales proporcionados a la
agencia que lleva a cabo la investigación o enjuiciamiento; y presionar a otros
organismos para que no cooperen con el investigador o el fiscal.
La
supervisión adecuada de la aplicación de la ley y un proceso de aplicación
transparente pueden ayudar a minimizar el riesgo de interferencia política.
Falta de infraestructura legal
y judicial
Los
países en transición pueden no tener la infraestructura legal y judicial
necesaria para emprender una investigación sobre corrupción política. Puede
haber vacíos legislativos, que impiden que los investigadores o los fiscales demuestren
que se ha violado una ley a pesar de que es evidente que se ha producido una
conducta indebida. Es posible que no tengan los medios para llevar a cabo una
investigación adecuada debido a la falta de personal, recursos o capacidades
institucionales. El sistema penal puede no ser capaz de mantener al sospechoso
bajo custodia hasta el juicio. El sistema judicial puede llegar a ser incapaz
de garantizar un juicio expedito e imparcial.
Por
ejemplo, en las elecciones camboyanas de 1998, el Comité Nacional de Elecciones
no tuvo éxito en sus esfuerzos por abordar la violencia y las violaciones a la
ley electoral. Debido a que el Comité no tenía poderes para hacer cumplir la
ley, los casos se remitieron a las autoridades gubernamentales, pero ninguno se
procesó. Esto no es de sorprender dado el sistema jurídico endeble, que previamente
había demostrado ser incapaz de manejar los casos de derechos humanos de manera
efectiva.[1]
Construir
un sistema judicial nacional eficaz y la infraestructura que lo acompaña es un
proceso a largo plazo. Las autoridades electorales pueden comenzar por velar
para que su legislación electoral y las relacionadas con ella, establezcan una
base sólida para elecciones libres, justas y competitivas. En particular, las
leyes deben contener disposiciones adecuadas para su cumplimiento. En algunos
países en transición, donde no hay antecedentes de un poder judicial
independiente, la única manera de compensar los vacíos en el sistema jurídico
puede ser estableciendo una comisión electoral con amplias facultades del tipo
que normalmente ejercen las instituciones judiciales.
Cultura de la impunidad
Una
cultura de impunidad puede ejercer dominio en los países que se encuentran en
transición o emerjan de conflictos violentos. Esta cultura echa raíces
especialmente cuando el sistema de aplicación de la ley es débil o inoperante,
cuando las personas que carecen de poder o influencia son arrestadas y acusadas
mientras los ricos, poderosos y bien relacionados salen impunes, y cuando los
funcionarios gozan de amplia inmunidad legal.
Una
cultura de impunidad genera corrupción y prácticas poco éticas. La falta de
aplicación de la ley debilita la integridad del sistema y del estado de derecho.
Romper este ciclo es extremadamente difícil, requiere de una sociedad civil tenaz
y de una voluntad política voluntad.
Seguridad personal
En
una cultura de impunidad sin un sistema judicial fuerte, los investigadores
honestos que averiguan la corrupción y las actividades criminales pueden convertirse
en blanco de represalias, intimidaciones e incluso violencia. Proteger a los
investigadores requiere no sólo del apoyo de la sociedad civil, sino también de
la atención internacional.[2] Los mecanismos de
seguridad, como las misiones de observación internacional de los derechos
humanos respaldadas por las Naciones Unidas, pueden brindar apoyo temporal,
pero en última instancia el cambio real debe venir desde adentro.
[1] Neou, Kassie and Gallup, Jeffrey C., “Conducting Cambodia’s
Elections,” Journal of Democracy,
10(2), 1999, p. 157.
[2] Ver, Asamblea
General de las Naciones Unidas, “Declaración sobre el derecho y deber de los
individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos
humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, Res. 53/144
(8 de Marzo de 1999), A/RES/53/144; esta resolución adoptó formalmente la
mencionada Declaración, la cual se conoce comúnmente como “Declaración sobre
los defensores de los derechos humanos”.
